El gobierno nacional ha declarado una “guerra cultural” contra el “wokismo”, al que califica de “cáncer” que amenaza la unidad nacional. Pero detrás de esa retórica incendiaria no hay un proyecto de país: hay una estrategia deliberada para desviar la atención de lo que realmente importa. Mientras el presidente ordena retirar del Museo Nacional las piezas relacionadas con la paz, la diversidad y la memoria del conflicto armado, y pone a un negacionista al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica, las preguntas sobre el manejo de los recursos para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto siguen sin una respuesta satisfactoria.
La ofensiva contra la memoria histórica es el primer frente de esta guerra. El gobierno no solo retira el sombrero de Carlos Pizarro o los bolígrafos con que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016; también borra de los espacios públicos toda representación que considere “apología del terrorismo”. Al hacerlo, impone una historia oficial que reduce un conflicto de décadas a una dicotomía moral entre buenos y malos, invisibilizando las memorias de las víctimas y de los sectores marginalizados. La designación de D’Mar Córdoba Salamanca —quien ha cuestionado públicamente la narrativa del conflicto armado— al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica— confirma que el objetivo no es esclarecer la verdad, sino capturarla. Negar los hechos y las conquistas sociales que costaron sangre no es “recuperar valores”: es construir un relato que legitime el autoritarismo.
El segundo frente es el odio contra lo que el presidente llama “wokismo”. Con ese término vacío se ataca el lenguaje inclusivo, las políticas de género y cualquier conquista en derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. La “guerra cultural” no es una batalla de ideas: es un programa de retroceso. Se filtran iniciativas para revertir la despenalización del aborto y prohibir la adopción para parejas del mismo sexo, todo bajo el manto de una “postura provida” y de la “familia tradicional”. Mientras tanto, se recortan derechos laborales y pensionales, y se desmonta el salario mínimo vital. El “wokismo” es el enemigo inventado para que la sociedad no mire hacia abajo: hacia los bolsillos de los más pobres y hacia las arcas de los más cercanos al poder.
Porque el tercer frente —el que realmente debería indignarnos— son las grandes preguntas sobre la gestión de la reconstrucción. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, ha recaudado más de 54.500 millones de pesos en donaciones para los damnificados del terremoto. Sin embargo, a dos meses de la catástrofe, las ayudas no llegan a las zonas más afectadas, y la oposición exige saber cuánto dinero se recibió, quién lo entregó y cuánto se ha ejecutado. El Fondo Milagro, creado para la reconstrucción, empezó a operar 66 días después del sismo y su gerente se niega a hablar con la prensa. Mientras los damnificados duermen a la intemperie, el gobierno de De la Espriella prefiere que discutamos sobre el lenguaje inclusivo y sobre si el sombrero de un exguerrillero debe estar en un museo.
Esa es la función de la guerra cultural: convertir el debate público en una pelea simbólica para que la desidia gubernamental, la que deja a miles de familias sin techo, pase desapercibida. Es la vieja táctica de distraer con el ruido de la identidad mientras se ocultan cosas fundamentales.
Por eso, la sociedad colombiana no puede quedarse quieta. Este 14 de octubre, sindicatos, docentes, organizaciones indígenas y sectores sociales salieron a las calles para rechazar las políticas de este gobierno. Esa movilización fue un primer paso, pero tiene que convertirse en una exigencia sostenida: exigir transparencia en el manejo de los recursos de la reconstrucción, defender la memoria histórica como un derecho de las víctimas y rechazar el odio como herramienta de gobierno.
No se puede permitir que la “guerra cultural” nos arrebate la capacidad de indignarnos por lo que de verdad importa. La memoria, los derechos y los recursos públicos no son moneda de cambio. Movilizarse no es un capricho: es la única forma de obligar a un gobierno que prefiere el espectáculo del odio a resolver los problemas reales del país.
