Vimos los cierres de campaña en Soledad (Atlántico) y en Buga (Valle) con sus manifiestas y sustantivas diferencias. Mientras Iván Cepeda como fue su costumbre a lo largo de la campaña se rodeó de organizaciones sociales y sectores populares, sin artilugios efectistas y con gran austeridad, Abelardo de la Espriella, montó un espectáculo más parecido a un concierto fastuoso, con luces, fuegos pirotécnicos, brincos y frases altisonantes. Un verdadero contraste que manifiesta cuales son los proyectos políticos enfrentados.

Se escuchan voces manifestando que Colombia repite la encrucijada del plebiscito de 2016 por la paz. El proyecto de Abelardo de la Espriella propone regresar a la guerra. Anuncia que volverán los bombardeos, regresará la fumigación con glifosato y la persecución a los campesinos en los territorios donde se siembra la coca. Además, eliminará la ANT que ha venido entregando la tierra a los campesinos como institución para la implementación de la reforma agraria.

Por el contrario, la propuesta de Iván Cepeda, se la juega por la vida. Se compromete a avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno en 2016. Profundizar la reforma agraria, siguiendo la senda del presidente Petro de entregarle la tierra a los campesinos. Mantener la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Desarrollar una intervención integral en los territorios cocaleros y mantener una política de defensa de los derechos humanos como lo evidencia su trayectoria política.

La campaña de Abelardo de la Espriella en muchas regiones del país ha tenido unos niveles de agresividad peligrosa, fruto de su mensaje de erradicación de la gente con la que él no está de acuerdo. Decir que destripará a todo el que no sea de izquierda es una expresión fascista y eso hay que expresarlo con claridad. El fascismo se caracteriza por el culto al líder, intolerancia al disenso, persecución del adversario, desprecio por las instituciones democráticas, exaltación de la violencia política.Una cosa es defender una propuesta política que llama a desaparecer al diferente, perseguir a las minorías y odiar al que no piense como ellos como expresión de organización de la sociedad y otra muy distinta es llamar a un gran diálogo nacional con todos los sectores sociales y políticos.

Al señor Abelardo de la Espriella todos los días le explota un escándalo. Mientras escribo este texto sale la noticia en una destacada revista señalando que su campaña registró pagos por 1.299 millones a una empresa fantasma, cuyo representante legal es un estudiante universitario registrado en el Sisben y que en la dirección registrada vende papas y yucas congeladas. Surgen innumerables preguntas: ¿Qué otras empresas de dudoso propósito se han utilizado? ¿Quién financió los 38.628 millones que destinó a su campaña en la primera vuelta? ¿De dónde sale tanto dinero para sus eventos faraónicos y su puesta en escena ostentosa y caricaturesca? ¿Cuánto ha invertido realmente en esta segunda vuelta? ¿Superó los topes electorales? ¿Investigará rigurosamente el CNE?

Es incierto aún, si seguirá teniendo un efecto teflón el candidato de la Espriella ante tanto señalamiento o si por el contrario su aspiración por el bien del país y del estado social de derecho se empieza a derrumbar y la opción por la vida digna de todos y todas en este país se consolida y surge victoriosa el próximo domingo.

A estas alturas del partido no hay lugar para posturas ambiguas, mi opción es por la vida.

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Todas estas lecturas y muchas más sirven a los analistas pero a las campañas les preocupa ahora lo que viene hacia la contienda electoral del próximo 21 de junio. Lo que hemos visto en estos días es que Abelardo de la Espriella ha estado casi desaparecido y en su lugar han venido posicionando a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, quien ahora lo venden en los medios corporativos como experto en todos los temas humanos y del más allá.

El tigre de la Espriella ha pasado a un lugar más oculto en la campaña como el resultado de sus anuncios altisonantes e irrealizables. Ha dicho una sarta de barbaridades que le empiezan a mermar votos: 1) Dolarizar la economía, 2) Hacer fracking en todas partes, 3) Recortar en un 40% el gasto público eliminando y fusionando más de 100 instituciones del estado, 4) Construcción de megacárceles, aumento de penas y mayor represión, 5) Fumigación con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos sin detenerse a pensar en sus efectos sobre la salud y los ecosistemas, 6) Eliminación de la JEP afectando los mecanismos de verdad, justicia y reparación para la víctimas, entre otros.

