La iniciativa parte de una premisa del Gobierno: haber recibido una situación fiscal crítica. ¿Es cierto? Aún no conocemos con claridad la dimensión de esa herencia. El debate fiscal exige información verificable. Durante el empalme entre gobiernos, particularmente en Hacienda, la decisión de De la Espriella de orientar a su equipo para que no asistiera habría dificultado contrastar información y aclarar responsabilidades.

José Manuel Restrepo ha insistido en que el gobierno de Gustavo Petro endeudó al país como ningún otro. Sin embargo, las cifras divulgadas por otros analistas ofrecen una lectura distinta. El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, presentó datos sobre la deuda nacional como proporción del PIB y en pesos constantes de 2024. Durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos la deuda aumentó cerca de diez puntos del PIB; con Iván Duque, 11,3 puntos, y con Petro, 1,3. En pesos de 2024, los incrementos habrían sido de 178, 317 y 63 billones, respectivamente.

Las cifras deben discutirse con rigor, pero obligan a preguntar de dónde sale el diagnóstico que justifica la reforma y por qué se presenta como inevitable una carga adicional.

El Frankenstein tributario de la “Ley de Rescate” ampliaría la tarifa general del IVA del 19 % a bienes que hoy tienen tarifas reducidas o están excluidos, entre ellos café, frutas, maíz, miel, sal y cacao. También alcanzaría fertilizantes y maquinaria, insumos esenciales para el campo. Para 2028, según lo divulgado, se incorporarían el cine, la telefonía móvil de los estratos 1, 2 y 3 y los vehículos eléctricos. A esto se sumaría una mayor cotización a salud para ciertos trabajadores, con una escala progresiva que podría pasar del 4 % al 8 %. La clase media asalariada vuelve a quedar en la mira.

Mientras tanto, el proyecto abre oportunidades para sectores con gran capacidad económica. Entre los posibles beneficiarios se mencionan grandes contribuyentes con utilidades elevadas, titulares de patrimonios altos y conglomerados capaces de estructurar megaproyectos. En su columna del domingo, Daniel Coronell señaló al Grupo Nutresa, de los Gilinski, como uno de los favorecidos. La pregunta es de equidad: ¿por qué el pequeño productor asumiría mayores costos por sus semillas e insumos, mientras los grandes inversionistas podrían acceder a tratamientos tributarios especiales?

Frente a este panorama, el movimiento social comienza a organizar su respuesta. La CUT ha convocado a un paro nacional para el 19 de noviembre, al que podrían sumarse docentes, estudiantes, campesinos, comunidades indígenas y trabajadores preocupados por la iniciativa. La movilización puede obligar al Gobierno y al Congreso a escuchar a quienes soportarían sus efectos.

La historia reciente ofrece un antecedente: en 2021, la movilización social contribuyó a frenar la reforma tributaria impulsada por el entonces ministro Alberto Carrasquilla, durante el gobierno de Iván Duque. Aquel episodio mostró que las decisiones económicas no pueden imponerse de espaldas al país.

Una reforma fiscal debe repartir las cargas con justicia, proteger a quienes producen alimentos y evitar que los más vulnerables paguen proporcionalmente más. El país merece conocer las cuentas, discutir alternativas y exigir transparencia.

Como dice la canción, no puede ser que siga siendo así: “Lo ancho pa’ ellos y lo angosto pa’ uno”.

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No debemos olvidar que la transición entre el gobierno anterior y el actual estuvo marcada por una ruptura institucional. No hubo empalme y si mucho intercambio de acusaciones sobre la legitimidad del proceso. El gobierno de la Espriella ha querido consolidar una narrativa alrededor de un país en crisis, contrario a las cifras que mostraba el gobierno Petro y que respaldó el primer director del DANE, manifestando que los indicadores económicos estaban bien fundamentados. Por decir esto, fue removido de su cargo.

