Por: Hugo Rincón González

“Es mejor ser rico que pobre” decía nuestro insigne excampeón mundial de boxeo Kid Pambelé. No es lo mismo ser de “buena familia” que un ilustre desconocido. Sucede en cada caso que uno observa. Las ayudas en la pandemia por ejemplo, fueron para el poderoso sector financiero y no para los informales o las pequeñas y medianas empresas. Como publicó el diario La República, hasta el mes de octubre de 2020 el dato de utilidades acumuladas del sistema financiero sumó $24,17 billones, una cifra astronómica e inmoral que pone de presente las asimetrías y las desigualdades en este país. En un momento en que se dispara la pobreza, los bancos son los que más ganan.

Y es que en este país el tema de la desigualdad brota por todos los poros. Las escenas que se han visto en varias ciudades con los vendedores ambulantes y los abusos que sufren por parte de la policía son una muestra de ese fenómeno. El caso que apreciamos por las redes sociales de un joven en Bogotá, que ante la inminencia de un comparendo por el uso del espacio público decide el mismo voltear su vehículo lleno de mercancías y manifestar con profundo dolor: “yo mi carro no me lo voy a dejar llevar”. Eso sin mencionar que el hecho ocurrió luego de pasar la alcaldesa de la ciudad con sus escoltas, ordenándole ella misma que se retirara. Si eso lo expresa quien dice que administra una ciudad “cuidadora”, qué más podría esperarse.

En este mundo contemporáneo plagado de desigualdades, miremos un momento el caso de las vacunas y la manera en que se han negociado por parte de los países ricos en detrimento de los países pobres. Según informaciones periodísticas el caso raya en el acaparamiento. Las naciones poderosas han adquirido vacunas para inmunizar hasta tres veces su población, mientras que más de 70 estados miserables solamente podrán vacunar una de cada diez personas si no se toman medidas urgentes. Canadá es ejemplo emblemático: cinco vacunas por cada ciudadano. ¿Y Colombia? “Seamos pacientes y comprensivos con el gobierno” dicen sus áulicos, que la inmunización ya vendrá.

Las desigualdades se dan también estructuralmente y en esta coyuntura crítica entre lo urbano y lo rural. Para mencionar un hecho: Lo que ocurre con los procesos educativos obligados a ser remotos por la pandemia. Una cosa es la situación que se vive en las ciudades dónde las familias tienen conectividad y además algunas de ellas tienen dos y tres computadores para que la mayoría de miembros de la misma puedan trabajar y estudiar desde su residencia y otra muy diferente sucede en el campo en dónde las familias no tienen internet y escasamente dependen de un teléfono celular muchas veces sin planes de datos apropiados para poder lograr que sus hijos estudien.

He sido testigo del esfuerzo inmenso de docentes del sector rural que en preescolar sin conocer a sus estudiantes, escuchan a los padres decir que solamente tienen un celular para la familia, sumando a esta circunstancia que tienen varios hijos estudiando. ¿Cómo pretende una sociedad como la nuestra lograr igualdad de oportunidades con estas personas? Familias sin conectividad, sin planes de datos apropiados y con muchos hijos esperando sus clases de una manera remota. Razón tienen muchos especialistas cuando afirman con preocupación que es imperativo volver a las aulas, por supuesto con las medidas de bioseguridad garantizadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Este mismo esfuerzo lo he visto también en líderes y lideresas que participan en procesos sociales. Además de invertir su tiempo y sus esfuerzos en participar, deben hacer maromas trepando en árboles o subiendo a las partes altas de sus fincas para poder conectarse y lograr una comunicación medianamente adecuada.

Pambelé debería ser reconocido como un filósofo nacional, en su manera sencilla nos alertaba del riesgo de las desigualdades, esas que debemos superar para ser una sociedad viable y pacífica. Una sociedad incluyente y equitativa debe ser el sueño que debemos perseguir.

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Imagen tomada de www.educacioncontinua.uniandes.edu.co

Por: Hugo Rincón González

La pandemia por el coronavirus que vino para quedarse un tiempo nos ha cambiado la vida a todos. Incluso los sectores económicos, sociales y políticos se han visto afectados por ella. Ante el tremendo riesgo que implica que no se respete el distanciamiento social, el uso de mascarillas adecuadas y el constante lavado de manos, se ha optado por la modalidad del trabajo remoto que algunos llaman virtual.

