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Por: Hugo Rincón González

Vuelven las Circunscripciones Especiales Territoriales de Paz. Luego de una fatigante y extensa controversia jurídica durante tres años y medio, finalmente el 21 de mayo la Corte Constitucional rescató este componente fundamental del Acuerdo de Paz firmado entre la exguerrilla de las Farc y el gobierno colombiano. Debemos recordar que en esta negociación el compromiso era la creación de 16 curules para las víctimas del conflicto armado a fin de dar representación política a las personas afectadas y de restituir sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Funcionarán durante los periodos 2022-2026 y 2026-2030 por su carácter transitorio.

En este recuento breve hay que señalar que, a pesar de la aprobación de las circunscripciones en 2017, las maniobras en contra de la paz de los congresistas del Partido Conservador que presidía el Senado, el Centro Democrático y otros partidos opuestos a esta conquista fundamental para la paz, lograron que su puesta en marcha para el periodo 2018-2022 quedara en el aire.

Ahora estamos en nuevo momento. La mesa directiva del Senado manifestó que enviará para sanción presidencial las curules de paz y el presidente Duque, con poco entusiasmo, ratificó que cumplirá “con su deber”, enfatizando que se debe garantizar que estos escaños “sean para las víctimas” y no para terceros que no ostentan esta condición.

A pesar de esto, varios integrantes del partido de gobierno continúan manifestando en diversos medios de comunicación afines a sus ideas políticas y a través de las redes sociales, que las curules son una imposición de la guerrilla en la negociación de La Habana y que con estos espacios políticos se aumentará la participación de las Farc y sus aliados en el congreso. Como quien dice, no se dan al dolor de tener que ampliar la democracia con otras voces de la Colombia olvidada y maltratada por la violencia.

Si se logra finalmente la elección de estos representantes, deberán ser del sector rural, de aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado, se podrán inscribir candidatos pertenecientes a las organizaciones de víctimas, campesinas y sociales.

Los candidatos serán elegidos por mayoría simple, no deberán tener un mínimo de votos y los ciudadanos de la zona donde se elijan tendrán derecho al doble voto: uno en la circunscripción especial de paz y otro en la circunscripción ordinaria de Cámara. Sobre la financiación de las campañas se habla de un sistema especial y unos tribunales transitorios designados por la autoridad electoral que vigilarán el cumplimiento de las reglas.

Esta elección para el caso del departamento del Tolima se realizará en cuatro municipios: Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral por lo que se espera que aumente la participación electoral en este proceso si se tiene en cuenta la gran oportunidad que tendrán los campesinos, indígenas y organizaciones de víctimas de elegir sus representantes, sin tener que dejarse cooptar por los partidos tradicionales habituales poseedores de la hegemonía política en estas regiones.

Desde ya se debería ir generando una sana deliberación alrededor de los líderes y lideresas que competirán por estas curules. Se requiere la construcción de propuestas programáticas representativas de unos intereses excluidos históricamente que deberán dialogar con otras fuerzas existentes en el congreso. Es la oportunidad reclamada desde hace mucho tiempo y que se volvió posible gracias al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

La Colombia olvidada, excluida y marginada tendrá las voces de sus propios representantes en el escenario donde se toman las grandes decisiones del país, es la gran oportunidad esperada para empezar a transformar la nación, una donde avance y se consolide la democracia, donde haya justicia social y equidad para todos.

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El 18 de junio de 2003 nació una iniciativa fruto del anhelo y las esperanzas de 12 instituciones que quisieron apostarle a la construcción de condiciones de convivencia y paz en el departamento del Tolima. Era el momento más complejo y desolador por la violencia existente. Estábamos en plena confrontación entre la insurgencia armada de las Farc y el gobierno de la seguridad democrática. Había incertidumbre y gran preocupación por el deterioro de la convivencia en toda la región y ante ello era imperativo crear una institución que trabajara en los territorios más afectados por la confrontación y con los sectores más vulnerables.

TOLIPAZ fue esa institución creada para este fin. Desde el comienzo se articuló a otras iniciativas similares que se gestaban en otras regiones de Colombia y que se reunían creando la Redprodepaz. Desde el comienzo se buscó tener claro el propósito y una metodología de trabajo. En todo este tiempo se trabaja en la búsqueda de la paz a través de la promoción del Desarrollo Integral Territorial.