La apuesta del nuevo gobierno por la seguridad no arrancó bien. Más allá de dar de baja a algunos miembros de los grupos armados ilegales, volvieron los bombardeos que han causado la muerte de menores de edad y ya se denuncia el regreso de los falsos positivos que han hecho aparecer a campesinos como si fueran terroristas. Grave ha sido la situación que se presentó en Santa Marta con el paro armado que ahuyentó el turismo de esta ciudad. De nada sirvió el despliegue cinematográfico del presidente en su patrullaje, ni el sobrevuelo de aviones de combate por la ciudad. La inseguridad de esta y de otras regiones muestra cifras preocupantes.

La política de seguridad tendrá que demostrar no solo capacidad de golpear a los grupos armados respetando los derechos humanos, sino también capacidad de recuperar y mantener el control civil del territorio. La presencia de la fuerza pública difícilmente consolidará la institucionalidad si no se acompaña de educación, vías, oportunidades económicas y protección de las comunidades.

 El tema económico es complejo y amerita una mirada analítica profunda. Las decisiones fiscales del nuevo gobierno tendrán efectos sobre el empleo, los programas sociales, la inversión y las relaciones con las regiones. Preocupa la disminución de la inversión en los diferentes departamentos. En el Tolima por ejemplo la disminución es de más de 300 mil millones de pesos, pero no se escuchan las voces de los gobernantes reclamando al presidente actual como si lo hacían con el presidente Petro.

El presupuesto para 2027 que se acaba de aprobar por decreto por 635 billones, solo contempla una inversión de 88 billones, 391 para funcionamiento y 156 para el servicio de la deuda. Uno de cada cuatro pesos presupuestados se va para el pago de la deuda y el gobierno quiere seguir creciendo su endeudamiento. Vamos para una reforma tributaria que castiga con nuevos impuestos a la clase media y los pobres y beneficia con exenciones a los más ricos. Será un desastre que exacerbará los ánimos y se expresará en movilizaciones de rechazo a estas medidas.

Desde ya hay motivos de preocupación con el nuevo gobierno: autoritarismo, guerra cultural, desfinanciación a la JEP, violación a los derechos humanos, desmonte de las reformas sociales, entre otras, por ello las tensiones irán en aumento y las calles serán el escenario de la confrontación. No obstante, que la gran prensa corporativa está cooptada por el gobierno, la ciudadanía ya tiene una visión crítica de sus ejecutorias y está alerta para defender sus conquistas.

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La ofensiva contra la memoria histórica es el primer frente de esta guerra. El gobierno no solo retira el sombrero de Carlos Pizarro o los bolígrafos con que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016; también borra de los espacios públicos toda representación que considere “apología del terrorismo”. Al hacerlo, impone una historia oficial que reduce un conflicto de décadas a una dicotomía moral entre buenos y malos, invisibilizando las memorias de las víctimas y de los sectores marginalizados. La designación de D’Mar Córdoba Salamanca —quien ha cuestionado públicamente la narrativa del conflicto armado— al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica— confirma que el objetivo no es esclarecer la verdad, sino capturarla. Negar los hechos y las conquistas sociales que costaron sangre no es “recuperar valores”: es construir un relato que legitime el autoritarismo.

El segundo frente es el odio contra lo que el presidente llama “wokismo”. Con ese término vacío se ataca el lenguaje inclusivo, las políticas de género y cualquier conquista en derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. La “guerra cultural” no es una batalla de ideas: es un programa de retroceso. Se filtran iniciativas para revertir la despenalización del aborto y prohibir la adopción para parejas del mismo sexo, todo bajo el manto de una “postura provida” y de la “familia tradicional”. Mientras tanto, se recortan derechos laborales y pensionales, y se desmonta el salario mínimo vital. El “wokismo” es el enemigo inventado para que la sociedad no mire hacia abajo: hacia los bolsillos de los más pobres y hacia las arcas de los más cercanos al poder.