Su campaña sabe que por su temperamento impulsivo puede seguir cometiendo errores que crecen a su adversario. Muchos empleados públicos sienten miedo del recorte propuesto a las instituciones y no votarán por el. Los jóvenes de las universidades públicas han hecho gigantescas movilizaciones rechazando la propuesta del candidato amenazando acabar la educación pública y se activan para conseguir primivotantes para frenar el paso de una opción política de esta naturaleza.

Los campesinos beneficiarios de la reforma agraria, los indígenas y afrodescendientes saben que con de la Espriella retrocederían y en sus territorios se agudizaría el conflicto social y armado. Anhelan avanzar en la solución a sus problemas y necesidades y no que solamente se militaricen los campos agudizando la confrontación bélica.

Las mujeres se han levantado igualmente rechazando a este candidato misógino, machista y patriarcal. Muchas organizaciones y mujeres independientes no quieren un gobierno con este tipo de personas que no dudan en menospreciar e irresperlas en plena campaña electoral aún necesitando de sus votos.

Muchos sectores del centro del espectro político se deslizan hacia la campaña de Cepeda porque como dijera Sergio Fajardo en alguna de sus intervenciones: “Abelardo de la Espriella tiene un comportamiento atarbán. Es un tipo machista, vulgar que no puede ser presidente de Colombia”.

Algunos siguen deshojando margaritas sobre qué hacer y cómo votar el 21 de junio. Han hecho pública su postura ambigua y enfatizan en que el voto en blanco siendo una opción no sería la mejor decisión. Este grupo de electores es fundamental para inclinar la balanza para uno u otro lado.

Quedan pocos días para la contienda y siguen sucediendo hechos, por ejemplo en Perú acaba de darse una remontada del candidato progresista sobre Keiko Fujimori la candidata de la derecha, poniendo de presente que la segunda vuelta es otra campaña y otra cosa distinta a lo que ya pasó.

En Colombia se tensan las fuerzas progresistas y se mueven las placas tectónicas para generar una gran ola, una gran franja amarilla que junte las más diversas vertientes sociales, de pensamientos y sentimientos para revertir un resultado que amenaza con traer una época oscura para el país con retroceso en lo social, exacerbación de la violencia política y desencanto en los corazones esperanzados en que podamos vivir en un mejor país.

Todavía hay tiempo. Millones de colombianos pueden sumarse a una visión de país centrada en la vida, la esperanza y el bienestar colectivo. La invitación es a continuar dialogando, convenciendo y construyendo, desde la participación democrática, un futuro que responda a los sueños y aspiraciones de una nación más justa y en paz.

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En esta segunda vuelta se enfrentan dos visiones profundamente diferentes de Colombia. De un lado, Iván Cepeda representa una propuesta progresista que pone el énfasis en la defensa de los derechos humanos, la protección de la vida, la ampliación de derechos sociales y la búsqueda de soluciones dialogadas a los conflictos nacionales. Del otro, Abelardo de la Espriella encarna una propuesta fascista que plantea revertir las transformaciones impulsadas en los últimos años por el gobierno del presidente Petro y que apuesta por una visión distinta del papel del Estado y de la economía.

La trayectoria pública de Iván Cepeda ha estado ligada durante décadas a la defensa de las víctimas, los derechos humanos y la construcción de memoria histórica. Incluso sus adversarios reconocen la coherencia con la que ha sostenido esas banderas a lo largo de su vida política. Su discurso gira alrededor de la inclusión social, la justicia y la búsqueda de una sociedad menos desigual.

Abelardo de la Espriella, por su parte, ha desarrollado una cuestionada carrera como abogado penalista, representando paramilitares, narcotraficantes y a Alex Saab que desangró las finanzas de los venezolanos pobres. Sus partidarios se dejan deslumbrar por sus gritos altisonantes y sus shows en las tarimas. Esa diferencia en las trayectorias ayuda a entender también las distintas maneras en que ambos se acercan a la política.

Otro de los grandes contrastes está en la visión ambiental. Iván Cepeda ha defendido una transición energética gradual, la protección de los ecosistemas estratégicos y una política de desarrollo compatible con la sostenibilidad ambiental. En temas como el fracking, su posición ha sido de rechazo, argumentando los riesgos que esta técnica puede representar para las fuentes hídricas y los territorios.

Abelardo de la Espriella ha expresado una postura favorable depredación de la naturaleza (fracking, explotación del carbón y acabar con los páramos) como mecanismo para impulsar el crecimiento económico y fortalecer las finanzas públicas. Allí aparece una diferencia fundamental entre quienes priorizan la protección ambiental y quienes consideran que el desarrollo económico justifica destruir la naturaleza y la vida.