Con esta claridad en estos 18 años, TOLIPAZ ha logrado desarrollar su trabajo en 31 municipios del Tolima. Ha trasegado en el sur, norte, centro y algo en el oriente del Tolima. Se ha intervenido con comunidades campesinas, indígenas, mujeres rurales, jóvenes, desplazados, víctimas del conflicto y con instituciones públicas. Ha realizado procesos formativos, promovido proyectos productivos y construido agendas de desarrollo y paz, entre otros. Siempre ha buscado la articulación con la institucionalidad pública tratando de esta manera garantizar la sostenibilidad de sus procesos.

Son 18 años en los que hay que hacer un gran reconocimiento a los pobladores de los territorios con los que hemos trabajado pero también a la institucionalidad que constituyó esta iniciativa. Mención especial se debe hacer al papel de la Iglesia con los arzobispos quienes han sido fundamentales en su junta directiva. Igualmente a la Gobernación del Tolima que en 2003 se unió con la Fundación Social para hacer realidad esta aventura por la paz.

TOLIPAZ le debe mucho a la cooperación internacional y a la empresa privada en la financiación de su obra. Gratitud a la Unión Europea, la USAID, Codhes y empresas como Isagen quienes han hecho un aporte fundamental para mantener viva la esperanza de una región en convivencia y paz.

Todo este trabajo ha sido posible también por los equipos de colaboradores que durante todos estos años han laborado en sus proyectos y procesos. Son los diseñadores y constructores de sueños.

En un momento complejo como el actual, el departamento del Tolima puede seguir contando con TOLIPAZ, una institución que seguirá apostándole a la construcción de unos territorios en paz, donde la vida digna y querida sea posible para todos y todas.

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Por: Hugo Rincón González

Cuando se habla de los temas referidos al reciclaje del conflicto armado en el país, los tolimenses volteamos a mirar hacia otras regiones. Concentramos la mirada en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Antioquia. Por supuesto nadie discute que en esas regiones desde el 2018 la violencia se ha exacerbado. Las cifras de amenazas, asesinatos, masacres y enfrentamientos armados son superlativas comparadas con otras regiones.

Desde la firma de los acuerdos de paz, todos los analistas coincidían que en todo proceso de esta naturaleza quedan residuos o grupos que no están de acuerdo con las decisiones tomadas y menos aún con la entrega de armas. El desafío para el estado se centraba básicamente en dos elementos: 1) el cumplimiento de lo firmado para garantizar que estos grupos efectivamente se reincorporaran adecuadamente a la vida civil, y, 2) garantizar la presencia del estado en esos territorios alejados y abandonados históricamente.

Sobre el cumplimiento de los acuerdos hay grandes lunares: 1) No se crearon las circunscripciones especiales de paz para las víctimas que pretendían dar voz a este sector azotado por la violencia y que no ha tenido oportunidad de llegar jamás al congreso de la república, 2) La desfinanciación de muchos aspectos contemplados en la reforma rural integral, 3) la feroz arremetida del partido de gobierno y otros sectores de derecha contra la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, 4) el freno al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNI- y por el contrario el interés del gobierno de fumigar con glifosato, 5) el asesinato de más de 250 excombatientes de las Farc que le apostaron a la reincorporación a la vida civil, entre otros.

La presencia del estado en los territorios ha sido un reclamo histórico de las comunidades que los habitan pero la situación luego de la firma no se modificó. En muchos espacios de nuestra geografía el estado no aparece. Ante este vacío era perfectamente predecible que otros grupos ocuparan estos espacios. Lo vemos en las regiones que anteriormente eran del dominio militar de la exguerrilla de las Farc. En varios sitios se ve el copamiento que han hecho el Eln, los grupos paramilitares y las disidencias. Allí el estado cuando está presente lo hace con la fuerza pública y no aparece con lo que demandan las comunidades alrededor de servicios de salud, educación, asistencia técnica, crédito agropecuario, mejoramiento de vías, entre otros.

El problema de seguridad originado por el accionar violento de los grupos armados irregulares se ha vuelto nuevamente un dolor de cabeza. Lo que creíamos superado en términos de acciones violentas y delirantes está de regreso, no es sino recordar el reciente carrobomba que estalló en Corinto en el departamento del Cauca, dejando más de medio centenar de heridos.

Ahora está situación vuelve a ser una amenaza en el Tolima. A pesar de las voces de las autoridades departamentales que afirman con vehemencia la inexistencia de grupos irregulares y disidencias de las Farc, los hechos que empieza a registrar la prensa indican lo contrario. Según el Nuevo Día del lunes 4 de abril: “En las últimas horas un hombre fue asesinado en la vereda Berlín, zona rural del municipio de Ataco. Los responsables del hecho serían miembros de la estructura criminal Ismael Ruiz, disidencias de las Farc”.

