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Por: Hugo Rincón González

Vuelven las Circunscripciones Especiales Territoriales de Paz. Luego de una fatigante y extensa controversia jurídica durante tres años y medio, finalmente el 21 de mayo la Corte Constitucional rescató este componente fundamental del Acuerdo de Paz firmado entre la exguerrilla de las Farc y el gobierno colombiano. Debemos recordar que en esta negociación el compromiso era la creación de 16 curules para las víctimas del conflicto armado a fin de dar representación política a las personas afectadas y de restituir sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Funcionarán durante los periodos 2022-2026 y 2026-2030 por su carácter transitorio.

En este recuento breve hay que señalar que, a pesar de la aprobación de las circunscripciones en 2017, las maniobras en contra de la paz de los congresistas del Partido Conservador que presidía el Senado, el Centro Democrático y otros partidos opuestos a esta conquista fundamental para la paz, lograron que su puesta en marcha para el periodo 2018-2022 quedara en el aire.

Ahora estamos en nuevo momento. La mesa directiva del Senado manifestó que enviará para sanción presidencial las curules de paz y el presidente Duque, con poco entusiasmo, ratificó que cumplirá “con su deber”, enfatizando que se debe garantizar que estos escaños “sean para las víctimas” y no para terceros que no ostentan esta condición.

A pesar de esto, varios integrantes del partido de gobierno continúan manifestando en diversos medios de comunicación afines a sus ideas políticas y a través de las redes sociales, que las curules son una imposición de la guerrilla en la negociación de La Habana y que con estos espacios políticos se aumentará la participación de las Farc y sus aliados en el congreso. Como quien dice, no se dan al dolor de tener que ampliar la democracia con otras voces de la Colombia olvidada y maltratada por la violencia.

Si se logra finalmente la elección de estos representantes, deberán ser del sector rural, de aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado, se podrán inscribir candidatos pertenecientes a las organizaciones de víctimas, campesinas y sociales.

Los candidatos serán elegidos por mayoría simple, no deberán tener un mínimo de votos y los ciudadanos de la zona donde se elijan tendrán derecho al doble voto: uno en la circunscripción especial de paz y otro en la circunscripción ordinaria de Cámara. Sobre la financiación de las campañas se habla de un sistema especial y unos tribunales transitorios designados por la autoridad electoral que vigilarán el cumplimiento de las reglas.

Esta elección para el caso del departamento del Tolima se realizará en cuatro municipios: Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral por lo que se espera que aumente la participación electoral en este proceso si se tiene en cuenta la gran oportunidad que tendrán los campesinos, indígenas y organizaciones de víctimas de elegir sus representantes, sin tener que dejarse cooptar por los partidos tradicionales habituales poseedores de la hegemonía política en estas regiones.

Desde ya se debería ir generando una sana deliberación alrededor de los líderes y lideresas que competirán por estas curules. Se requiere la construcción de propuestas programáticas representativas de unos intereses excluidos históricamente que deberán dialogar con otras fuerzas existentes en el congreso. Es la oportunidad reclamada desde hace mucho tiempo y que se volvió posible gracias al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

La Colombia olvidada, excluida y marginada tendrá las voces de sus propios representantes en el escenario donde se toman las grandes decisiones del país, es la gran oportunidad esperada para empezar a transformar la nación, una donde avance y se consolide la democracia, donde haya justicia social y equidad para todos.

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Imagen tomada de www.semana.com

Por: Hugo Rincón González

En estos turbulentos días, se evidencia el doble discurso de quienes históricamente detentan el poder. Lo que antes parecía válido y reivindicable ahora no lo es. Lo bueno en unas partes es malo aquí, especialmente si lo defendible coincide con mi ideología y lo rechazable se le debe endilgar a quien no coincide con la mía. Se defiende al unísono por parte de la gran prensa una narrativa para criminalizar a quienes protestan y defender a quienes flagrantemente vienen violando los derechos humanos en estas jornadas de protesta.

Veamos algunos ejemplos:

