El ministro de Agricultura tiene ideas “ingeniosas” que generan gran debate político en el país. Lo hizo cuando anunció el cambio de la palabra campesino por productor agropecuario. El asunto no es de semántica sino que tiene toda una intencionalidad.
No es raro que este ministro genere polémicas cuando viene precedido de unas actuaciones denunciadas por Daniel Coronell, que señala al funcionario por su vinculación previa en la estructuración de créditos y subsidios estatales a Juan José Lafaurie, hijo del presidente de Fedegan, quien se postuló bajo la categoría de “pequeño productor” a un crédito de 400 millones, a pesar de que el terreno pertenece a una sociedad familiar con alto patrimonio.
El uso del lenguaje del ministro expresa una concepción política de la sociedad. Campesino no es simplemente el que trabaja el campo. Es una categoría que refiere una identidad histórica, cultural y política, por ello la sociología rural habla de campesinados. Los campesinos son los que producen en buena parte los alimentos del país a pesar de contar con minifundios en los peores terrenos. Enfrentan desigualdad en el acceso a la tierra, crédito costoso e insuficiente, intermediación abusiva y mercados dominados por grandes actores.
Cuando se pretende sustituir esa palabra por categorías tecnocráticas, se invisibiliza al sujeto que debería estar en el centro de la política agraria. Con esta maniobra se puede presentar que el crédito, los subsidios y los instrumentos de fomento se concentren en productores de mayor capacidad económica y, entonces, la política pública puede terminar produciendo más desigualdad y exclusión.
El Estado debería hacer lo contrario: poner más recursos, asistencia y protección donde existen mayores dificultades. El crédito rural no puede convertirse en una autopista para quienes ya tienen capital, sino en una herramienta para democratizar las oportunidades productivas.
Y ahora aparece una nueva “genialidad”: ¿por qué sembrar arroz si podemos sembrar marañón? La pregunta sería razonable si hiciera parte de una política seria de diversificación productiva, construida con estudios de suelos, mercados, infraestructura, agua, asistencia técnica, comercialización y participación de los productores. Pero resulta preocupante cuando se presenta como una especie de receta nacional para resolver los problemas de un sector tan complejo como el arrocero.
Decirle a un agricultor que abandone un cultivo construido durante décadas para sembrar otro porque parece tener mejores perspectivas es desconocer algo elemental: el campo no funciona como una bolsa de valores. Una hectárea no cambia de cultivo por decreto. Detrás de ella hay familias con conocimientos y una experiencia de años produciendo arroz. Además, hay inversiones, deudas, infraestructura, tradición y mercados.
Colombia necesita diversificar su agricultura. Pero diversificar no significa abandonar al campesino o un cultivo importante para la seguridad alimentaria, cuando su actividad enfrenta dificultades. Significa acompañarlo para producir mejor, incorporar tecnologías apropiadas, agregar valor, acceder a mercados y reducir su vulnerabilidad.
En tiempos de crisis climática se requiere que el país avance en la seguridad y soberanía alimentaria y ahí son fundamentales los campesinos. El campesinado colombiano no necesita que le cambien el nombre, necesita tierra a través de una reforma agraria, crédito barato y oportuno, asistencia técnica, vías, riego, comercio justo y asociatividad.
Al ministro hay que exigirle menos ideas “ingeniosas” y más escucha a campesinos y productores en los territorios; menos concentración de los recursos de su cartera en los grandes y más democracia económica. Menos discursos sobre productividad y más oportunidades para quienes producen los alimentos.
En un momento en que se avecina una gran sequía que puede producir una severa hambruna, es necesario trabajar por garantizar alimentos para todos consolidando la soberanía alimentaria del país.