Porque el tercer frente —el que realmente debería indignarnos— son las grandes preguntas sobre la gestión de la reconstrucción. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, ha recaudado más de 54.500 millones de pesos en donaciones para los damnificados del terremoto. Sin embargo, a dos meses de la catástrofe, las ayudas no llegan a las zonas más afectadas, y la oposición exige saber cuánto dinero se recibió, quién lo entregó y cuánto se ha ejecutado. El Fondo Milagro, creado para la reconstrucción, empezó a operar 66 días después del sismo y su gerente se niega a hablar con la prensa. Mientras los damnificados duermen a la intemperie, el gobierno de De la Espriella prefiere que discutamos sobre el lenguaje inclusivo y sobre si el sombrero de un exguerrillero debe estar en un museo.

Esa es la función de la guerra cultural: convertir el debate público en una pelea simbólica para que la desidia gubernamental, la que deja a miles de familias sin techo, pase desapercibida. Es la vieja táctica de distraer con el ruido de la identidad mientras se ocultan cosas fundamentales.

Por eso, la sociedad colombiana no puede quedarse quieta. Este 14 de octubre, sindicatos, docentes, organizaciones indígenas y sectores sociales salieron a las calles para rechazar las políticas de este gobierno. Esa movilización fue un primer paso, pero tiene que convertirse en una exigencia sostenida: exigir transparencia en el manejo de los recursos de la reconstrucción, defender la memoria histórica como un derecho de las víctimas y rechazar el odio como herramienta de gobierno. 

No se puede permitir que la “guerra cultural” nos arrebate la capacidad de indignarnos por lo que de verdad importa. La memoria, los derechos y los recursos públicos no son moneda de cambio. Movilizarse no es un capricho: es la única forma de obligar a un gobierno que prefiere el espectáculo del odio a resolver los problemas reales del país.

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La noticia adquiere una dimensión inquietante cuando se recuerda la devastación causada por los incendios forestales que arrasaron el Tolima durante agosto y septiembre. La coincidencia hizo que nos preguntáramos si aquellos incendios provocados por la acción humana podrían tener alguna relación con los intereses mineros que ahora se anuncian. El vicepresidente rechazó esa insinuación y atribuyó los incendios a manos criminales. Hasta ahora, no hay pruebas públicas que permitan afirmar que existió una relación entre ambos hechos.

Pero la pregunta merece una respuesta seria. ¿Quién provocó los incendios? ¿Qué investigaciones se adelantaron? ¿Quiénes resultaron beneficiados por la destrucción de los ecosistemas? ¿Se investigaron posibles intereses económicos detrás de los daños? La gravedad de estas preguntas exige investigaciones independientes, transparencia y resultados. Ni las sospechas pueden convertirse en verdades sin pruebas, ni las autoridades pueden pretender que la ciudadanía renuncie a preguntar.

Porque el fuego no solo destruye árboles. Destruye suelos, amenaza nacimientos de agua, afecta la biodiversidad y compromete la capacidad de nuestros territorios para producir alimentos. Y cuando se trata de regiones campesinas, el daño alcanza también la economía familiar, la seguridad alimentaria y las posibilidades de permanencia digna en el campo.

Defender la tierra es defender el derecho a comer. En un país con una enorme riqueza hídrica y vocación agrícola, resulta contradictorio que el debate sobre el desarrollo se concentre en cómo extraer minerales sin discutir, con igual rigor, cómo proteger los suelos fértiles, las cuencas hidrográficas y las economías campesinas. El cobre, el níquel y otros minerales pueden tener importancia para la transición energética y el desarrollo industrial, pero su aprovechamiento no puede convertirse en una autorización para sacrificar el agua, la agricultura y la vida de las comunidades.

Tampoco debemos confundir inversión extranjera con desarrollo. La llegada de multinacionales puede generar empleo, tecnología e ingresos públicos, pero sus beneficios dependen de las condiciones contractuales, los impuestos, las regalías, la participación de las comunidades y los controles ambientales. Un país que exporta materias primas sin desarrollar capacidades industriales propias corre el riesgo de entregar sus riquezas y quedarse con los pasivos ambientales.