1. Cuando los jóvenes en Venezuela marchaban y protestaban en contra del gobierno de Nicolás Maduro, eran unos héroes defendiendo la democracia de una dictadura. Ahora cuando los que marchan son los jóvenes en Colombia protestando por las medidas gubernamentales oprobiosas, son unos terroristas vandá
2. Uribe en medio de la represión vivida por los venezolanos, pidió a los militares de ese país “dirigir” sus armas contra el presidente Nicolas Maduro para defender la democracia y a la gente que protestaba. En este paro nacional iniciado el 28 de abril, el mismo exsenador, pidió a soldados y policías utilizar las armas para defenderse del terrorismo vandálico, que según su interpretación son las personas movilizadas pacíficamente exigiendo sus derechos vulnerados.
3. El partido de gobierno cuando no lo era, promovió, auspició y realizó con todo tipo de garantías varias movilizaciones en contra del gobierno de Santos y su proceso de paz. Claramente expresaban que era una marcha contra el gobierno y nunca se conoció ningún tipo de agresión en contra de ellos. En el momento presente, el mismo partido gobernando, en cabeza del presidente Duque, señala, estigmatiza, criminaliza y demoniza la protesta legítima de los sectores sociales. La movilización es buena si la promueven ellos porque defiende la democracia y mala si la desarrollan otros sectores criticando sus políticas, por ello llaman a reprimir, con la acción de la fuerza pública, a la ciudadanía inconforme.
4. Se critica y señala la participación de la minga indígena en el paro nacional en la ciudad de Cali a pesar de ser reconocido como un movimiento pacífico, sin armas, con el poder de la palabra y sus bastones. Los tratan de “indios”, no se les reconoce como ciudadanos colombianos con plenos derechos y por el contrario les parece apropiado que sean agredidos con disparos de pistolas por sectores considerados “gente de bien” en una muestra evidente de paramilitarismo urbano a los ojos de todo el mundo y con la protección de la fuerza pública, como se pudo apreciar en algunos videos que circularon por las redes sociales.
5. Las grandes cadenas radiales lanzaron una campaña gigantesca sobre el tema no más bloqueos. Sin duda es un aspecto que afecta la vida de los colombianos a lo largo y ancho del país, sin embargo, no se escucha la misma fuerza para promover tendencias referidas a que no haya más muertos en las protestas, a exigir claridad sobre los cientos de desaparecidos y al respeto de los derechos humanos de la ciudadaní

El momento es álgido y requiere equilibrio en los juicios, especialmente en los grandes medios de comunicación;  una vez más demuestran a quienes sirven. Con excepciones de algunos periódicos nacionales y regionales, la gran prensa mira para otro lado. El ciudadano debe enterarse de la realidad del país a través de medios internacionales y de las redes sociales que vuelven a demostrar ser los vehículos a través de los cuales se conoce lo que está sucediendo.

Vivimos una turbulencia violenta. Se requiere un piloto avezado conduciendo la nave para salir de la misma. Seguramente los vientos se calmarán si se emprenden unas profundas reformas sociales que dignifiquen la vida de la gran mayoría de los colombianos. Las propuestas de muchos sectores están sobre la mesa, ojalá el gobierno los escuche y las implemente por el bien de todos.

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Imagen tomada de bluradio.com (AFP)

Por: Hugo Rincón González

El grito desgarrador produjo escalofrío. Era la madre del joven Santiago Murillo que frente a la clínica que lo atendió intentando salvarle la vida, gritaba desesperada: “mátenme a mí también”. Como en el poema de Miguel Hernández, Elegía, se puede decir en esta tragedia que enluta las familias de este y tantos otros jóvenes asesinados según muchos testigos, por la fuerza pública: “…Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento”.

“Las madres no parimos hijos para que el estado nos los mate”, gritó otra mujer en la jornada del 2 de mayo, en un plantón en rechazo al asesinato de Santiago en Ibagué. En esta ciudad ni el toque de queda ordenado por el alcalde pudo impedir que la gente pacíficamente manifestara su repudio por la violencia absurda vivida desde el pasado 28 de abril fecha en la que se desarrolló el paro nacional.

Según manifestaba en Twitter una reconocida periodista de un medio nacional: “La jornada de protestas dejó 92 víctimas de violencia física, 21 homicidios por parte de la Policía Nacional, 672 detenciones arbitrarias, 12 agredidos en los ojos, 30 víctimas de armas de fuego y 4 víctimas de violencia sexual”. Estas cifras del horror no tienen en cuenta muchas denuncias que en varios lugares del país se siguen produciendo.

Los análisis sobre las causas de este estallido social han sido profusos. La pobreza, el desempleo, el hambre, la extrema corrupción, las medidas del gobierno favoreciendo a grupos poderosos, la arrogancia de los gobernantes, entre otros. Todo esto se ha venido incubando desde hace muchos años y el sentimiento de indignación explotó por el desespero de la ciudadanía ante la miserable propuesta de una reforma tributaria que intentaba gravar hasta la comida y los servicios funerarios.

El momento es complejo y delicado. Ha habido voces incendiarias promotoras indirectas de la violencia desatada por la fuerza pública contra los manifestantes. El surgimiento de una nueva categoría: “terrorismo vandálico” y el llamado de un decadente líder político a que las fuerzas armadas usaran las armas contra los que protestan, sin duda, contribuyó a este aterrador balance.

El retiro de la reforma tributaria anunciado por el presidente Duque y la presentación de la renuncia de su ministro de hacienda, fue el producto de la movilización social y la indignación popular. Los marchantes, la mayoría jóvenes, fueron los verdaderos protagonistas de esta medida asumida por el gobierno. Ante estos hechos, se puede uno preguntar: ¿Cuántos muertos, destrozos y agresiones se pudieron haber evitado? ¿Cuánta desconexión con la realidad nacional tiene el presidente? ¿Creían que la gente pararía un día y al siguiente ellos podrían hacer aprobar su reforma en el congreso a pupitrazo limpio? ¿Hay un propósito de enmienda sincero? ¿Quien responde por todos los muertos?