También existe una distancia significativa respecto a las reformas sociales. Cepeda plantea la necesidad de consolidar avances en materia laboral, pensional, educativa y de acceso a derechos para los sectores históricamente excluidos. Considera que el Estado debe desempeñar un papel activo en la reducción de las desigualdades.

En contraste, De la Espriella propone disminuir el salario vital, acabar con lo avanzado en materia pensional para los abuelos, defender a ultranza a los empresarios, seguir inyectando billones de pesos a las EPS, afectar la educación pública gratuita, entre otras. Son dos formas distintas de entender cómo debe organizarse la sociedad colombiana.

Las diferencias también se reflejan en los estilos de liderazgo. Iván Cepeda suele proyectar una imagen serena, argumentativa y dialogante. Sus intervenciones públicas acostumbran privilegiar la reflexión y el debate de ideas. Abelardo de la Espriella, en cambio, se caracteriza por un estilo confrontacional, grosero y agresivo, que genera preocupación por la polarización que puede producir y la violencia que esto puede engendrar.

En la relación con la prensa también se observan matices importantes. Cepeda ha mantenido históricamente una disposición al debate público, incluso frente a medios críticos. De la Espriella ha protagonizado diversos enfrentamientos con periodistas y medios de comunicación, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre su relación con la crítica y el escrutinio público.

En definitiva, esta elección no enfrenta simplemente a dos candidatos. Enfrenta dos concepciones de país. Una apuesta por profundizar políticas de inclusión social, protección ambiental y ampliación de derechos. La otra, arrasar con las conquistas sociales y avanzar hacia un modelo neoliberal en favor de unas minorías privilegiadas.

Por eso conviene recordar algo elemental: una campaña presidencial no es un concierto, un espectáculo ni una competencia de frases estridentes. Es un ejercicio democrático mediante el cual los ciudadanos evalúan propuestas para organizar la sociedad y construir el futuro de la nación.

Los colombianos no deberíamos dejarnos deslumbrar únicamente por las luces, los escenarios o los discursos cargados de emoción. Lo verdaderamente importante es analizar qué proyecto político ofrece mayores garantías para la vida, la convivencia democrática, el respeto por las diferencias y la preservación de las conquistas sociales que el país ha alcanzado.

Ese es el contraste que hoy está en juego por eso mi opción es por la vida y por Iván Cepeda.

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Un candidato utiliza las redes para venderse como el outsider que salvará a Colombia, a pesar de los señalamientos que lo vinculan con la defensa de mafiosos y corruptos, y de haber sido abogado de Alex Saab, recientemente extraditado desde Venezuela a los Estados Unidos.

Dice “conectar con la gente” y luchar contra la casta, mientras por la puerta de atrás deja entrar a políticos cuestionados de distintas regiones. Se presenta como el representante de “los nunca”, alguien ajeno a los privilegios del Estado, mientras investigaciones periodísticas muestran contratos por miles de millones de pesos. El campeón de la incoherencia, aunque pose precisamente de lo contrario.

Su campaña privilegia más el espectáculo que las propuestas. Luces, bailarines, fuegos artificiales y cantantes vallenatos buscan deslumbrar al elector. Quiere vender la idea de que cualquiera puede llegar a la presidencia, mientras su campaña derrocha recursos, se moviliza en helicóptero y convierte cada aparición pública en un show cargado de espectacularidad y vacuidad.

Es agresivo con la prensa, señalado además de misógino y acosador. Incluso llegó a presumir del tamaño de su miembro viril frente a una periodista, en una actitud irrespetuosa y lamentable. Quiere emular a Milei, Trump y Bukele. Formula iniciativas irrealizables y amenaza con “destripar” a la izquierda, a la que considera su enemiga.

Otra candidata reconoce abiertamente ser la candidata de Uribe, con todo lo que ello implica. Habla de defender la democracia y la Constitución frente a la supuesta amenaza de la izquierda. Aunque ganó la consulta de sectores de centro derecha, no parece tener la fortaleza esperada y su candidatura naufraga lentamente. Rodeada de los partidos tradicionales, observa cómo muchos políticos se deslizan hacia quien representa la extrema derecha.

