Imagen tomada de www.diariojuridico.com
Por: Hugo Rincón González
El Acuerdo de Escazú es un tema que se escucha en los medios y del que prácticamente la mayoría de nosotros no conoce mayor cosa. Sabemos que el gobierno Duque lo firmó en 2019, pero que el Congreso de la República lo debe ratificar. En este recinto lo discuten las comisiones conjuntas segundas de la Cámara de Representantes y el Senado. Para algunos el supuesto mensaje de urgencia del presidente no ha surtido ningún efecto y por el contrario la discusión no avanza y no se produce ninguna decisión al respecto. Con suspicacia sectores políticos expresan que no hay interés en su ratificación por parte del ejecutivo.
El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe es conocido como el Acuerdo de Escazú. Es un tratado internacional firmado por 24 países. Cuenta con once ratificaciones y nuestro país está en ese proceso que debe aprobarse en el congreso. Su origen viene de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio + 20) realizada en 2012 y la Decisión de Santiago adoptada en 2014. Luego de 4 años de negociaciones, se adoptó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, de ahí su nombre.
El objetivo del Acuerdo está referido a garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Establece la protección del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente y la tierra.
Un Acuerdo de esta naturaleza debiera ser ratificado por el congreso sin mayor dificultad, sin embargo, hay fuertes voces que lo señalan como algo peligroso para el país. Según el partido Centro Democrático este es “…un instrumento internacional que, aunque tiene muy nobles intenciones para la protección del medio ambiente, aumentaría aún más la ya maltrecha inseguridad jurídica del País y dificultaría considerablemente el proceso de reactivación económica que tanto estamos necesitando. Una aventura a la que ciertamente no nos podemos adentrar.”
Para este sector político el acuerdo se vendría a sumar a requisitos existentes como la licencia ambiental y las consultas previas que frenan, según ellos, la inversión económica. Manifiestan que: “las solicitudes de información y de participación pública llegarán a tal punto que se convertirán en un dañino sabotaje que no permitirá aprobar ninguna iniciativa. En otras palabras, es empeorar aún más los problemas que ya tenemos con la consulta previa.”
Lo que menos les gusta es lo referido a la justicia ambiental manifestando que: “ los inversionistas no solo tendrán que cumplir con la licencia ambiental y la consulta previa, sino que además deberán entregar toda la información que les soliciten, tienen que garantizar la participación de todo aquel que esté interesado en el proceso, pueden ser demandados por casi cualquier persona, ellos deberán probar en detalle que están cumpliendo con todos los requisitos y un juez puede detener el proyecto cuando quiera.”
Por el contrario hay sectores que frente a esa crítica de los que ponen por encima el desarrollo económico, manifiestan que es una garantía para el desarrollo sostenible. Que es importante brindar garantías para una verdadera participación ciudadana, informada y con incidencia. De hecho se resalta que megaproyectos con posibilidades de grandes afectaciones al ambiente se han podido frenar gracias a que la gente de los territorios ha tenido la posibilidad de manifestar su inconformidad y rechazo.
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo internacional que reconoce como deber de los estados la protección de los defensores de los derechos ambientales en latinoamérica, una labor que en un país como Colombia es de altísima peligrosidad, si tenemos en cuenta que en 2019 de 212 defensores del ambiente asesinados, 64 eran colombianos, como Juana Perea en el Chocó en los últimos días.
Hay que seguirle la pista a la ratificación de este Acuerdo que en buena hora debe fortalecer la participación ciudadana y la justicia ambiental.