La pandemia nos metió de lleno en la transformación digital a favor de las empresas y del desarrollo de innumerables actividades. Ha tenido el universo, afectado por el coronavirus, que adaptarse a una nueva manera de hacer las cosas. Vemos por ejemplo a las instituciones educativas haciendo lo posible y más para poder seguir cumpliendo con su trabajo. Niños, niñas y adolescentes concentrados horas y horas al frente de la pantalla de su computador tratando de asimilar contenidos lo máximo posible porque la presencialidad se vuelve un imposible. Ante el riesgo del contagio la gente asume el principio de la precaución evitando al máximo encontrarse y compartir con otros.

Digo que la pandemia nos ha afectado a todos porque es una realidad. En lo social y aquí me refiero concretamente al trabajo que realizan las organizaciones promotoras del desarrollo en diferentes municipios, la situación cambió sustancialmente. Antes, estas instituciones con sus profesionales hacían presencia en los territorios, interactuaban con las personas y las expresiones comunitarias de cada municipalidad. Generaban dinámicas participativas, promovían el fortalecimiento del capital social, la incidencia en los planes de desarrollo y realizaban procesos formativos con campesinos, indígenas y otros sectores sociales.

Luego de la irrupción de la covid-19 en el mes de marzo, en lo social todo cambió. No es posible realizar reuniones presenciales con las comunidades y esto por supuesto afectó los procesos que venían promoviéndose. Es impensable que se ingrese a los municipios se desarrolle alguna actividad y se salga a hacer esta en otra entidad territorial. Las medidas que han tomado los alcaldes para prevenir mayores contagios hace que las actividades de promoción social hayan casi desaparecido.

Sin embargo y ante la dificultad innegable que genera el problema de salud pública existente, los procesos sociales luchan para mantener su presencia y su dinámica con las organizaciones en sus territorios. Debo resaltar lo que vienen haciendo varias de estas instituciones promotoras del desarrollo que no se dieron por vencidas y lograron acuerdos con las expresiones comunitarias para mantener su presencia virtual y no dejar decaer las iniciativas que venían impulsando.

Hoy podemos decir que lo social se mantiene en medio de esta compleja circunstancia. Ya vemos y escuchamos a los pobladores populares de los territorios en dinámicas del trabajo remoto o virtual. Siguen los procesos de fortalecimiento, la participación de las organizaciones comunitarias en convocatorias públicas y su obstinación por seguir en actividades formativas.

Algunas instituciones promotoras del desarrollo en este periodo han producido cartillas, podcasts, videos y grupos de chat para mantener el contacto con las expresiones organizativas de los municipios. Es emocionante participar de estos grupos con campesinos, mujeres rurales y jóvenes. Refieren mil dificultades e igual número de peripecias para mantener el contacto y no perderse la actividad virtual programada.

Son ejemplo de que cuando se quiere se puede. Queda para el gobierno nacional, departamental y municipales el inmenso desafío de generar unas mejores condiciones de conectividad para que esta pandemia no siga ampliando la pavorosa desigualdad que vivimos. No es posible que sigamos escuchando que un campesino tuvo que subirse a la parte más alta de un árbol de su finca para poder seguir accediendo a la reunión virtual que se realizaba.

La virtualidad se aceleró con la pandemia. Hagamos que todos sin excepciones tengamos la posibilidad de acceder a los últimos desarrollos de la tecnología para seguir creciendo como personas, grupos y sociedad. Debemos posibilitar que la virtualidad sea una condición de inclusión y no de exclusión.

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Imagen tomada de www.uexternado.edu.co

Por: Hugo Rincón González

El tema del desarrollo que inquieta y anima a tantos, debería ser de interés de todos los actores de un territorio. En la actualidad, se agita la discusión en varios escenarios virtuales convocando expertos académicos para que piensen y propongan ideas acerca de la recuperación económica. Se les indaga por el papel que los diferentes sectores sociales deberían jugar en un periodo como el que vivimos. Analizan roles y articulaciones. En toda este debate se inquiere por los gobiernos, empresarios, academia, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones sociales hasta llegar a la cooperación internacional.