Está también el candidato puntero en todas las encuestas. Filósofo y defensor de los derechos humanos, hijo de una víctima del genocidio contra la Unión Patriótica. Su campaña se desarrolló principalmente en la plaza pública, movilizando cientos de miles de seguidores. Es reposado, analítico y no intenta posar falsamente de lo que no es. Su mensaje ha sido claro: profundizar los logros del proyecto progresista, reconociendo también los errores cometidos por el gobierno.

Algunos lo califican de aburrido y de ser el “anticandidato” por leer sus discursos. Él reivindica esta manera de presentar sus propuestas porque considera que así el elector sabe realmente por qué va a votar. Lo indiscutible es que, siendo como es, llenó plazas y despertó un fervor similar al del presidente Petro.

En las pocas entrevistas concedidas quedó en evidencia su talante y estatura intelectual. Su manera tranquila de responder y, sobre todo, lo que representa y defiende. Sin ambigüedades afirma que gobernará para los pobres y excluidos y que promoverá un gran acuerdo nacional sin exclusiones.

Quedan pocos días para que el elector indeciso tome una decisión. Más allá de la campaña descarada de buena parte de la gran prensa en favor de las opciones de derecha, Colombia decidirá, ojalá sin fraude alguno, qué camino quiere seguir. Veremos si el país avanza en la profundización de un mandato orientado a las grandes mayorías excluidas o si, encandilado por los focos del espectáculo, termina optando por una alternativa que represente un retroceso frente a los logros impulsados por el progresismo.

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Este debate, lejos de ser anacrónico, resulta hoy profundamente actual. En el tramo final de la campaña presidencial colombiana, marcada por una fuerte polarización, hemos visto escenas preocupantes en distintas regiones del país: actividades proselitistas del candidato que lidera las encuestas han sido agredidas verbal y físicamente por ciudadanos pertenecientes, en muchos casos, a sectores populares y empobrecidos.

La paradoja es evidente. Personas que padecen las desigualdades estructurales del país terminan defendiendo propuestas políticas que históricamente han favorecido a las élites económicas y que, en muchos casos, se oponen a reformas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

Vale la pena preguntarse: ¿por qué un campesino pobre, un vendedor ambulante, un trabajador informal o un pequeño contratista del Estado respaldaría proyectos políticos que rechazan la reforma agraria, cuestionan los derechos laborales o se oponen al fortalecimiento de las políticas sociales? ¿Por qué alguien afectado por la desigualdad termina defendiendo modelos que perpetúan esa misma exclusión?

La sociología contemporánea ha estudiado este fenómeno en distintos países y algunos autores lo han denominado “los pobres de derecha”. Se trata de sectores populares que terminan identificándose con intereses ajenos a los suyos, muchas veces influenciados por narrativas mediáticas y culturales promovidas por grandes grupos económicos y políticos.

Los pobres de derecha suelen sentirse parte simbólica de un club al que nunca serán invitados. Aspiran a parecerse a quienes los desprecian o los consideran inferiores. Se identifican emocionalmente con discursos de éxito individual, riqueza y poder, aunque sus propias condiciones materiales contradigan esas aspiraciones.

Muchos analistas consideran este fenómeno como uno de los grandes triunfos culturales del capitalismo contemporáneo: lograr que sectores excluidos se opongan a políticas que podrían beneficiarlos y, al mismo tiempo, defiendan medidas que profundizan las brechas sociales.

Durante esta campaña han circulado imágenes y declaraciones reveladoras. Personas de origen humilde descalifican a otros pobres calificándolos de “zánganos” o acusándolos de querer “todo regalado”, mientras respaldan discursos autoritarios o políticas económicas que terminan afectando directamente sus propios intereses.

La fascinación por ciertos liderazgos también hace parte de esta lógica. Algunos candidatos construyen su imagen alrededor del lujo, la ostentación y las promesas de éxito individual. Muchos ciudadanos terminan proyectando en ellos sus propias aspiraciones frustradas, aunque esos liderazgos difícilmente representen sus necesidades reales.

Lo ocurrido recientemente en Argentina es observado por algunos sectores como una advertencia. Un discurso que prometía luchar contra “la casta” terminó aplicando políticas que han deteriorado las condiciones de vida de amplios sectores populares y profundizado la incertidumbre social.

En una antigua reunión comunitaria escuché una frase que resume crudamente esta realidad: “el peor enemigo de un pobre es otro pobre; los ricos, en cambio, se unen rápidamente cuando sienten amenazados sus privilegios”. Más allá de la exageración que pueda contener, la frase refleja una dinámica frecuente en nuestras sociedades profundamente desiguales.

