El tema no puede ser otro. La llamada “Ley de Rescate” se ha convertido en motivo de preocupación en la ciudadanía, por sus efectos sobre hogares, trabajadores y productores. Según lo conocido, el proyecto contiene 106 artículos. Preguntémonos: ¿a quién rescata realmente?, ¿a quiénes beneficia?, ¿quiénes pagarán sus costos? Y una más: ¿no decía Abelardo de la Espriella durante la campaña que Colombia no necesitaba más impuestos?
La iniciativa parte de una premisa del Gobierno: haber recibido una situación fiscal crítica. ¿Es cierto? Aún no conocemos con claridad la dimensión de esa herencia. El debate fiscal exige información verificable. Durante el empalme entre gobiernos, particularmente en Hacienda, la decisión de De la Espriella de orientar a su equipo para que no asistiera habría dificultado contrastar información y aclarar responsabilidades.
José Manuel Restrepo ha insistido en que el gobierno de Gustavo Petro endeudó al país como ningún otro. Sin embargo, las cifras divulgadas por otros analistas ofrecen una lectura distinta. El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, presentó datos sobre la deuda nacional como proporción del PIB y en pesos constantes de 2024. Durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos la deuda aumentó cerca de diez puntos del PIB; con Iván Duque, 11,3 puntos, y con Petro, 1,3. En pesos de 2024, los incrementos habrían sido de 178, 317 y 63 billones, respectivamente.
Las cifras deben discutirse con rigor, pero obligan a preguntar de dónde sale el diagnóstico que justifica la reforma y por qué se presenta como inevitable una carga adicional.
El Frankenstein tributario de la “Ley de Rescate” ampliaría la tarifa general del IVA del 19 % a bienes que hoy tienen tarifas reducidas o están excluidos, entre ellos café, frutas, maíz, miel, sal y cacao. También alcanzaría fertilizantes y maquinaria, insumos esenciales para el campo. Para 2028, según lo divulgado, se incorporarían el cine, la telefonía móvil de los estratos 1, 2 y 3 y los vehículos eléctricos. A esto se sumaría una mayor cotización a salud para ciertos trabajadores, con una escala progresiva que podría pasar del 4 % al 8 %. La clase media asalariada vuelve a quedar en la mira.
Mientras tanto, el proyecto abre oportunidades para sectores con gran capacidad económica. Entre los posibles beneficiarios se mencionan grandes contribuyentes con utilidades elevadas, titulares de patrimonios altos y conglomerados capaces de estructurar megaproyectos. En su columna del domingo, Daniel Coronell señaló al Grupo Nutresa, de los Gilinski, como uno de los favorecidos. La pregunta es de equidad: ¿por qué el pequeño productor asumiría mayores costos por sus semillas e insumos, mientras los grandes inversionistas podrían acceder a tratamientos tributarios especiales?
Frente a este panorama, el movimiento social comienza a organizar su respuesta. La CUT ha convocado a un paro nacional para el 19 de noviembre, al que podrían sumarse docentes, estudiantes, campesinos, comunidades indígenas y trabajadores preocupados por la iniciativa. La movilización puede obligar al Gobierno y al Congreso a escuchar a quienes soportarían sus efectos.
La historia reciente ofrece un antecedente: en 2021, la movilización social contribuyó a frenar la reforma tributaria impulsada por el entonces ministro Alberto Carrasquilla, durante el gobierno de Iván Duque. Aquel episodio mostró que las decisiones económicas no pueden imponerse de espaldas al país.
Una reforma fiscal debe repartir las cargas con justicia, proteger a quienes producen alimentos y evitar que los más vulnerables paguen proporcionalmente más. El país merece conocer las cuentas, discutir alternativas y exigir transparencia.
Como dice la canción, no puede ser que siga siendo así: “Lo ancho pa’ ellos y lo angosto pa’ uno”.