Ésta ha sido promotora del desarrollo de las regiones en el país con diferentes énfasis. Han apoyado brindando cooperación técnica y financiera. En columnas anteriores he referido que los grandes cooperantes han sido la Unión Europea y la cooperación de los Estados Unidos a través de los operadores de la USAID.

¿Qué podría pasar con la cooperación internacional que ha sido importante en el país? La respuesta que se escucha está cruzada por la incertidumbre. Se dice que ésta iba de salida del país teniendo en cuenta que somos una nación de renta media. Hay regiones como África y Asia que la necesitan más que nosotros y por ello se especula que podría virar hacia esas regiones.

La pandemia puso en evidencia que estamos interconectados profundamente y que en ese contexto la vulnerabilidad sea compartida. Se creía que los países del norte eran sólidos y ricos, teniendo recursos importantes para ayudar a los del sur como venía ocurriendo, sin embargo, la afectación del virus también los ha tocado generando unos efectos inimaginables. Por mencionar uno que se refería: en España 700 mil personas han caído en la pobreza extrema y el Estado debe preocuparse por ellas y orientar sus ayudas.

Habrá muy seguramente una reducción de los fondos de la cooperación internacional hacia Colombia. Muchos de ellos se orientarán para la generación de empleo y la recuperación económica de los países cooperantes. Aún así también se menciona que estas ayudas no desaparecerán totalmente. Se orientarán para aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud pública y la reactivación económica. Una paradoja que se puede presentar es que entre más nos afecte la pandemia probablemente mayor sería el respaldo de esta cooperación.

Un aspecto en el que los expertos consultados coinciden se mantendrá, es en el apoyo del proceso de paz en Colombia. Hoy más que nunca los países cooperantes entienden la importancia de hacerlo. La amenaza y asesinato de líderes, el reciclaje del conflicto en varias regiones, la consolidación del fenómeno narcoparamilitar y el incumplimiento de varios de los aspectos que aparecen en el acuerdo logrado entre el gobierno anterior y las Farc, son poderosos elementos que los motivan a hacerlo.

A pesar de que ellos entienden que muchas veces el gobierno actual no los ve con buenos ojos al señalar esta cooperación como injerencia en los asuntos internos, persisten por el compromiso que tienen y el interés de que se consolide una paz que sea estable y duradera. Su apuesta es la consolidación del proceso de paz, su éxito como condición fundamental para que la ayuda técnica y financiera continúe.

El énfasis que van a colocar es en la generación de capacidades y autosuficiencia para que los actores del territorio sean capaces de promover un desarrollo endógeno. Se busca su fortalecimiento, empoderamiento y que puedan así sacar adelante la reactivación económica, el sistema de salud pública, la reforma rural, la educación entre otros. Fortalecer la institucionalidad pública y la sociedad civil serán claves.

Todos estos cambios que viven y vivirá la cooperación internacional afecta en gran medida a las organizaciones sociales y las entidades sin ánimo de lucro que han realizado unos extraordinarios trabajos con este apoyo. Vienen tiempos difíciles para ellos. Convendría que el gobierno nacional y los territoriales entiendan que estos son unos importantes aliados para avanzar en la senda del desarrollo regional y como tales los apoye como a tantos sectores que se han visto afectados negativamente por esta pandemia.

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Por: Hugo Rincón González

Nuestra sociedad como expresaba un escritor latinoamericano se mueve entre dos extremos, por un lado, los que se mueren de hambre y por el otro los que fallecen por indigestión. Hay una población cercana a los 900 millones de personas que viven sofocadas por la hambruna, -cifra que podría crecer de una manera alarmante como consecuencia de la pandemia-, y una otra parecida de gente que sufre de obesidad por sus malos hábitos alimenticios.

A la par de imágenes delirantes de personas saqueando camiones con alimentos y supermercados en algunas regiones sin que la fuerza pública pueda hacer algo para impedirlo, también se ven escenas lamentables de desperdicio de comida que fácilmente podrían garantizar una alimentación adecuada y suficiente para los que sufren de hambre.