Este hecho se viene a sumar a una serie de comentarios que se escuchan alrededor de la presencia de grupos armados en el sur del Tolima. La misma prensa regional ha informado de capturas de integrantes de las disidencias de las Farc que tienen el propósito de revivir las estructuras tristemente célebres en nuestro departamento.

Consolidar la seguridad y afianzar una paz estable y duradera sigue siendo el reto en nuestra región. Llevar no solamente fuerza pública sino un estado social a las regiones olvidadas es el camino. La paz se construye con un desarrollo incluyente que trabaje en la superación de las desigualdades y del marginamiento histórico del campo.

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Por: Hugo Rincón González

Las cifras de víctimas crecen vertiginosamente. La Unidad de Atención a las Víctimas en su página web señala que son 9.134.500 las víctimas registradas históricamente. Una cantidad que produce escalofrío si tenemos en cuenta que con seguridad las personas que se suman diariamente por el reciclaje del conflicto armado como desplazados son enormes. Atrás va quedando la imagen de un país que le apostó a la construcción de una paz estable y duradera. Parecen brumosas las imágenes que mostraban un hospital militar sin heridos por la confrontación armada con los grupos irregulares.

Dura realidad la que viven estas personas ahora que se acerca el 9 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, desde que se aprobó la Ley 1448 de 2011. Con esta ley se buscaba “establecer un conjunto de medidas judiciales,  administrativas,  sociales  y  económicas,  individuales  y  colectivas,  en  beneficio  de las víctimas dentro de un marco de  justicia  transicional,  que  posibiliten  hacer  efectivo  el  goce  de  sus  derechos  a  la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición”.

Para un gran número de ellas cuando se les indaga sobre el cumplimiento de esta Ley 1448, manifiestan que la norma no pasa de ser un conjunto de aspectos bien intencionados que no han beneficiado a tanta persona afectada por el conflicto armado. Expresan su inconformismo por las dilaciones en la aplicación de una verdadera y real reparación integral.

No debemos olvidar que la mayoría de las víctimas son campesinos. Ellos fueron testigos silenciosos en sus territorios de la presencia de los diferentes grupos y estructuras armadas ilegales. Eran tildados de ser colaboradores de unos grupos o de otros. Esto generó asesinatos en muchos casos y por ello se vieron obligados a huir, dejando abandonadas sus tierras, animales y cultivos para conservar sus vidas. De esta manera se presentaron los grandes desplazamientos hacia los diferentes centros urbanos de Colombia.

Según varios investigadores, con el fenómeno del desplazamiento se empezó a percibir una gran desolación en los campos y soledad en los pueblos, especialmente los más alejados de la presencia del Estado, esto sin hablar de veredas y parcelas de tierras que fueron aprovechadas por estos grupos armados irregulares para la siembra de cultivos de uso ilícito en la mayor parte de la geografía nacional.

El desplazamiento en muchos casos fue una estrategia de guerra para expulsar grandes grupos de poblaciones, con ésta se impedían las acciones colectivas de solidaridad, se destruyeron redes sociales comunitarias y se aterrorizó a la población civil. Para los grupos armados irregulares sacar la gente era la manera de despejar el territorio para poder así expandir las áreas bajo su dominio y apropiarse de manera ilegal de tierras valiosas.

Este tema tan estudiado por sociólogos e historiadores desafortunadamente se está repitiendo en la actualidad. Lo vemos en el Cauca, Catatumbo, Nariño, Putumayo y el Bajo Cauca Antioqueño. Ante la ausencia y abandono del estado el copamiento de los territorios por grupos armados no se ha hecho esperar. Desgraciadamente volvemos a ver las caravanas de campesinos desplazándose a los centros poblados; las familias caminan con sus hijos pequeños, los pocos animales y enseres que pueden cargar, ante la indolencia del gobierno.

Urge parar la guerra, se requiere detener a los grupos armados irregulares que vuelven a cubrir de sangre los campos de Colombia. Basta ya de la violencia que expulsa a los campesinos generando miles y miles de víctimas por el conflicto armado.

Este próximo 9 de abril debe servir para que toda la sociedad colombiana vuelva sus ojos a las víctimas de esta confrontación fratricida, se requiere la solidaridad con ellas y el compromiso serio de este gobierno que invierte más dinero en la guerra que en la consolidación de la paz.

