Es muy pronto para calificar adecuadamente a este gobierno que lleva ochenta días en ejercicio. Sin embargo, las señales son preocupantes. La transición política de un gobierno progresista como el anterior de Gustavo Petro a uno de extrema derecha como el de Abelardo de la Espriella, ha sido turbulento y ha estado cruzado de tensiones. Venimos de un gobierno centrado en las reformas sociales, la consolidación de la paz y una transformación del modelo económico a uno que prioriza la guerra, la reducción del Estado, las gabelas para los grandes conglomerados empresariales y la entrega de nuestra soberanía.
No debemos olvidar que la transición entre el gobierno anterior y el actual estuvo marcada por una ruptura institucional. No hubo empalme y si mucho intercambio de acusaciones sobre la legitimidad del proceso. El gobierno de la Espriella ha querido consolidar una narrativa alrededor de un país en crisis, contrario a las cifras que mostraba el gobierno Petro y que respaldó el primer director del DANE, manifestando que los indicadores económicos estaban bien fundamentados. Por decir esto, fue removido de su cargo.
La apuesta del nuevo gobierno por la seguridad no arrancó bien. Más allá de dar de baja a algunos miembros de los grupos armados ilegales, volvieron los bombardeos que han causado la muerte de menores de edad y ya se denuncia el regreso de los falsos positivos que han hecho aparecer a campesinos como si fueran terroristas. Grave ha sido la situación que se presentó en Santa Marta con el paro armado que ahuyentó el turismo de esta ciudad. De nada sirvió el despliegue cinematográfico del presidente en su patrullaje, ni el sobrevuelo de aviones de combate por la ciudad. La inseguridad de esta y de otras regiones muestra cifras preocupantes.
La política de seguridad tendrá que demostrar no solo capacidad de golpear a los grupos armados respetando los derechos humanos, sino también capacidad de recuperar y mantener el control civil del territorio. La presencia de la fuerza pública difícilmente consolidará la institucionalidad si no se acompaña de educación, vías, oportunidades económicas y protección de las comunidades.
El tema económico es complejo y amerita una mirada analítica profunda. Las decisiones fiscales del nuevo gobierno tendrán efectos sobre el empleo, los programas sociales, la inversión y las relaciones con las regiones. Preocupa la disminución de la inversión en los diferentes departamentos. En el Tolima por ejemplo la disminución es de más de 300 mil millones de pesos, pero no se escuchan las voces de los gobernantes reclamando al presidente actual como si lo hacían con el presidente Petro.
El presupuesto para 2027 que se acaba de aprobar por decreto por 635 billones, solo contempla una inversión de 88 billones, 391 para funcionamiento y 156 para el servicio de la deuda. Uno de cada cuatro pesos presupuestados se va para el pago de la deuda y el gobierno quiere seguir creciendo su endeudamiento. Vamos para una reforma tributaria que castiga con nuevos impuestos a la clase media y los pobres y beneficia con exenciones a los más ricos. Será un desastre que exacerbará los ánimos y se expresará en movilizaciones de rechazo a estas medidas.
Desde ya hay motivos de preocupación con el nuevo gobierno: autoritarismo, guerra cultural, desfinanciación a la JEP, violación a los derechos humanos, desmonte de las reformas sociales, entre otras, por ello las tensiones irán en aumento y las calles serán el escenario de la confrontación. No obstante, que la gran prensa corporativa está cooptada por el gobierno, la ciudadanía ya tiene una visión crítica de sus ejecutorias y está alerta para defender sus conquistas.
