Por: Hugo Rincón González

Nuestra sociedad está enferma de odio y la pugnacidad ha llegado a extremos impensables. El mecanismo para resolver cualquier tipo de conflictos sigue siendo la violencia, dirigida a eliminar físicamente al contradictor por cualquier diferencia así esta sea una nimiedad. Colombia es un país que se desliza al abismo de una violencia sin fin. No es sino ver lo que circula en las redes sociales para evidenciar el nivel de degradación de las contradicciones y las diferencias. Desde allí se instiga, se señala, se estigmatiza al diferente y se auspician acciones delirantes como ya vimos que pasó en los Estados Unidos con el asalto al capitolio donde se reunía el congreso de esa nación para ratificar la elección del nuevo presidente.

Es pavoroso por decir lo menos lo que sucede con la amenaza y asesinato de los líderes sociales y ambientales. Los auspiciadores de la violencia no se detienen ante nada. No se respeta ninguna condición, da lo mismo que la persona sea hombre o mujer, campesino, indígena o afrodescendiente, niño o niña. Para la muestra tenemos la amenaza al niño ambientalista Francisco Vera Manzanares, activista que defiende nuestros recursos naturales. En un trino desde una de esas cuentas que se crean para escupir odio expresan su intención de torturarlo y liquidarlo. Parece una locura salida del guión de una película de terror, donde cualquier acción violenta puede suceder.

Para algunos extremistas intolerantes, sólo se deberían permitir las expresiones que ellos comparten. No quieren permitir ni siquiera que los niños expresen su sentir, sin embargo, el niño Francisco Vera sobre lo que le ha acontecido ha manifestado: “Luego de leer algunos comentarios tan desagradables que han hecho algunas personas sobre un vídeo que subí hace unos días entiendo, en parte, por qué es tan difícil intentar aportar al país. Desde aquí seguiré poniendo mi ciudadanía a favor de la vida”.

Otro caso tremendamente doloroso de la degradación de la violencia fue el asesinato del líder ambientalista de la Fundación Proaves, Gonzalo Cardona, defensor del loro orejiamarillo y su hábitat. Tuve la fortuna de conocerlo cuando con un grupo de profesionales del equipo de Tolipaz fuimos a conocer el páramo de la Yerbabuena en el municipio de Roncesvalles. Pudimos apreciar su pasión y amor en la defensa de este ecosistema estratégico. Hablaba de la importancia de los páramos en la conservación del recurso hídrico, de su riqueza en biodiversidad y en la necesidad de cuidar la especie referida que se volvió el emblema de ese territorio.

Su labor era básicamente la de un educador ambiental que siente y vive lo que le acontece a la naturaleza. Como líder participó en procesos de formulación de propuestas colectivas en pro de su territorio. ¿A quién no le servía este trabajo? ¿Quiénes sentían incomodidad por esta labor? ¿Por qué lo asesinaron? Con este crimen Colombia seguirá ocupando el vergonzoso primer lugar como país donde más asesinan personas por defender el ambiente como lo señaló la ONG británica Global Witness. Todo estos sucesos se presentan, mientras la ratificación del acuerdo de Escazú para proteger a los líderes ambientales y firmado por el actual gobierno, acaba de naufragar en el Congreso. Vuelvo a preguntar: ¿Por qué los congresistas hundieron este acuerdo? ¿Qué intereses realmente están defendiendo?

Ante esta circunstancia es necesario volver a reivindicar la necesidad de defender la paz en los territorios, de exigir el castigo a los responsables materiales e intelectuales, de cuidar a los líderes y a las comunidades que se encuentran a merced de los grupos irregulares que ocupan los espacios que el estado no ha sido capaz de copar y defender. Se requiere trazar unas rutas de protección construidas participativamente con las organizaciones para garantizar la vida de las personas y de las mismas organizaciones.

Que el delirio de la violencia no nos impida trabajar por el perdón, la reconciliación y una paz estable y duradera para todos.

La entrada Reconciliémonos se publicó primero en Coinspirando.

Imagen tomada de  www.diariojuridico.com

Por: Hugo Rincón González

El Acuerdo de Escazú es un tema que se escucha en los medios y del que prácticamente la mayoría de nosotros no conoce mayor cosa. Sabemos que el gobierno Duque lo firmó en 2019, pero que el Congreso de la República lo debe ratificar. En este recinto lo discuten las comisiones conjuntas segundas de la Cámara de Representantes y el Senado. Para algunos el supuesto mensaje de urgencia del presidente no ha surtido ningún efecto y por el contrario la discusión no avanza y no se produce ninguna decisión al respecto. Con suspicacia sectores políticos expresan que no hay interés en su ratificación por parte del ejecutivo.

El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe es conocido como el Acuerdo de Escazú. Es un tratado internacional firmado por 24 países. Cuenta con once ratificaciones y nuestro país está en ese proceso que debe aprobarse en el congreso. Su origen viene de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio + 20) realizada en 2012 y la Decisión de Santiago adoptada en 2014. Luego de 4 años de negociaciones, se adoptó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, de ahí su nombre.

El objetivo del Acuerdo está referido a garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Establece la protección del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente y la tierra.

Un Acuerdo de esta naturaleza debiera ser ratificado por el congreso sin mayor dificultad, sin embargo, hay fuertes voces que lo señalan como algo peligroso para el país. Según el partido Centro Democrático este es “…un instrumento internacional que, aunque tiene muy nobles intenciones para la protección del medio ambiente, aumentaría aún más la ya maltrecha inseguridad jurídica del País y dificultaría considerablemente el proceso de reactivación económica que tanto estamos necesitando. Una aventura a la que ciertamente no nos podemos adentrar.”

Para este sector político el acuerdo se vendría a sumar a requisitos existentes como la licencia ambiental y las consultas previas que frenan, según ellos, la inversión económica. Manifiestan que: “las solicitudes de información y de participación pública llegarán a tal punto que se convertirán en un dañino sabotaje que no permitirá aprobar ninguna iniciativa. En otras palabras, es empeorar aún más los problemas que ya tenemos con la consulta previa.”

Lo que menos les gusta es lo referido a la justicia ambiental manifestando que: “ los inversionistas no solo tendrán que cumplir con la licencia ambiental y la consulta previa, sino que además deberán entregar toda la información que les soliciten, tienen que garantizar la participación de todo aquel que esté interesado en el proceso, pueden ser demandados por casi cualquier persona, ellos deberán probar en detalle que están cumpliendo con todos los requisitos y un juez puede detener el proyecto cuando quiera.”

Por el contrario hay sectores que frente a esa crítica de los que ponen por encima el desarrollo económico, manifiestan que es una garantía para el desarrollo sostenible. Que es importante brindar garantías para una verdadera participación ciudadana, informada y con incidencia. De hecho se resalta que megaproyectos con posibilidades de grandes afectaciones al ambiente se han podido frenar gracias a que la gente de los territorios ha tenido la posibilidad de manifestar su inconformidad y rechazo.

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo internacional que reconoce como deber de los estados la protección de los defensores de los derechos ambientales en latinoamérica, una labor que en un país como Colombia es de altísima peligrosidad, si tenemos en cuenta que en 2019 de 212 defensores del ambiente asesinados, 64 eran colombianos, como Juana Perea en el Chocó en los últimos días.

Hay que seguirle la pista a la ratificación de este Acuerdo que en buena hora debe fortalecer la participación ciudadana y la justicia ambiental.

La entrada El Acuerdo de Escazú se publicó primero en Coinspirando.