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Por: Hugo Rincón González

Es consuetudinario en nuestro país que los políticos en campaña mientan a la ciudadanía. Buscan votos y no se paran en mientes en prometer lo que, una vez elegidos, no van a cumplir. Lo hacen en todos los ámbitos: desde el local, pasando por el regional y el nacional. Existe una canción que pinta bien esta situación, se llama A quien engañas abuelo, interpretada por el dueto Silva y Villalba. Habla de los caudillos o políticos “que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos”. Esta historia viene a colación ahora que el presidente Duque quiere “acabar” la coca con la fumigación con glifosato, a como dé lugar.

Atrás quedaron sus promesas de campaña registradas en múltiples videos y notas escritas de prensa. Ante las preguntas sobre si una vez elegido fumigaría con glifosato, el Duque candidato, contestaba con firmeza y sin trastabillar en muchos auditorios, que no lo haría por los impactos sobre la salud y el ambiente. Otra cosa es lo que el Duque presidente ha promovido y quiere implementar: erradicar la coca sin miramientos, a través de la aspersión con este agroquímico que ahora, de repente es inocuo para las personas y la naturaleza.

La revista Semana se solazaba con una noticia donde informaba que el Departamento de Estado había respaldado la lucha antidrogas de Duque basada en la fumigación con glifosato. Según este medio (hoy cuestionado por sus posturas políticas): “El Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de marzo de 2021, respalda la lucha antidrogas de Colombia y defiende una de las principales estrategias de Duque para frenar los cultivos de coca en el país: la aspersión aérea con glifosato, suspendida en el gobierno de Juan Manuel Santos”.

Para el gobierno actual el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- no es y seguramente no será su opción. Seguramente no comulga con los principios definidos en el Decreto 896 del 29 de mayo de 2017 que lo constituyó. No le gusta que el PNIS sea un componente de la reforma rural integral. Tampoco que haya una concertación con las comunidades para que estas abandonen el cultivo. Le debe parecer demasiado exigente y complejo que el programa reconozca las necesidades económicas, culturales y sociales de los territorios y comunidades rurales, además de garantizar la sostenibilidad socioambiental, entre otros.

Esta obcecada postura política de no concertar con las comunidades cocaleras y por el contrario fumigar con glifosato, deja entrever la exacerbación de la conflictividad en los territorios donde se siembra este cultivo. Es bueno que recordemos las gigantescas marchas que se presentaron en 1996 en el gobierno de Samper en contra de la fumigación. En el mes de julio de ese año, miles de campesinos cultivadores de coca, caminando durante muchas horas por caminos de herradura o navegando por caudalosos ríos, se concentraron en varios municipios de Putumayo, exigiendo al gobierno nacional inversión social, suspensión de las fumigaciones con glifosato, su voluntad de sustituir de manera gradual y voluntaria los cultivos de coca a cambio de garantías efectivas para la producción y comercialización agropecuaria.

Estas marchas duraron varios meses, paralizando las actividades comerciales y la producción petrolera, se presentaron múltiples enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos, dejando un número indeterminado de víctimas que aún la historia no logra cuantificar con certeza.

Hoy la situación parece calcada. Colombia sigue siendo el primer productor de coca del mundo. El país le sigue dando la espalda a los territorios cocaleros y desconoce la voz de los habitantes del campo, miles de familias están en contra de que las envenenen con glifosato y la “mata que mata” sigue siendo la opción básica para garantizar el sustento económico de los hogares.

Existen marchas convocadas para el 18 de marzo en el pacífico nariñense contra el uso del glifosato. Su finalidad es rechazar la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Sigue siendo la misma realidad que un campesino expresaba en las marchas de 1996: “aquí la coca ha sido ministerio de educación, de salud, de agricultura. En pocas palabras la mata de coca aquí ha sido el Estado”.

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Por: Hugo Rincón González

El empeño por consolidar la paz en Colombia es el sueño de la gran mayoría de los colombianos. Desde los territorios que son afectados por la reactivación de la violencia se espera que este anhelo se vaya consolidando y que logremos superar las dificultades que hoy se presentan. Si uno escucha las voces de las personas, líderes y lideresas de esas zonas azotadas por el reciclaje de la confrontación armada, permanentemente exigen al gobierno que garantice la seguridad y especialmente el derecho a la vida que se encuentra seriamente amenazado.

Preocupa el asesinato sistemático de los excombatientes de las Farc que le apostaron con su reincorporación a la vida civil, a construir un país mejor dónde ojalá se pueda lograr la aspiración de que la política no esté vinculada con las armas. Según las cifras que se conocen, ya van 252 excombatientes que han caído asesinados, sin que se conozcan los autores materiales e intelectuales de los mismos. Si nos atenemos a lo que dice el gobierno, los causantes son las disidencias de las Farc y los diferentes grupos armados que campean en los territorios sin que el Estado pueda controlarlos.