La soberanía nacional no consiste en cerrar las puertas al mundo. Consiste en negociar sin renunciar al interés colectivo. Significa que los minerales pertenecen a una estrategia de desarrollo nacional y no pueden gestionarse exclusivamente bajo la lógica de la rentabilidad privada. Significa proteger el agua como bien común, garantizar la consulta y participación efectiva de las comunidades y establecer límites claros a cualquier proyecto que amenace ecosistemas estratégicos o territorios agrícolas.

Por eso, el Tolima necesita un debate público transparente sobre sus riquezas minerales, sus posibilidades productivas y sus límites ambientales. Necesita saber qué proyectos se pretenden promover, dónde se ubican, qué impactos tendrían y qué beneficios concretos recibirían sus habitantes. Y necesita que las investigaciones sobre los incendios lleguen hasta las últimas consecuencias, sin encubrimientos ni acusaciones infundadas.

No podemos aceptar que el destino de nuestros territorios se decida en oficinas gubernamentales o reuniones empresariales lejos de las comunidades que los habitan. La tierra no es solamente un inventario de minerales disponibles para el mercado; es alimento, agua, cultura, trabajo y futuro.

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No es raro que este ministro genere polémicas cuando viene precedido de unas actuaciones denunciadas por Daniel Coronell, que señala al funcionario por su vinculación previa en la estructuración de créditos y subsidios estatales a Juan José Lafaurie, hijo del presidente de Fedegan, quien se postuló bajo la categoría de “pequeño productor” a un crédito de 400 millones, a pesar de que el terreno pertenece a una sociedad familiar con alto patrimonio.

El uso del lenguaje del ministro expresa una concepción política de la sociedad. Campesino no es simplemente el que trabaja el campo. Es una categoría que refiere una identidad histórica, cultural y política, por ello la sociología rural habla de campesinados. Los campesinos son los que producen en buena parte los alimentos del país a pesar de contar con minifundios en los peores terrenos. Enfrentan desigualdad en el acceso a la tierra, crédito costoso e insuficiente, intermediación abusiva y mercados dominados por grandes actores.

Cuando se pretende sustituir esa palabra por categorías tecnocráticas, se invisibiliza al sujeto que debería estar en el centro de la política agraria. Con esta maniobra se puede presentar que el crédito, los subsidios y los instrumentos de fomento se concentren en productores de mayor capacidad económica y, entonces, la política pública puede terminar produciendo más desigualdad y exclusión.

El Estado debería hacer lo contrario: poner más recursos, asistencia y protección donde existen mayores dificultades. El crédito rural no puede convertirse en una autopista para quienes ya tienen capital, sino en una herramienta para democratizar las oportunidades productivas.

Y ahora aparece una nueva “genialidad”: ¿por qué sembrar arroz si podemos sembrar marañón? La pregunta sería razonable si hiciera parte de una política seria de diversificación productiva, construida con estudios de suelos, mercados, infraestructura, agua, asistencia técnica, comercialización y participación de los productores. Pero resulta preocupante cuando se presenta como una especie de receta nacional para resolver los problemas de un sector tan complejo como el arrocero.

Decirle a un agricultor que abandone un cultivo construido durante décadas para sembrar otro porque parece tener mejores perspectivas es desconocer algo elemental: el campo no funciona como una bolsa de valores. Una hectárea no cambia de cultivo por decreto. Detrás de ella hay familias con conocimientos y una experiencia de años produciendo arroz. Además, hay inversiones, deudas, infraestructura, tradición y mercados.

Colombia necesita diversificar su agricultura. Pero diversificar no significa abandonar al campesino o un cultivo importante para la seguridad alimentaria, cuando su actividad enfrenta dificultades. Significa acompañarlo para producir mejor, incorporar tecnologías apropiadas, agregar valor, acceder a mercados y reducir su vulnerabilidad.

En tiempos de crisis climática se requiere que el país avance en la seguridad y soberanía alimentaria y ahí son fundamentales los campesinos. El campesinado colombiano no necesita que le cambien el nombre, necesita tierra a través de una reforma agraria, crédito barato y oportuno, asistencia técnica, vías, riego, comercio justo y asociatividad.