No obstante estos contrastes, lo que es incuestionable es el enorme riesgo que existe de una hambruna. La ONU en los últimos años viene promoviendo insistentemente la imperativa necesidad de producir alimentos para garantizar el acceso a ellos de toda la humanidad. Orienta que éstos deben ser relacionados con la producción agrícola y de peces, ya sea con la piscicultura o con la explotación de este sector en los océanos. Aquí la consigna debe ser: alimentos para todos y no que estos se produzcan y lleguen a unos pocos.

Este contexto nos pone de presente la importancia de reivindicar la soberanía alimentaria, un concepto que a algunos neoliberales no les gusta pero que es necesario reivindicar. Surgido en 1996 de una organización social (Vía Campesina), fue presentado en la Cumbre Mundial de la Alimentación en la ciudad de Roma.

¿Pero por qué no gusta a ciertos sectores el concepto? ¿Por qué dicen que es un concepto ideológico y que es poesía? Las respuestas están en los pilares en los que se centra, aquí algunos de ellos: 1) Se centra en los alimentos para los pueblos. Enfatiza en que la comida es algo más que una mercancía y pone la necesidad de la alimentación de las personas en el centro de las políticas. 2) Pone el valor en los proveedores de alimentos, apoya los modos sostenibles y defiende el trabajo de los campesinos. 3) Sitúa el control en manos de proveedores locales de alimentos y rechaza la privatización de los recursos naturales.

Además, se rechaza el dumping, la dependencia de corporaciones y transnacionales que controlan los agroinsumos. Los promotores de la soberanía alimentaria reclaman la reforma agraria, defienden la biodiversidad, la autonomía y la cooperación y el fortalecimiento de los mercados locales.

En la década anterior fue importante una campaña promovida por un grupo de ONG´s ambientalistas denominada SALSA por la soberanía y la seguridad alimentaria. Se desarrolló en todo el país impulsando el derecho humano fundamental a una alimentación sana. Llamó la atención sobre la cantidad de alimentos que el país importaba y que podríamos producir como la arveja, garbanzos, lenteja, cebada, trigo, soya y sorgo. En su desarrollo se rescataba el saber de la comunidad campesina y la necesidad de ejercer control sobre el agua y el territorio.

La soberanía alimentaria es una necesidad en el país y nuestra región en estos tiempos, por ello conviene que promovamos nuevamente una campaña como la referida que impulse la economía campesina y su agricultura familiar haciendo que nuestra gente del campo emprenda procesos de reconversión productiva, sembrando hortalizas y cultivos de pancoger para la alimentación de ellos mismos y los mercados locales. Se fortalezcan los mercados campesinos que permitan que los productos lleguen de la finca a la mesa y se robustezcan las organizaciones de productores.

Estas iniciativas deberían tenerse en cuenta por los entes territoriales ahora que se han aprobado sus planes de desarrollo. En el campo está la opción de generar el alimento que requiere nuestra sociedad local y regional, para que cuando lleguen los productos a las plazas de mercado y centros de acopio podamos decir lo que expresó un campesino viendo tanta abundancia de comida: “…carajo, en este país no debería existir el hambre”.

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Imagen tomada de www.dianova.org

Por: Hugo Rincón González

En nuestro país se han escuchado muchas voces de plurales actores solicitando apoyo y ayuda del gobierno para atender la crisis que ha generado la pandemia por el Covid-19. Piden auxilio los empresarios, el sector aeronáutico, los comerciantes, constructores, restaurantes, vendedores ambulantes, iglesias cristianas y hasta la Dimayor, que aboga por el interés del fútbol profesional colombiano, manejado por algunos vivaces dirigentes.

Los más necesitados realmente son las comunidades históricamente excluidas del desarrollo, las que viven en los barrios populares y en la zona rural de esa Colombia olvidada que es sacudida permanentemente por la violencia. Sus voces habitualmente no son escuchadas por las grandes cadenas de los medios de comunicación y en esta coyuntura se vuelven visibles a través de los trapos rojos que cuelgan en sus casas indicando que están pasando por una hambruna dramática.

La atención a estas necesidades la viene haciendo básicamente el Gobierno nacional y los entes territoriales a través de sus respectivas administraciones, con unos resultados bastante cuestionables en clave de sobrecostos por la corrupción rampante que se presenta. Ya los entes de control nos informaron de los primeros resultados de las investigaciones que vienen realizando, donde queda de presente el inmoral manejo que vienen haciendo de los recursos públicos.