Intranquiliza que en este proceso de paz no se haya logrado la circunscripción especial para las víctimas. Más de una vez se ha tramitado en el congreso y, quienes se oponen a la misma, despachan la discusión afirmando que estas curules irán a parar en las manos de las Farc. Se buscaba que los más afectados por la guerra que viven en la Colombia olvidada tuvieran una representación y que sus voces fueran escuchadas para que de esta manera se pudieran tramitar sus propuestas.

Alarma que copiosos recursos financieros para la paz aportados por la cooperación internacional sean usados para la propaganda del gobierno del presidente Duque. El escándalo que esto suscitó cuando se conoció esta noticia pasó a segundo plano y simplemente estos dineros tan importantes para consolidar una paz estable y duradera siguen gastándose en el mejoramiento de la imagen del primer mandatario.

Genera sobresalto que el partido de gobierno quiera volver a dirigir su artillería en contra de la JEP, acusándola de generar impunidad mientras que la comunidad internacional reivindica su trabajo y la colocan como un referente en justicia transicional en los procesos de paz. Está por verse si enredarán nuevamente la discusión de la agenda legislativa en contravía de otros temas que el congreso debería tratar y trabajar.

No obstante, lo anterior que tiene que ver con el clima interno de crispación de sectores en contravía de la paz que contrasta con los vientos refrescantes que vienen del ámbito internacional. Primero, el cambio de la política estadounidense con el presidente Biden, que manifiesta explícitamente su interés en trabajar por la implementación de los acuerdos de paz y la defensa de los derechos humanos. Seguramente esto impactará sobre la política del gobierno Duque que no ha tenido un compromiso integral con los acuerdos y que ha desatendido la urgencia de consolidar la seguridad en los territorios para que cesen las amenazas, asesinato de líderes y las masacres.

Segundo, el renovado compromiso de la Unión Europea que acaba de anunciar que destinará 8,5 millones de euros para el acceso integral a la tierra en Colombia a través del Fondo Europeo para la Paz. Estos recursos serán ejecutados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como parte del proyecto «Tierra y territorios sostenibles para la paz», con el que se busca apoyar la Reforma Rural Integral consignada en el Acuerdo de Paz que firmaron el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016.

Sin duda la construcción de la paz no está exenta de clivajes. Se necesita mucho tiempo para hacerla real. Sin embargo, si seguimos aunando esfuerzos entre los colombianos que la anhelamos junto con la cooperación internacional, conseguiremos su consolidación por el bien de todos nosotros.

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Por: Hugo Rincón González

Nuestra sociedad está enferma de odio y la pugnacidad ha llegado a extremos impensables. El mecanismo para resolver cualquier tipo de conflictos sigue siendo la violencia, dirigida a eliminar físicamente al contradictor por cualquier diferencia así esta sea una nimiedad. Colombia es un país que se desliza al abismo de una violencia sin fin. No es sino ver lo que circula en las redes sociales para evidenciar el nivel de degradación de las contradicciones y las diferencias. Desde allí se instiga, se señala, se estigmatiza al diferente y se auspician acciones delirantes como ya vimos que pasó en los Estados Unidos con el asalto al capitolio donde se reunía el congreso de esa nación para ratificar la elección del nuevo presidente.

Es pavoroso por decir lo menos lo que sucede con la amenaza y asesinato de los líderes sociales y ambientales. Los auspiciadores de la violencia no se detienen ante nada. No se respeta ninguna condición, da lo mismo que la persona sea hombre o mujer, campesino, indígena o afrodescendiente, niño o niña. Para la muestra tenemos la amenaza al niño ambientalista Francisco Vera Manzanares, activista que defiende nuestros recursos naturales. En un trino desde una de esas cuentas que se crean para escupir odio expresan su intención de torturarlo y liquidarlo. Parece una locura salida del guión de una película de terror, donde cualquier acción violenta puede suceder.

Para algunos extremistas intolerantes, sólo se deberían permitir las expresiones que ellos comparten. No quieren permitir ni siquiera que los niños expresen su sentir, sin embargo, el niño Francisco Vera sobre lo que le ha acontecido ha manifestado: “Luego de leer algunos comentarios tan desagradables que han hecho algunas personas sobre un vídeo que subí hace unos días entiendo, en parte, por qué es tan difícil intentar aportar al país. Desde aquí seguiré poniendo mi ciudadanía a favor de la vida”.