Al ministro hay que exigirle menos ideas “ingeniosas” y más escucha a campesinos y productores en los territorios; menos concentración de los recursos de su cartera en los grandes y más democracia económica. Menos discursos sobre productividad y más oportunidades para quienes producen los alimentos.

En un momento en que se avecina una gran sequía que puede producir una severa hambruna, es necesario trabajar por garantizar alimentos para todos consolidando la soberanía alimentaria del país.

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La humanidad ha venido presenciando como una serie de actividades que antes realizaban las personas, hoy la realizan las máquinas. Se ha dado un gigantesco debate sobre la pérdida de empleos que eso supone. Ya no se necesita gente por la automatización de muchos procesos y las plataformas nos muestran una serie de miniseries y películas donde las máquinas realizan toda suerte de trabajos, incluso ya anticipan la existencia en un futuro cercano de robots humanoides como esposas de hombres solitarios.

La irrupción de la automatización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial en todos los campos es alucinante. Nadie escapa a su influencia, a pesar de algunas voces que hacen llamados a no usarla por los efectos perversos que genera. En el campo académico, la IA está obligando a replantear la manera de enseñar, aprender, leer y escribir.

Los desarrollos de la IA y la competencia entre las grandes corporaciones por ser las primeras en lograr la máxima eficiencia y por ende hacerse a la mayor tajada del mercado, no ha considerado los riesgos que esto supone. La semana anterior un destacado ingeniero, Jacob Coxon, de Anthropic, presentó su renuncia y hizo un anuncio aterrador: en menos de una década la IA va a adquirir un grado tal de desarrollo que será imposible su control y con esa superinteligencia podrá destruir la humanidad.

No se trata de negar los grandes aportes y beneficios generados por la IA. En cada disciplina y en la resolución de los desafíos más importantes afrontados en el mundo contemporáneo, una herramienta como esta no se puede dejar de lado. Sin embargo, el desarrollo vertiginoso que ha venido teniendo produce inquietud y temor.

Una superinteligencia sin control humano puede ser catastrófica. Señalan los expertos el riesgo del uso inadecuado de la información que poseen, la posibilidad de hackeo de cada correo electrónico, claves bancarias, mercados financieros, control de infraestructura estratégica, producción de virus en laboratorio, manipulación de armamento de las grandes potencias, entre otros. Una cantidad de acciones que sin control amenaza la existencia humana. Un Frankenstein fuera del control de sus creadores.

Lo que dicen los expertos es que hoy aún no existe evidencia de una superinteligencia autónoma capaz de dominar el planeta o liberarse definitivamente de sus ingenieros. Las inteligencias artificiales actuales son extraordinariamente poderosas y en poco tiempo lo podrían lograr y ese es el peligro que desde ya se anuncia, por eso ya hay un llamado de muchas voces sensatas a ralentizar la carrera del desarrollo de la IA. Que la codicia por los mercados no nos lleve a la hecatombe y que prime la sensatez en pro de la vida humana en el planeta.

El cine anticipatorio ha servido para imaginar futuros. Desde Blade Runner las preguntas de la ciencia ficción siguen siendo básicamente las mismas: ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Esas preguntas intrigantes siguen vigentes y en este momento crucial, cuando el desarrollo de la IA amenaza nuestra existencia, debemos optar por una respuesta que priorice la vida por encima de la codicia.

Tal vez el verdadero desafío de la inteligencia artificial no sea conseguir que las máquinas piensen como nosotros, sino lograr que nosotros pensemos antes de poner en sus manos aquello que todavía no sabemos controlar.

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Uno de ellos es el deterioro del recurso hídrico. Disminuyen los caudales de numerosas fuentes, se contaminan ríos y quebradas y se deterioran las cuencas como consecuencia de la deforestación, las actividades productivas y la presión creciente sobre los ecosistemas.