Lo que está en juego en esta elección presidencial trasciende la disputa entre candidatos. Se enfrentan visiones distintas de país: una que apuesta por reformas sociales orientadas a reducir desigualdades históricas y otra que privilegia la defensa del modelo económico tradicional y los intereses de las élites.

Estamos ante un momento decisivo para Colombia y para América Latina. El país deberá definir si avanza hacia una agenda de transformaciones sociales o si, por el contrario, gira hacia posiciones contrarreformistas y autoritarias, apoyadas incluso por sectores populares que terminan votando contra sus propios intereses.

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Un debate presidencial no debería convertirse en una arena de agravios personales ni en un show decadente diseñado para obtener clics, audiencia o viralidad. Los ciudadanos merecen algo mejor. Merecen escenarios donde los candidatos expliquen cómo piensan organizar la sociedad colombiana, cómo enfrentarán la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, el desempleo y los enormes desafíos sociales y ambientales del país.

La esencia de un debate es precisamente el contraste de ideas. Allí se deben evidenciar las diferencias entre quienes defienden un modelo excluyente pensado para beneficiar a minorías privilegiadas y quienes proponen profundizar reformas sociales orientadas a las grandes mayorías. Ese contraste es saludable y fortalece la democracia.

Pero para que ello ocurra, los debates deben tener reglas claras y garantías de imparcialidad. No es posible aceptar entrevistas o encuentros donde el moderador actúe más como contradictor político que como periodista. Cuando los sesgos ideológicos y políticos se hacen evidentes en el tono de las preguntas, en la forma de formularlas o en la intención de provocar al entrevistado, el ejercicio pierde legitimidad y termina degradándose.

Peor aún resulta la banalización de la política mediante formatos caricaturescos donde se reemplaza la deliberación seria por montajes, espectáculos mediáticos o debates sin candidatos apoyados en herramientas de inteligencia artificial. La democracia no puede reducirse a un circo digital ni a estrategias de entretenimiento político. Colombia enfrenta problemas demasiado profundos para convertir las campañas en una competencia de ocurrencias.

Por eso es entendible que algunos candidatos decidan no prestarse para encerronas mediáticas ni para escenarios donde ciertos seudoperiodistas parecen actuar con agendas previamente definidas. Un candidato presidencial no está obligado a convertirse en payaso de programas diseñados para humillarlo o provocar reacciones emocionales. La política debe recuperar dignidad y altura.

Sin embargo, también es cierto que la democracia se fortalece cuando los candidatos dan la cara ante la ciudadanía. Los eventos públicos, los debates equilibrados y los espacios abiertos permiten conocer el carácter, la visión y la capacidad de liderazgo de quienes aspiran a gobernar el país. Allí es donde el pueblo puede discernir con mayor claridad cuál propuesta representa mejor sus intereses y aspiraciones.

Quedan pocos días y seguramente arreciarán los ataques contra el candidato que hoy lidera las encuestas. Es apenas previsible en una contienda donde muchos sectores sienten amenazados sus privilegios históricos. Frente a ello, el camino más inteligente parece ser mantener la serenidad, evitar los agravios y continuar hablándole al país con un tono claro, sencillo y respetuoso.

La ciudadanía está cansada del odio y de la política basada en el miedo. Colombia necesita madurez democrática, pedagogía política y más participación consciente. Es necesario seguir politizando a la sociedad, no para dividirla, sino para fortalecer su capacidad crítica y su comprensión de los grandes debates nacionales.

El país merece un gobernante que profundice las reformas sociales iniciadas en los últimos años y avance hacia una democracia más incluyente, participativa y orientada al bienestar de las grandes mayorías. Esa discusión debe darse con argumentos, no con insultos; con ideas, no con espectáculos.

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De confirmarse ese desenlace, el país no solo evitaría la prolongación de la incertidumbre política, sino que también se ahorraría cuantiosos recursos económicos y sociales. Una segunda vuelta implica costos logísticos millonarios, despliegues institucionales adicionales y, sobre todo, semanas extra de polarización que suelen traducirse en tensiones innecesarias entre ciudadanos. Ganar en primera vuelta, más allá de ser una ventaja política, representaría un alivio para una nación que necesita concentrar sus energías en resolver problemas urgentes y no en prolongar disputas electorales.