Otro caso tremendamente doloroso de la degradación de la violencia fue el asesinato del líder ambientalista de la Fundación Proaves, Gonzalo Cardona, defensor del loro orejiamarillo y su hábitat. Tuve la fortuna de conocerlo cuando con un grupo de profesionales del equipo de Tolipaz fuimos a conocer el páramo de la Yerbabuena en el municipio de Roncesvalles. Pudimos apreciar su pasión y amor en la defensa de este ecosistema estratégico. Hablaba de la importancia de los páramos en la conservación del recurso hídrico, de su riqueza en biodiversidad y en la necesidad de cuidar la especie referida que se volvió el emblema de ese territorio.

Su labor era básicamente la de un educador ambiental que siente y vive lo que le acontece a la naturaleza. Como líder participó en procesos de formulación de propuestas colectivas en pro de su territorio. ¿A quién no le servía este trabajo? ¿Quiénes sentían incomodidad por esta labor? ¿Por qué lo asesinaron? Con este crimen Colombia seguirá ocupando el vergonzoso primer lugar como país donde más asesinan personas por defender el ambiente como lo señaló la ONG británica Global Witness. Todo estos sucesos se presentan, mientras la ratificación del acuerdo de Escazú para proteger a los líderes ambientales y firmado por el actual gobierno, acaba de naufragar en el Congreso. Vuelvo a preguntar: ¿Por qué los congresistas hundieron este acuerdo? ¿Qué intereses realmente están defendiendo?

Ante esta circunstancia es necesario volver a reivindicar la necesidad de defender la paz en los territorios, de exigir el castigo a los responsables materiales e intelectuales, de cuidar a los líderes y a las comunidades que se encuentran a merced de los grupos irregulares que ocupan los espacios que el estado no ha sido capaz de copar y defender. Se requiere trazar unas rutas de protección construidas participativamente con las organizaciones para garantizar la vida de las personas y de las mismas organizaciones.

Que el delirio de la violencia no nos impida trabajar por el perdón, la reconciliación y una paz estable y duradera para todos.

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Imagen tomada de www.humanidadvigente.net

Por: Hugo Rincón González

 La situación de crispación en la que viven muchas regiones producto de la polarización, el reciclaje de la confrontación armada y los innumerables conflictos sociales en los territorios ponen de presente la necesidad de trabajar en la resolución de estas conflictividades. Vemos en los medios de comunicación la delicada situación que se presenta en la zona esmeraldera de Boyacá. Según éstos, la invasión de guaqueros a las minas de esmeraldas privadas ha generado un polvorín que ya ha tenido estallidos violentos con enfrentamientos entre ellos, el ESMAD y los empresarios.

Este lunes 30 de noviembre se creó una mesa de diálogo entre guaqueros, autoridades locales y departamentales, empresas esmeralderas, una comisión del alto gobierno encabezada por el Ministerio de Minas y el Programa de Desarrollo y Paz de Boyacá, Boyapaz, entidad hermana del Programa de Desarrollo y Paz del Tolima y su ente gestor Tolipaz.

Esta circunstancia que ahora mismo se presenta en Boyacá donde se promueven conversaciones entre personas y grupos diferentes en contextos polarizados en función de buscar una estrategia en común para lograr transformaciones de largo aliento, es lo que se conoce como diálogos de improbables, una metodología desarrollada por John Paul Lederach, un académico estadounidense, especialista en mediación de conflictos.

Este tipo de diálogos se soportan en diez principios que se han trabajado en algunos programas de desarrollo y paz como el del Cesar y sería útil tenerlos en cuenta en medio de la polarización existente en nuestro país y cuando sea necesario en nuestra región, donde es posible que emerjan conflictividades generadas especialmente por los proyectos minero-energéticos en varias zonas.

Dentro de estos principios se destacan en un primer bloque: 1) la vida es sagrada, por lo tanto se debe respetar en todas sus manifestaciones por encima de cualquier interés o justificación; 2) la NO-violencia es la opción, de tal manera que se condena la violencia en todas sus expresiones, venga de donde venga y debe rechazarse como método para resolver los conflictos sociales; 3) las diferencias son nuestra mayor riqueza, por ello se debe proteger el derecho que tiene cada uno a expresar sus ideas y a disentir, sin que ello traiga señalamiento, discriminación o censura; 4) el diálogo es el camino para la convivencia, éste debe ser sincero y respetuoso; 5) la participación fortalece la democracia, con ella se reconstruye la confianza, el pluralismo, la inclusión y la solidaridad.