En este trabajo de ayuda en esta crisis hay un actor que ha jugado un papel marginal y que podría potenciarse si hubiese voluntad política: el tercer sector, conformado por las entidades sin ánimo de lucro y las organizaciones sociales que deberían jugar un rol más significativo. Como ellas mismas mencionan en una declaración: “Nuestro sector es un aliado formidable y un par ideal para atender la emergencia actual, para paliar sus efectos y para contribuir a la reconstrucción del tejido social en los territorios y de la vida económica, social y cultural. Tenemos la disposición, la vocación y el deseo de contribuir con este propósito nacional”.

A lo largo y ancho del país están presentes. Son entidades privadas, no son parte del sector público gubernamental, lo que les otorga una condición de independencia política a la hora de trabajar por el desarrollo de su misión. Si hubiera voluntad de los gobiernos locales y regionales, los empresarios y la cooperación internacional, este tercer sector jugaría un papel estratégico en la recuperación de las comunidades en los territorios.

En el contexto de las propuestas de los diferentes actores del país, hay dos que quiero reproducir del tercer sector que considero pertinentes: 1) “aumentar los incentivos al sector privado para mantener las donaciones que realizan a las organizaciones sociales durante y después de la emergencia, mejorando, por ejemplo, el beneficio por descuento tributario si continúan haciendo los mismos aportes a dichas entidades, y con un incentivo similar para nuevos aportes a diferentes organizaciones sociales luego de la emergencia”.

Y, 2) “incorporar de manera expresa a las organizaciones sociales como actores y/o beneficiarias en las reglamentaciones derivadas de las disposiciones y medidas expedidas con ocasión de la Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Si esto se lograra podría tenerse una mayor cobertura, mayor efectividad, transparencia y participación en los procesos asociados a la crisis que genera la pandemia y una vez finalice la misma. Dos muestras que sirven para ilustrar esta afirmación: 1) el trabajo que realiza la Pastoral Social en el marco de la doctrina social de la iglesia, y 2) la labor que realizan los programas de desarrollo y paz en más de 530 municipios del país.

Parodiando a un político retirado: “dejen jugar al tercer sector”. Permitamos que sea depositario de la confianza para que sigan realizando el trabajo de fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias, convoquémoslo para que aúne esfuerzos con el gobierno, sector empresarial y cooperación internacional para el trabajo en esta coyuntura y para un futuro que debe ser diferente, más inclusivo, democrático y solidario.

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Imagen tomada de www.pacifista.tv

Por: Hugo Rincón González

El país y el mundo siguen viéndose en enormes dificultades de salud pública desde que el descomunal desafío que supone el Covid-19 se hizo presente. En el mes de marzo un buen número de países, entre ellos Colombia, adoptó una estrategia de confinamiento buscando disminuir el contacto social que menguara la posibilidad de contagio entre las personas. En nuestra nación se promulgó el decreto 457 por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia y el mantenimiento del orden público.

Aparentemente todos entramos a considerar que lo más importante en el país era el autocuidado y el cuidado de los demás, bajo el entendido que nuestra sociedad no tenía otra opción que concentrarse en resolver la pandemia que hoy nos amenaza. Sin embargo, lejos estábamos de entender que para algunos sectores e individuos, su intención de destruir y asesinar está por encima de cualquier precepto humano de respeto a la vida.

Así pues, desde el 25 de marzo, no cesan los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc en muchas de las regiones que han sido azotadas históricamente por la violencia. Ha venido ocurriendo en el Cauca, un departamento que es un verdadero polvorín con disidencias de las Farc, Eln y narcotraficantes de todo pelaje que se confrontan entre sí por el control de las rutas del narcotráfico, mientras que las fuerzas armadas se muestran incapaces de mantener el orden público en el territorio. La muerte ha hecho presencia también en departamentos como Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Tolima, donde fue ultimado un exguerrillero de las Farc en el municipio de Ataco.

Los asesinos no se paran en mientes. No respetan condición alguna. No les importa si sus víctimas son mujeres, indígenas, campesinos o niños. Hemos visto por los medios de comunicación que la violencia se enseñorea y busca consolidar la estrategia del terror y el miedo. Si el gobierno se muestra incapaz en esta pandemia de controlar la corrupción exacerbada que emerge en todas partes en el contexto de las ayudas humanitarias, menos competencia e interés ha tenido en frenar esta orgía macabra que enluta muchos hogares de la Colombia olvidada.