Otro problema histórico es la minería ilegal. En Ataco, la explotación aurífera existe desde la década de los setenta, inicialmente como una práctica artesanal, pero en los últimos años la situación se ha agravado con la presencia de grupos armados irregulares vinculados a economías ilegales. La destrucción de bosques, la contaminación de las aguas y la transformación de los territorios son parte de sus consecuencias. Ante esta realidad, surge una pregunta incómoda: ¿qué tan eficaces han sido las políticas públicas de los entes territoriales y las acciones de la autoridad ambiental para enfrentar estos problemas?

Después de décadas de diagnósticos, planes, programas y recursos, los resultados parecen insuficientes. La respuesta institucional continúa siendo, muchas veces, reactiva: se interviene cuando el daño ya está hecho, pero no se logra actuar con suficiente contundencia sobre las causas.

Ahora aparece otro desafío de enormes proporciones: los incendios forestales.

Las altas temperaturas, las sequías, el cambio climático y algunas prácticas humanas favorecen la propagación del fuego. Pero hay algo que debería preocuparnos todavía más: ¿todos los incendios son accidentales?

La pregunta no es menor. Algunos incendios recientes han afectado territorios ambientalmente estratégicos, zonas destinadas a la conservación y áreas fundamentales para la producción de alimentos y la protección de fuentes hídricas. Y surge una inquietud que merece ser investigada: ¿podrían algunos de estos incendios estar siendo provocados deliberadamente para transformar las condiciones de determinados territorios?

No se puede afirmar, sin investigaciones serias, que exista una estrategia criminal detrás de estos hechos. Pero tampoco deberíamos descartar esa posibilidad. Especialmente cuando existen grandes bloques de interés minero y cuando la eliminación de la cobertura vegetal podría, eventualmente, facilitar determinadas actividades económicas o proyectos extractivos.

Por eso se necesita una investigación rigurosa que establezca quién provoca los incendios, dónde se originan, qué intereses pueden existir alrededor de los territorios afectados y cuáles son las verdaderas dimensiones del daño. La pérdida de un bosque no significa solamente árboles quemados: significa agua que dejamos de proteger, suelos que se degradan, biodiversidad que desaparece y oportunidades productivas que pierden las comunidades.

El Tolima necesita pasar de la reacción a la prevención. Y para ello se requiere una verdadera conjunción de actores: autoridades ambientales y territoriales, comunidades campesinas, organizaciones sociales, universidades, gremios productivos, empresas y organizaciones ambientales.

Pero, sobre todo, necesitamos reconocer el papel fundamental de quienes habitan el territorio. La sociedad civil no puede ser espectadora de la crisis ambiental.La recuperación ecosistémica del Tolima debe convertirse en una causa colectiva. Hay que proteger los bosques, recuperar las cuencas, defender el agua, prevenir los incendios y vigilar el territorio.

Porque al final la pregunta no es solamente quién está quemando nuestros bosques. La pregunta más profunda es qué estamos haciendo como sociedad para impedir que nuestro patrimonio ambiental desaparezca ante nuestros ojos.

El territorio no es una mercancía. Es nuestra casa, nuestro alimento y nuestra herencia. Y todavía estamos a tiempo de defenderlo.

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Ahora mismo estoy volviendo a apreciar la imagen de la cubierta del libro de Ricardo Silva Romero publicado en 2025, titulado Mural. Consulto y es un cuadro de Pieter Bruegel que lleva como nombre El triunfo de la muerte y reposa en el Museo Nacional del Prado en Madrid España. Es una obra impactante compuesta por muchos elementos relacionados con la desolación y el triunfo del reino de Tanatos a través de la destrucción.

Silva Romero es un prolífico escritor colombiano que utiliza este cuadro como portada de esta, su última novela. Un texto febril alrededor de un hecho histórico trabajado por otros escritores y escritoras. Es un repiquetear en la memoria nacional. Es insistir con un golpeteo sobre un tema sobre el cual todos deberíamos informarnos: la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Al autor no lo disuade la existencia de otras voces antes de la suya contando y analizando este luctuoso hecho. Reconoce en otros textos sobre el Palacio de Justicia una contribución importante a develar la verdad, sin embargo, él quería contar la suya en 399 páginas. Lo que logra es admirable por la forma y el fondo, hay que reconocerlo.

