Por: Hugo Rincón González
Nuestra sociedad está enferma de odio y la pugnacidad ha llegado a extremos impensables. El mecanismo para resolver cualquier tipo de conflictos sigue siendo la violencia, dirigida a eliminar físicamente al contradictor por cualquier diferencia así esta sea una nimiedad. Colombia es un país que se desliza al abismo de una violencia sin fin. No es sino ver lo que circula en las redes sociales para evidenciar el nivel de degradación de las contradicciones y las diferencias. Desde allí se instiga, se señala, se estigmatiza al diferente y se auspician acciones delirantes como ya vimos que pasó en los Estados Unidos con el asalto al capitolio donde se reunía el congreso de esa nación para ratificar la elección del nuevo presidente.
Es pavoroso por decir lo menos lo que sucede con la amenaza y asesinato de los líderes sociales y ambientales. Los auspiciadores de la violencia no se detienen ante nada. No se respeta ninguna condición, da lo mismo que la persona sea hombre o mujer, campesino, indígena o afrodescendiente, niño o niña. Para la muestra tenemos la amenaza al niño ambientalista Francisco Vera Manzanares, activista que defiende nuestros recursos naturales. En un trino desde una de esas cuentas que se crean para escupir odio expresan su intención de torturarlo y liquidarlo. Parece una locura salida del guión de una película de terror, donde cualquier acción violenta puede suceder.
Para algunos extremistas intolerantes, sólo se deberían permitir las expresiones que ellos comparten. No quieren permitir ni siquiera que los niños expresen su sentir, sin embargo, el niño Francisco Vera sobre lo que le ha acontecido ha manifestado: “Luego de leer algunos comentarios tan desagradables que han hecho algunas personas sobre un vídeo que subí hace unos días entiendo, en parte, por qué es tan difícil intentar aportar al país. Desde aquí seguiré poniendo mi ciudadanía a favor de la vida”.
Otro caso tremendamente doloroso de la degradación de la violencia fue el asesinato del líder ambientalista de la Fundación Proaves, Gonzalo Cardona, defensor del loro orejiamarillo y su hábitat. Tuve la fortuna de conocerlo cuando con un grupo de profesionales del equipo de Tolipaz fuimos a conocer el páramo de la Yerbabuena en el municipio de Roncesvalles. Pudimos apreciar su pasión y amor en la defensa de este ecosistema estratégico. Hablaba de la importancia de los páramos en la conservación del recurso hídrico, de su riqueza en biodiversidad y en la necesidad de cuidar la especie referida que se volvió el emblema de ese territorio.
Su labor era básicamente la de un educador ambiental que siente y vive lo que le acontece a la naturaleza. Como líder participó en procesos de formulación de propuestas colectivas en pro de su territorio. ¿A quién no le servía este trabajo? ¿Quiénes sentían incomodidad por esta labor? ¿Por qué lo asesinaron? Con este crimen Colombia seguirá ocupando el vergonzoso primer lugar como país donde más asesinan personas por defender el ambiente como lo señaló la ONG británica Global Witness. Todo estos sucesos se presentan, mientras la ratificación del acuerdo de Escazú para proteger a los líderes ambientales y firmado por el actual gobierno, acaba de naufragar en el Congreso. Vuelvo a preguntar: ¿Por qué los congresistas hundieron este acuerdo? ¿Qué intereses realmente están defendiendo?
Ante esta circunstancia es necesario volver a reivindicar la necesidad de defender la paz en los territorios, de exigir el castigo a los responsables materiales e intelectuales, de cuidar a los líderes y a las comunidades que se encuentran a merced de los grupos irregulares que ocupan los espacios que el estado no ha sido capaz de copar y defender. Se requiere trazar unas rutas de protección construidas participativamente con las organizaciones para garantizar la vida de las personas y de las mismas organizaciones.
Que el delirio de la violencia no nos impida trabajar por el perdón, la reconciliación y una paz estable y duradera para todos.