En un segundo bloque de principios están: 6) la promoción del pensamiento crítico, reflexivo e innovador frente a las diversas realidades; 7) lo público se respeta, reivindicando el bienestar colectivo sobre el particular; 8) la igualdad de derechos, reconociendo y respetando a las personas, los pueblos y grupos poblacionales; 9) la naturaleza se respeta para garantizar la conservación y recuperación del ambiente; y, 10) la cultura como fuente de cohesión que permite la reconstrucción de la confianza y el tejido social.

Estos principios presentados surgieron del diálogo de improbables del Cesar, sin embargo, en cada región podrían surgir otros que sean el producto de una conversación, en la que se va paso a paso para que los distintos actores encuentren puntos de coincidencia hasta lograr la capacidad de soñar un futuro juntos.

En sociedades polarizadas para establecer los diálogos de improbables, es necesario identificar quién tiene la confianza de las partes que están en conflicto. Se necesita, por tanto, encontrar personas allegadas a los grupos enfrentados, sin tener que sentar a la mesa de conversación a los principales en disputa. Se debe avanzar en la construcción de confianza como un elemento clave, de esta manera, aunque exista polarización en la mesa de negociación se cultiva el terreno del diálogo.

La metodología de diálogo de improbables se viene trabajando en varias regiones desde los programas de desarrollo y paz, es un instrumento para resolver los conflictos y debemos tenerla en la mira para implementarla en nuestro departamento cuando emerjan conflictividades que han estado latentes. Hay varias experiencias que se vienen consolidando con las cuales podríamos hacer intercambio de conocimientos para fortalecer la convivencia y la reconciliación.

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Por: Hugo Rincón González

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno del entonces presidente Santos y la guerrilla de las Farc. Han pasado 4 años de ese hecho que, sin duda, es un hito histórico en la búsqueda de la reconciliación y la convivencia entre los colombianos. Se debe recordar que el documento firmado fue el producto de la renegociación que se dio con los promotores del NO que se habían impuesto en el plebiscito del 2 de octubre de ese mismo año. Desde esa época hasta el momento presente han pasado muchas cosas que vale la pena analizar, especialmente ahora que se hace un balance de todo este periodo.

Hay que decir que el Acuerdo produjo una sensación de esperanza y optimismo en las comunidades de los territorios más afectados por el conflicto armado. No era poca cosa que se hubieran desmovilizado más de 12.000 hombres en armas que en el contexto de la confrontación causaron dolor, desplazamiento y muchos hechos victimizantes en su confrontación con los grupos paramilitares y la fuerza pública.

El hecho de que esta guerrilla se transformara en partido político y se comprometiera a no usar las armas para ejercer su actividad política, era una ganancia innegable de este proceso. Esto redundó en una disminución de la violencia y la reducción de las muertes violentas originadas por el conflicto armado con este actor armado. Fue tan notorio este hecho que el hospital militar, luego de la firma, no volvió a tener ese número importante de soldados mutilados por efecto de esta confrontación.

Este primer momento de la implementación se complejizó cuando el partido que había liderado la campaña del NO en el plebiscito y que había anunciado hacer trizas la paz llegó al gobierno. Desde ese momento se empezó a sentir un ambiente distinto frente al cumplimiento de los acuerdos. Desde el ejecutivo se obstinaron en torpedear la Jurisdicción Especial de Paz JEP mediante la objeción a su ley estatutaria y se hizo sentir un freno a toda la dinámica que se traía. La intención de obstaculizar la JEP no desaparece y persiste el interés de acabarla a pesar de que desde la comunidad internacional se apoya su trabajo y sus resultados.

Otro hecho clave y negativo en este proceso tuvo que ver con el abandono de parte de un sector de exguerrilleros del proceso de paz por las acusaciones de narcotráfico a Jesús Santrich. Alegando que se había cometido perfidia en contra del interés de aclimatar la convivencia en el país, se marginaron Iván Márquez y otros comandantes, creando la disidencia de las Farc. Sin duda un error mayúsculo que fortalece las posturas guerreristas de quienes están interesados en resucitar este grupo para hacer seguir cabalgando sobre el miedo a los colombianos.

Hay cosas que no despegaron como la circunscripción especial de paz que le daría la oportunidad de la participación política a las víctimas. Los partidos políticos mayoritarios en el congreso cerraron filas y estigmatizándola como “curules para las Farc”, hundieron en repetidas ocasiones esta iniciativa.

Lo más preocupante en estos 4 años ha sido el aumento pavoroso y dramático del asesinato de líderes y excombatientes sobre los cuales no hay mayor esclarecimiento. Es cierto que estos ocurren en territorios con presencia de cultivos ilícitos, pero es deber del Estado hacer presencia en todo el territorio nacional y garantizar la vida de todos los ciudadanos. Los innumerables consejos de seguridad y los pronunciamientos casi mecánicos de las autoridades no logran frenar este fenómeno.