No es cualquier novela. Hay un trabajo denso y juicioso de investigación con muchas voces y puntos de vista. El mural que nos presenta permite reconstruir la historia. Su narración desplaza la mirada, dirige la cámara como si fuera un cineasta no solo al hecho concreto de la toma, sino a los orígenes que vienen del pasado.

Aparecen los planos y los diferentes ángulos para contar una historia en imágenes. La violencia y la muerte cruzan la mayoría de escenas. Los actores de esta tragedia nacional se presentan desde sus actuaciones y motivaciones. Podemos sentir la rabia, el odio carcomiendo los espíritus, el miedo presente aún en los momentos de arrojo, los sueños extraviados anhelando un mejor país y el amor que moviliza consciente o inconscientemente hacía el desastre y la muerte ineluctable.

Doblan las campanas en un incesante repiqueteo alrededor de la guerra y la violencia porque quien escribe la obra ha sido víctima de ella por el asesinato de dos tíos, hermanos de su madre, e insiste hasta el cansancio “…que hay que leer y releer y releer, guardar el espíritu de las víctimas en libros como cofres, contar y contar lo que sucedió, en busca de las palabras precisas, porque no es posible recordar cuando no es posible nombrar”.

Quizás esa sea, finalmente, la razón de ser de un mural: permanecer en la pared para que nadie pueda decir que no lo vio.

Y quizá también sea la razón de ser de los libros. Convertir la memoria en una imagen que podamos volver a mirar cuando el tiempo pretenda borrarla. Porque un país que no nombra a sus muertos corre el riesgo de volver a matarlos con el olvido.

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Las grietas se perciben. Las manifestaciones son públicas y se han ventilado suficientemente por los medios masivos y plataformas digitales. Es indudable que la victoria de la Espriella, envalentonó a su entorno más cercano y al mismo presidente electo. Al no deber su triunfo a los partidos políticos existentes a quienes despreció en público pero se quedó con sus líderes visibles en privado, ahora siente que él con su estilo singular debe tener su propio movimiento que gravite alrededor de él y sus tesis.

El pulso es indudable y se siente con mayor fuerza después de la medición en la elección del presidente del Senado. Allí el expresidente Uribe le mostró los dientes a de la Espriella, notificándole su obstinada defensa de los intereses del Centro Democrático. En una alianza impensable hace un tiempo con el Pacto Histórico, le propinó una derrota, eligiendo al candidato de su partido.

Es evidente que emerge una nueva derecha si se quiere más radical y extremista. Populista y estridente. Soportada en el trabajo político en las redes y haciendo uso de la Inteligencia Artificial como lo hace el presidente Trump en Estados Unidos, con un liderazgo como de la Espriella, altamente personalizado y mediático. Esa expresión le disputa el poder a un uribismo que gira alrededor de su máximo líder Álvaro Uribe. Un político en el ocaso de su carrera que arrastra muchas y complejas investigaciones que amenazan con llevarlo a la cárcel.

Ante esta circunstancia, el uribismo comienza a fracturarse y no es ese sector pétreo de antes. En esta pugna ya varios de sus alfiles representativos, han dado la voltereta. Varios de ellos sin palidecer militan en el sector de Abelardo, olvidando que sus espacios de representación y dignidades públicas las tuvieron con Uribe. En política no hay partidos ni movimientos monolíticos. La militancia y sus dirigentes se mueven alrededor de oportunidades y conveniencias y menos por sus posturas ideológicas.

