Este 20 de julio arrancó la última legislatura del gobierno del presidente Petro. Como era de esperarse en un congreso altamente polarizado, las bancadas estaban profundamente divididas entre quienes apoyan la gestión de la administración y quienes terminaron abucheando y gritando consignas en contra del primer mandatario. Para la oposición en palabras de sus voceros, este gobierno no ha hecho absolutamente nada, mientras que para quienes lo apoyan hay un indiscutible progreso en materia social y en varios sectores económicos.
En una intervención de 2 horas y 18 minutos, el presidente habló de muchos temas, por supuesto defendiendo la obra de su gobierno. Expuso datos, refirió avances y también en algunos momentos reconoció sus errores y dificultades. El presidente del congreso saliente, hasta el final mencionó el papel que, según él, debió asumir para salvaguardar la democracia ante el ímpetu del ejecutivo por no respetar la división de poderes.
El Congreso en la pasada legislatura y en esta de 2025-2026 fue y será un campo de disputa ideológica y de poder, en dónde nuevamente se pondrá en juego la gobernabilidad del presidente Petro. El ambiente político está agitado y el gran reto del gobierno para sacar adelante sus iniciativas, dependerá de su capacidad de concertar, negociar, articular y ceder ante los congresistas para sacar adelante su agenda. No será nada fácil, especialmente en un año electoral donde los parlamentarios están pensando más en su propia reelección.
Hay temas que seguirán gravitando en este último año en el Congreso. La reforma a la salud tendrá un segundo tiempo donde el gobierno insistirá en la necesidad de impulsar un nuevo modelo que priorice la atención primaria. Seguirán las resistencias de las EPS y de los congresistas afectos a éstas que son de la oposición y de partidos independientes.
Otro tema que será complejo es el relacionado con la aprobación del presupuesto general de la nación para 2026. Según los analistas hay una gran dificultad debido a la caída de los ingresos fiscales; las demandas de gasto social y territorial; el aumento del déficit y las advertencias de las calificadoras de riesgo; las prioridades del gobierno en materia social y paz total, entre otros. La puja y el pulso está servido, entre quienes quieren recorte del gasto y el gobierno que buscará aumentar la inversión pública.
Capítulo aparte será la propuesta del gobierno de la ley de sometimiento. Hay una enorme controversia desde ya. Según lo que afirma la prensa, es un proyecto de 54 artículos que busca crear un marco normativo para que grupos criminales no políticos (como el Clan del Golfo, bandas urbanas y las disidencias de las Farc) se sometan voluntariamente a la justicia, a cambio de beneficios penales y patrimoniales. Para el Ministro de Justicia esta ley no busca impunidad sino ofrecer herramientas legales para desmontar estructuras criminales, avanzar en la paz y proteger territorios.
Para la oposición que ya anuncia su voto en contra esta ley busca construir “…una alambrada de impunidad” por lo que cerrarán filas para hundirla prontamente. De todas maneras, se espera que se tramite este último año legislativo, aunque no es necesario ser tan perspicaz para anticipar que la polarización y la falta de mayorías parlamentarias convierten esta iniciativa en un desafío muy complejo.
Hagan sus apuestas e imaginen como será el trámite de estas iniciativas y de los innumerables debates de control político a un gobierno que está en el año del ocaso. Un gobierno que ilusionó a grandes mayorías y que hará lo posible por mantenerse, aunque las encuestas indiquen y señalen lo contrario.