A lo anterior y especialmente durante este año se le viene a sumar una espantosa ola de masacres en muchas regiones. A pesar del interés de llamarlas eufemísticamente como “homicidios colectivos”, éstas siguen presentándose de una manera continua generando terror en los territorios.

Son cuatro años del acuerdo de paz más ambicioso de la historia del país y así a algunos no les guste, es preferible una paz imperfecta que una guerra fratricida perfecta. Debemos mantener la esperanza en la posibilidad del perdón, la reconciliación y la convivencia entre los colombianos.

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Por: Hugo Rincón González

Se empieza a conocer la nueva encíclica papal “Fratelli Tutti”, la encíclica social del Papa Francisco. En medio de un mundo cruzado por el caos, la violencia, la desigualdad, la concentración de poder en los grandes grupos económicos, las plagas, enfermedades y la pobreza, la Encíclica hace un llamado a promover una aspiración mundial a la fraternidad y la amistad social. Todos nosotros tenemos en común que pertenecemos a la familia humana, debemos reconocernos como hermanos hijos de un solo Creador. Navegamos en un mar embravecido en el mismo barco y por tanto debemos entender y tomar conciencia que en un mundo globalizado e interconectado sólo podemos salvarnos juntos.

En buena hora aparece esta reflexión profunda del Papa. Reivindica elementos fundamentales como el bien común y la dignidad humana. Refiere que la fraternidad debe promoverse no solamente con palabras sino con hechos, éstos se deben concretar en una mejor política que piense en los excluidos y no solamente en los intereses del sector financiero, que asegure el trabajo para todos y que cada persona pueda desarrollar sus capacidades, además esté dirigida a erradicar el hambre, azote de cientos de millones de personas en el planeta.

Como hablándole a nuestro país, uno de los más desiguales del planeta, el Papa Francisco señala que un mundo más justo se logra promoviendo la paz, ésta no solamente es la ausencia de la guerra, la confrontación fratricida, sino también una obra “artesanal” que debe implicarnos a todos sin excepción. Reivindica la verdad y la reconciliación como elementos que deben ser proactivos, apuntando a la justicia a través del diálogo. El Papa es contundente en la condena a la guerra que genera una negación de todos los derechos y que hoy es inconcebible, ni siquiera en una hipotética forma “justa”, debido al nefasto impacto de las armas contemporáneas contra los civiles inocentes.

Reivindica la necesidad de construir una sociedad fraternal, que promueva la educación para el diálogo que permita a los individuos dar lo mejor de sí pensando en el colectivo y no en el individualismo radical. Precisa que hay dos instrumentos para construir este tipo de sociedad: 1) la benevolencia, entendida como el deseo concreto del bien del otro, y 2) la solidaridad, expresada en el servicio a las personas y no a las ideologías, luchando contra la pobreza y la desigualdad.

Exalta la dignidad como un derecho que no puede ser negado a nadie, independiente de las regiones o países, independiente de donde hayamos nacido todos. Pensando en los migrantes de otras naciones manifiesta que los bienes de los territorios no pueden ser negados a los necesitados que vienen de otro lugar.

Refiere que la mejor política es la mas preciosa forma de la caridad porque está al servicio del bien común y conoce la importancia del pueblo. Una expresión de esta mejor política es la que tutela el trabajo, “una dimensión irrenunciable de la vida social”. La mejor ayuda para un pobre según el Papa Francisco, no es sólo el dinero, que es un remedio temporal, sino el hecho de permitirle vivir una vida digna a través del trabajo.

Coincide el Papa con algunas organizaciones que en la región promueven el desarrollo y la paz al señalar que “La verdadera estrategia de lucha contra la pobreza no tiene por objeto simplemente contener o hacer inofensivos a los indigentes, sino promoverlos desde el punto de vista de la solidaridad y la subsidiariedad”.

Sobre la paz se reitera la relación de la misma con la verdad, la justicia y la misericordia. Su búsqueda debe estar lejos del deseo de venganza y debe tener como objetivo formar una sociedad basada en el servicio a los demás. La paz es un “oficio” que nos involucra a todos y en el que cada uno de nosotros debe desempeñar su papel. La tarea de la paz no da tregua y no termina nunca.

Como Laudato Si que nos llama al cuidado de la casa común esta nueva Encíclica Social es de una enorme carga de profundidad que debemos estudiar y aplicar para construir una mejor sociedad y un mundo mejor.

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