Abelardo y su movimiento político quieren arrasar con el Centro Democrático. Tendrán una dura contienda en las elecciones regionales del año próximo, donde se quieren presentar con su propio partido: Firmes por la patria. Buscarán quedarse con la mayor cantidad de gobiernos locales y departamentales, desplazando y si pueden, eliminando la representación uribista. El desafío está planteado y frente a él, no se puede desconocer el gran poder y el conocimiento de la política de Álvaro Uribe. La contienda promete ser una de las disputas más intensas de los próximos años.

Las implicaciones de esta disputa para el sistema político colombiano aún están por verse. La nueva derecha cuenta con un líder de estilo confrontacional que empieza a mirar con buenos ojos la convocatoria de una Asamblea Constituyente, una iniciativa que, de prosperar, podría reconfigurar las reglas del juego político e incluso abrir el debate sobre la reelección presidencial. Enfrente está una derecha tradicional, identificada con el uribismo, que comparte buena parte de sus postulados, pero se resiste a ceder el liderazgo del espectro conservador. Los precedentes no son escasos: en Argentina, Javier Milei desplazó a las fuerzas tradicionales; en Chile, Johannes Kaiser ha irrumpido como una expresión de la nueva derecha; y en Estados Unidos, Donald Trump transformó por completo la dinámica del Partido Republicano.

Se avecinan reacomodos, nuevos alineamientos, fracturas y alianzas difíciles de anticipar. Las placas tectónicas de la política colombiana han comenzado a moverse y sus efectos apenas empiezan a sentirse. Como ocurre tras un sismo, algunas estructuras terminarán por derrumbarse, mientras otras emergerán con renovada fuerza. Lo que hasta hace poco parecía un equilibrio inalterable hoy se revela como un terreno inestable, capaz de sembrar incertidumbre entre quienes daban por descontada la permanencia del poder tradicional.

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De todo lo que guarda, su juguete preferido es el balón de fútbol. Hay varios de distintos colores: negros, rojos, azules, pero el que más le gusta es uno amarillo. No sabe por qué. Pasa mucho tiempo pateándolo con fuerza contra un muro del patio grande de su casa. Allá conserva pequeños arcos para simular que anota muchos goles.

En su corta vida, no sabe lo que su familia sufrió para llegar a tener lo que ahora poseen. Ignora que su madre fue abandonada por su compañero al momento de quedar embarazada de su hermano mayor, el que él tanto admira. Hubo carencias y muchas dificultades, sorteadas con tesón y amor. Por su cabeza no pasa ni de lejos que proviene de una familia de migrantes a los cuales todo se les hace más difícil.

Lo que ve de su hermano mayor es sacrificio y disciplina. Lo ve salir cada día vestido con con sus sudaderas de entrenamiento que él quisiera también. Lo admira demasiado porque lo ve jugar cada semana por televisión. Escucha decir en todas partes que su hermano es una estrella del fútbol y cuando eso ocurre él siente que se hincha como un pavo real de orgullo.

Un día todo cambia. Hay maletas, aeropuertos, aviones y un viaje que para él parece un juego interminable. Ve desde muy alto del cielo el mar y territorios nuevos que nunca había visto. Va con su familia a un gigantesco estadio. No entiende el bullicio, las vestimentas, los sonidos, las banderas, las luces, los idiomas y el exceso de alegría. Se abraza a los suyos. Siente calor. Lo suyos transpiran emociones.

Pasa el tiempo del partido de fútbol. Su gente se abraza y como pueden lo hacen llegar al terreno de juego. Siente el césped húmedo. Hay jugadores llorando de tristeza y de felicidad. El corre feliz donde está su hermano. Devora la distancia. Se miran y se sonríen. Aprieta el paso y se abraza fuerte contra el cuerpo sudoroso de su bro como suele llamarlo. Saca la lengua, abre los ojos cuanto puede y aprieta el abrazo. Detrás de ellos, una copa dorada se levanta hacia el cielo. Él aún no comprende la magnitud de ese instante. Algún día descubrirá que aquella fotografía no guardaba únicamente la gloria de un Mundial: también contenía la historia de una familia que había aprendido a vencer mucho antes de que sonara el silbato final.

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