Ha sido tan pusilánime la actitud del gobierno en parar esta violencia que en una intervención desafortunada la Ministra del Interior tuvo la desfachatez de expresar que “asesinan más personas por robarles un celular que por ser líderes sociales” que representan los intereses de las comunidades más vulnerables.

En medio de este lúgubre contexto, la pandemia ha servido también para que el Eln desde el 29 de marzo y por un mes decretara un cese unilateral del fuego. Este es sin duda un acto que se esperaba de todos los actores generadores de violencia en el país y no la continuación de la violencia fratricida que vemos en las regiones.

La pandemia debería ser también una generadora de profundas reflexiones y momentos de paz para los colombianos. El cese del fuego unilateral del Eln por un mes, que ojalá se prolongue, debería ser el recomienzo de un proceso de negociación política que desemboque en una dejación de armas, que propicie la posibilidad de avanzar en la construcción de una sociedad donde la convivencia y la reconciliación sean posibles.

Desde todas las orillas se reclama un cambio en estos momentos, que la pandemia sea el punto de inflexión para profundos replanteamientos en los seres humanos y la sociedad. Es el momento de dejar atrás la violencia como mecanismo para resolver nuestros conflictos por nimios que sean, es el tiempo de avanzar en la reconciliación, de desdeñar todo tipo de agresiones y amenazas para avanzar en la construcción de una posibilidad de vida más humana, buena y bella.

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Por: Yulima Arias

Medina de las Torres del Chaparral de los Reyes llamada también la capital del sur del Tolima; un municipio con mucha diversidad de climas, rico en flora, fauna y recursos hídricos, con una población aproximada de 48.000 habitantes (datos del 2017). De actividad agropecuaria, donde el café es el pilar de su economía que lo ubica como un gran productor de este producto en el contexto departamental.

En estos momentos, con la crisis de salud mundial que venimos atravesando, el municipio de Chaparral en cabeza de su alcalde Hugo Fernando Arce, ha adoptado acciones  por medio del decreto 00036 del 06 de abril de 2020 a partir del día lunes 6 de abril de 2020, el cual establece que solo una persona por núcleo familiar se abastezca bajo el esquema de pico y cédula.  Otras acciones que se han tomado es la restricción del ingreso de particulares al municipio, dejando ingresar solamente vehículos de transporte de alimentos. En la zona rural, la movilidad está permitida desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

Es de destacar la unión y compromiso para hacer frente a la pandemia que tienen algunos sectores de la zona rural. Ejemplo de ello son las comunidades indígenas del sector de Las Hermosas que vienen tomando medidas y restricciones para su región y algunos voluntarios de la zona urbana que prestan su apoyo para la vigilancia en las entradas y salidas del municipio, tomando las recomendaciones impartidas desde el gobierno nacional. Hasta la fecha no se ha registrado casos de COVID-19 en este municipio y se espera que no se presenten.

Las organizaciones rurales que participan en el proyecto ForPaz – TOLIPAZ manifiestan que vienen trabajando dentro de sus organizaciones productivas según su actividad económica. Hablamos con algunas representantes de estas asociaciones, como la señora Nohora Méndez de ASOGUAINÍ, productores de arroz, quien nos contó que actualmente los asociados se encuentran en la recolección del arroz “afortunadamente hemos podido vender para que el producto pueda llegar a los compradores”. Por su parte, la señora Aurora Gómez de ASOGRATOL, asociación de Café, manifiesta “…estamos en las fincas en temporada de recolección de café con toda la familia, para la venta del producto acatamos todas las recomendaciones, así solamente un integrante de las familias viaja a vender y a abastecerse de víveres cuando le corresponde según el pico y cédula.”

En Chaparral esta cuarentena está haciendo florecer las fortalezas que tienen las asociaciones, las comunidades y las familias, permitiendo replantear los proyectos, planes y actividades que se tenían y creando nuevas maneras de convivir dentro y fuera de las organizaciones. Que sea este el momento de unirnos, reflexionar, reconocernos en la diferencia, juntarnos y construir la vida y el futuro que soñamos.

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