Sin embargo, este cierre de campaña también ha evidenciado un fenómeno preocupante: el incremento de la pugnacidad en el debate público. Algunos sectores, ante la inminencia de un resultado adverso, han optado por elevar el tono de la confrontación, recurriendo a descalificaciones que cruzan la delgada línea entre la crítica legítima y la injuria. Calificar al candidato puntero como heredero de grupos armados ilegales no solo es una acusación grave, sino profundamente irresponsable si carece de sustento. Este tipo de afirmaciones no enriquecen el debate democrático; por el contrario, lo degradan y erosionan la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Colombia no puede darse el lujo de convertir la diferencia política en enemistad irreconciliable. La historia reciente nos ha mostrado los costos de la estigmatización y del lenguaje incendiario. En momentos como este, cuando el país se acerca a una decisión trascendental, es imprescindible hacer un llamado a la sindéresis, esa virtud tan escasa pero tan necesaria que nos permite juzgar con equilibrio, prudencia y sentido común.

La ciudadanía merece un debate de ideas, no una guerra de etiquetas. Merece propuestas claras, visiones de país contrastadas y argumentos sólidos que permitan tomar decisiones informadas. La democracia no se fortalece con el miedo ni con la descalificación, sino con la deliberación respetuosa y la capacidad de reconocer al otro como un interlocutor válido, incluso en la diferencia.

De cara a la jornada del próximo 31 de mayo, el llamado es a la calma, a la responsabilidad y al respeto. Colombia necesita un clima electoral sereno, donde cada voto pueda ejercerse en libertad y sin presiones, y donde los resultados sean aceptados con madurez democrática. Solo así podremos avanzar hacia la construcción de un país más cohesionado.

El reto del próximo presidente —quienquiera que sea— será monumental. Reconducir la nación por las sendas de la convivencia y la reconciliación no es una tarea menor, pero sí es una necesidad impostergable. Para lograrlo, se requerirá no solo liderazgo político, sino también una ciudadanía dispuesta a superar la lógica del enfrentamiento permanente.

Estamos, sin duda, en la recta final. Pero también estamos ante la oportunidad de demostrar que Colombia puede elegir en paz, debatir con altura y proyectarse hacia un futuro donde las diferencias no nos dividan, sino que nos enriquezcan como sociedad.

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El propósito es evidente: generar terror y amedrentar a la ciudadanía. Se pretende instalar la zozobra y el caos en un momento cercano a las elecciones presidenciales, para que la seguridad vuelva a ocupar el centro del debate público. El Ejército atribuyó los ataques a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las antiguas FARC dirigida por alias Iván Mordisco. Más allá de la autoría específica, lo cierto es que estas acciones buscan incidir en el clima político y emocional del país.

No es la primera vez que la violencia se intensifica en épocas electorales. Con preocupante frecuencia, los grupos armados ilegales elevan sus acciones para crear un ambiente de miedo que influya en la opinión pública. El cálculo parece claro: provocar que la población reclame respuestas de mano dura y que el debate se reduzca a la seguridad como único eje de decisión. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿a quién beneficia este accionar? Es razonable pensar que favorece a quienes obtienen réditos electorales al alinearse con salidas exclusivamente militares, en detrimento de quienes insisten en mantener abiertas las alternativas de paz.

Sin embargo, el estruendo de los cilindros bomba no debería hacernos olvidar que el país enfrenta desafíos mucho más amplios. Colombia necesita debatir sobre el modelo de desarrollo, la reducción de la desigualdad, la generación de empleo, la reforma rural, el acceso a la salud, la educación y la protección ambiental. Limitar la discusión electoral a la seguridad significa empobrecer la democracia y postergar los problemas estructurales que afectan a millones de ciudadanos.

Los candidatos deben presentar propuestas integrales que respondan a estas realidades. La discusión no puede quedar atrapada en el miedo. El país requiere claridad sobre las reformas sociales que se proponen, sobre los intereses que representan las distintas opciones políticas y sobre el tipo de sociedad que se quiere construir. En ese sentido, la violencia no puede convertirse en el argumento que silencie los demás debates ni en la excusa para evitar las discusiones de fondo.

También resulta preocupante el uso oportunista de los atentados por parte de algunos sectores políticos. El dolor de las víctimas no puede transformarse en instrumento de campaña. La tragedia exige solidaridad, acompañamiento y respeto. Convertir el sufrimiento en propaganda solo profundiza la polarización y deteriora la confianza ciudadana en la política.

