La campaña electoral terminó hace tiempo. La mano dura que Abelardo de la Espriella prometió durante la contienda, cuando anunció en tono altisonante que en noventa días daría golpes contundentes a los principales cabecillas de los grupos armados ilegales, todavía no se concreta. A tres meses de iniciado su gobierno, el balance resulta bastante menos contundente que el discurso. No bastan los espectáculos cinematográficos para convencer a la ciudadanía de que la seguridad está mejorando, cuando lo que vemos en diferentes regiones del país es justamente lo contrario.
La pistola al cinto durante las capturas de delincuentes de poca importancia puede darle réditos transitorios entre algunos sectores de su electorado. Sin embargo, esa puesta en escena está lejos de resolver un problema estructural de violencia que se arrastra desde hace décadas. Los hechos son los hechos y, como dice el refrán popular, dato mata relato. Lo ocurrido en Santa Marta es una muestra preocupante: una ciudad prácticamente sitiada por bandas armadas que han terminado ahuyentando el turismo. Un sector económico que venía mostrando dinamismo hoy se encuentra amenazado por una inseguridad que el Estado no ha logrado contener. La bravuconería presidencial, una vez más, no resuelve el problema.
Hay que reconocer que el nuevo gobierno heredó una curva de violencia que venía creciendo durante la administración Petro. Sin embargo, los hechos de estos primeros meses tampoco permiten ser optimistas frente a la capacidad de las nuevas autoridades para revertir esa tendencia. El primero de noviembre, en Planadas, una volqueta cargada con explosivos y el uso de drones, en un ataque atribuido a una disidencia de las FARC, dejaron cuatro personas muertas, entre ellas un bebé de apenas dos meses. Según informaciones de prensa, la explosión destruyó buena parte del hospital, afectó 177 inmuebles y dejó al descubierto una situación que ya había sido advertida: desde julio las autoridades conocían los riesgos de posibles ataques en Planadas, Ataco y Chaparral. La alerta existía; lo que faltó fue prevención y capacidad de respuesta.
La reacción del Gobierno fue anunciar la intensificación de las operaciones militares y la continuidad de los bombardeos. Es la fórmula conocida: más fuerza, pero sin que se conozca todavía una estrategia territorial capaz de proteger efectivamente a la población civil. Los bombardeos pueden producir titulares, pero no sustituyen la presencia integral del Estado, la inteligencia preventiva, la justicia ni las alternativas económicas que permitan enfrentar el reclutamiento de jóvenes y la expansión de economías ilegales como la minería no autorizada.
El Tolima nos enseña que ni la ingenuidad de una paz sin condiciones serias ni la bravuconería de una guerra sin horizonte garantizan la protección de la población. Las disidencias avanzaron mientras el Estado ensayaba diálogos sin resultados suficientes y continúan atacando mientras el Gobierno promete aniquilarlas sin conseguir proteger a las comunidades. Al final, quienes ponen los muertos no son los protagonistas de los discursos políticos: son los campesinos, los comerciantes, las familias y las madres que pierden a sus hijos.
Lo que necesitamos es una política de seguridad integral que combine presión militar legítima, justicia eficaz, desarrollo rural y canales de negociación sustentados en compromisos y garantías verificables. Más inteligencia y menos poses. Más Estado en los territorios y menos propaganda. También hace falta reconocer que ningún gobierno tiene el monopolio de la razón ni puede atribuirse por sí solo la solución de un conflicto que lleva décadas desangrando al país.
Tres meses no son suficientes para emitir un juicio definitivo sobre una política de seguridad, pero sí para exigir que se reconozcan los errores y se corrija el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Mientras el país sigue discutiendo de quién es la culpa, conviene recordar una verdad que no deberíamos perder de vista: es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta.