Colombia necesita, por el contrario, reafirmar su compromiso con la convivencia y la reconciliación. Eso implica no renunciar al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para proteger a la población y enfrentar a quienes recurren al terror, pero también exige mantener abiertas las puertas a soluciones políticas que permitan cerrar definitivamente los ciclos de violencia. La seguridad es necesaria, pero no suficiente; debe ir acompañada de justicia social, oportunidades y construcción de paz.

El ruido de las bombas busca aturdir al país y reducir la discusión a la lógica del miedo. No podemos permitirlo. La decisión que está en juego es más profunda: avanzar hacia un país que amplíe derechos y reduzca exclusiones, o retroceder hacia un modelo donde la seguridad sea el único horizonte. En medio del estruendo, la democracia colombiana debe demostrar que es capaz de pensar con serenidad y elegir con responsabilidad.

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La estrategia es clara: convertir una política técnica y de Estado en un arma electoral. Se exageran sus efectos, se difunden temores infundados y se presenta como una amenaza para los propietarios rurales. Pero detrás del ruido político conviene recordar de qué estamos hablando. El catastro multipropósito busca algo elemental: medir bien los predios, actualizar los avalúos, identificar a los propietarios reales, formalizar la tierra informal y apoyar la planificación rural. En otras palabras, ordenar el territorio.

No se trata de una iniciativa improvisada ni de una ocurrencia del gobierno actual. El catastro multipropósito surge como política de Estado desde 2016 y fue incorporado en el Acuerdo de Paz como una herramienta fundamental para la reforma rural. Su lógica es sencilla: no es posible planificar el desarrollo del campo si no sabemos quién tiene la tierra, cuánto mide, cómo se usa y cuánto vale. La ausencia de esta información ha sido históricamente uno de los factores que profundizan la desigualdad rural.

El impacto de esta herramienta va mucho más allá del debate tributario. Es cierto que una actualización catastral puede mejorar los ingresos de las entidades territoriales, pero ese no es el único objetivo. Un catastro moderno fortalece la seguridad jurídica, facilita la inversión pública, permite diseñar políticas productivas y promueve el acceso a crédito. También ayuda a resolver conflictos por linderos y a formalizar a miles de pequeños propietarios que hoy no tienen títulos claros.

¿Por qué, entonces, genera tanta resistencia? Porque toca intereses. No resulta cómodo para quienes poseen grandes extensiones sin formalizar, ni para quienes se han beneficiado durante décadas de avalúos desactualizados y baja tributación. Tampoco agrada a quienes prefieren un campo con información fragmentada y débil capacidad institucional. Un catastro transparente reduce privilegios, y eso siempre despierta oposición.

La protesta que hoy se promueve alrededor del catastro multipropósito tiene, por tanto, un filo político evidente. Sectores de oposición y grandes propietarios rurales encuentran en este tema una oportunidad para desgastar al gobierno y movilizar inconformidades. El argumento es eficaz: sembrar el temor de que el catastro es sinónimo de impuestos desbordados o de expropiaciones. Pero ese discurso omite deliberadamente que el catastro no define impuestos; estos los fijan los concejos municipales dentro de marcos legales. También ignora que el objetivo principal es ordenar la información territorial.

Hay una paradoja en esta discusión. Quienes más se oponen al catastro suelen ser los mismos que defienden la autonomía territorial y el fortalecimiento municipal. Sin embargo, un catastro actualizado es precisamente una herramienta para que los municipios aumenten su recaudo, planifiquen mejor y mejoren la inversión social. Sin información, no hay planeación; sin planeación, no hay desarrollo local sostenible.

El debate, entonces, no debería centrarse en el miedo sino en la pedagogía. La ciudadanía necesita comprender que un catastro moderno no es una amenaza, sino una base para el desarrollo rural. Permite que los pequeños productores accedan a programas públicos, que las alcaldías inviertan con mayor precisión y que el Estado tenga claridad sobre su territorio. En últimas, ordena la casa.

La política electoral seguirá usando este tema como campo de batalla. Habrá desinformación, exageraciones y ataques. Pero también existe la oportunidad de convertir esta coyuntura en un momento pedagógico. Si logramos explicar con claridad sus alcances y beneficios, el catastro multipropósito dejará de ser un fantasma y se convertirá en una herramienta de equidad.

Porque cuando el territorio se conoce, se planifica mejor. Cuando se planifica mejor, se invierte mejor. Y cuando se invierte mejor, ganan los municipios, gana el campo y gana el país. Mejorar la pedagogía sobre el catastro multipropósito no solo desactiva la manipulación política: abre la puerta a un desarrollo más justo. Y en esa tarea, sin duda, ganamos todos.

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Existe incluso una frase que retrata con precisión el dogmatismo de cierta ortodoxia: para los economistas fundamentalistas, la economía construye modelos para explicar la realidad y cuando el modelo no funciona no es por error de este sino porque quien no funciona es la realidad. Esta lógica, que parece absurda, ha guiado muchas decisiones económicas en América Latina. Cuando el crecimiento no llega, la culpa es del gasto social; cuando el empleo no mejora, el problema es el salario; cuando la economía se enfría, la receta es más ajuste. La realidad, siempre culpable. El modelo, siempre incuestionable.

En Colombia, el reciente debate sobre las tasas de interés ha puesto sobre la mesa una discusión que durante mucho tiempo se mantuvo encerrada en los círculos técnicos. El Banco de la República, según la Constitución Nacional, tiene como función principal preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. Es decir, controlar la inflación. Esa tarea, fundamental sin duda, no significa que las decisiones del banco estén exentas de impacto social ni que deban tomarse en un vacío político. Subir tasas enfría la economía, encarece el crédito, desacelera la inversión y golpea especialmente a los pequeños empresarios, al comercio y a los hogares endeudados.

Por eso no resulta extraño que el presidente Petro haya cuestionado las recientes alzas de la tasa de interés. Su planteamiento, más allá del ruido mediático, abre una discusión legítima: ¿hasta qué punto la política monetaria está priorizando el control de la inflación a costa del crecimiento y el empleo? ¿Y quién paga ese costo? Porque las tasas altas benefician a quienes viven de la renta financiera y castigan a quienes necesitan crédito para producir. No es una decisión neutra. Es una decisión con ganadores y perdedores.

Se ha intentado presentar a los miembros de la junta del Banco de la República como una suerte de Olimpo de sabios irrefutables, guardianes de la racionalidad económica frente a la supuesta irresponsabilidad política. Esa narrativa no solo es exagerada sino peligrosa. Los integrantes de la junta no son oráculos, ni representan una verdad única. Son economistas formados en determinadas escuelas de pensamiento, con trayectorias profesionales y visiones del desarrollo que responden a intereses y perspectivas específicas. Como cualquier actor público, toman decisiones que tienen implicaciones políticas.

El retiro del ministro de Hacienda de la junta del Banco de la República tiene, en este contexto, un alto contenido simbólico y político. No se trata de un gesto menor ni de un arrebato. Es una forma de evidenciar que el debate existe, que no hay unanimidad y que las decisiones monetarias no deben blindarse detrás de una supuesta tecnocracia incuestionable. Es, también, una manera de interpelar a la ciudadanía y decirle que estas discusiones no son exclusivas de expertos, sino que afectan la vida cotidiana: el crédito de vivienda, el consumo, la inversión, el empleo.

Este debate, como otros que ha abierto el actual gobierno, eleva el nivel de la discusión pública. Obliga a hablar de inflación, tasas de interés, política monetaria y distribución del ingreso. Educa a la ciudadanía en temas que, de otra manera, permanecerían encerrados en documentos técnicos. La democracia también se fortalece cuando los ciudadanos comprenden cómo se toman las decisiones económicas y quiénes se benefician de ellas.

Lamentablemente, buena parte de los medios corporativos han reaccionado con reflejos previsibles. En lugar de promover la discusión, se han lanzado lanza en ristre contra el gobierno, defendiendo sin matices la supuesta neutralidad del Banco de la República y descalificando cualquier cuestionamiento como irresponsable o populista. Esa postura no sorprende. Históricamente, estos medios han respaldado políticas que favorecen a los sectores tradicionales del poder económico y han mirado con sospecha cualquier intento de redistribución o inclusión.

Pero precisamente por eso el debate es necesario. Porque discutir economía es discutir poder. Y cuando la economía deja de ser un territorio sagrado y se convierte en un espacio de deliberación pública, la ciudadanía gana. La política monetaria deja de ser un asunto de pocos y se transforma en una conversación nacional. Ese, tal vez, sea el cambio más importante: que la economía, finalmente, vuelva a la política.

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