Decían en una cadena radial que la gente en este momento no cree en nada. La reforma tributaria, decían con sorna, tendrán que discutirla con transmisión por televisión y por redes sociales. La ciudadanía no quiere más estropicios contra los pobres y la clase media. No es suficiente el llamado del presidente a discutir una nueva propuesta con los partidos políticos con presencia en el congreso. Se deben escuchar e incluir las iniciativas de los movimientos sociales y la ciudadanía indignada. No se puede volver a la misma fórmula de escuchar solo a los gremios económicos y los mismos de siempre, ignorando las voces de las grandes mayorías.

La indignación existente exige profundas reformas sociales. Hay propuestas serias desde varias orillas. Una de ellas es derogar la reforma tributaria de 2019 y acabar con las exenciones tributarias a las grandes empresas. Conviene hacer estos cambios que enruten al país por la senda de la inclusión social. No es posible que sigan en el congreso pensando en una reforma a la salud, pensional y laboral en contra de la clase media y los pobres.

El paro nacional puso de presente la enorme indignación social, es mejor por ello, corregir a tiempo y no seguir escalando la violencia de los pobres armados contra los pobres desarmados.

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Por: Hugo Rincón González

Es costumbre para los gobiernos cuando se crispa el ambiente social, buscar una válvula de escape que permita desviar la atención a otros temas. La reforma tributaria ha hecho crecer la indignación de la gente en el país. No se entiende cómo en medio de una pandemia, con los bolsillos exangües de las personas, se pretenda aprobar seguramente a pupitrazo limpio en el congreso, semejante adefesio. Esta iniciativa gubernamental concita el rechazo de las mayorías del país y por ello se quieren poner en la agenda política otros temas, uno de ellos de enorme peligro para la convivencia y la paz con un país hermano y vecino.

Sucedió este fin de semana y se presentó a través de todos los medios. En televisión se veía el despliegue armamentístico de las fuerzas armadas colombianas en una zona fronteriza con Venezuela en el departamento de la Guajira. El ministro de defensa, Diego Molano presidió los actos militares, mostrándole los dientes al país vecino manifestó que: “la protección de los colombianos es un compromiso que va desde La Guajira hasta el Amazonas. Por eso disponemos de esta Fuerza Combinada para garantizar la tranquilidad de los colombianos y protegerlos de cualquier amenaza que interfiera con su seguridad”. Todo este despliegue guerrerista mientras resaltaba las labores de los militares colombianos en el cuidado de los connacionales.

Del otro lado, en Venezuela, los militares de ese país hacían un despliegue similar en el estado de Apure. Debemos recordar que en los últimos días se han venido desarrollando cruentos combates de los miembros de la fuerza armada venezolana con grupos insurgentes, especialmente, las disidencias de las Farc. En esta confrontación han caído no solamente guerrilleros colombianos sino también miembros del ejército del país vecino.

Y es que la tensión viene creciendo debido a estos asuntos y por los señalamientos mutuos que se han hecho por parte de representantes de ambos gobiernos. Señalaba la prensa que el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, dijo en días anteriores que “Colombia le facilita el camino a Estados Unidos para «atacar» a su país y aseguró que, de haber una guerra con la nación andina, se llevaría a cabo en territorio colombiano”. Debemos recordar que un momento del pasado, un militar venezolano señalaba cuales eran los puntos estratégicos que en una hipotética guerra con nuestro país se deberían destruir.

Los señalamientos pugnaces van y vienen. Cada uno señala al otro de narco dictadura. A ambos gobernantes les sirve desviar la atención con una eventual confrontación. Aquí se juega también la geopolítica. Para el gobierno colombiano, Venezuela está gobernado por un tirano cada vez más dependiente de Rusia y para el gobierno venezolano, nuestro país es y ha sido un furgón de cola del imperialismo norteamericano. Una retórica que en la medida que escale se volverá más peligrosa, especialmente por el polvorín en que se ha convertido la frontera en el departamento de Arauca. Allí cualquier hecho violento que involucre a las fuerzas armadas de los dos países puede degenerar en una confrontación bélica a mayor escala.

Ese escalamiento de la confrontación con Venezuela explica el interés del gobierno del presidente Duque de gastar 4.000 millones de dólares en plena pandemia, para adquirir aviones de combate de última tecnología aduciendo razones de seguridad nacional. Un peligroso juego que puede desatar una guerra absurda que serviría para profundizar la crisis enorme que vive el país.

Atrás quedaron las manifestaciones que Colombia y Venezuela eran los mejores amigos. Atrás quedó su papel de facilitador de diálogos que contribuyeron a la negociación política con las Farc. Hoy nos quieren vender la narrativa peligrosa de que son nuestros enemigos y por posturas intransigentes quieren desatar una confrontación bélica a todas luces peligrosa e indeseable.

Quisiéramos ver un gobierno preocupado por la solución de los grandes problemas nacionales y no uno que, por desviar la atención de esos problemas, nos conduzca al abismo del horror que supondría una guerra.

Definitivamente la guerra no es una opción.

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Por: Hugo Rincón González

Las cifras de víctimas crecen vertiginosamente. La Unidad de Atención a las Víctimas en su página web señala que son 9.134.500 las víctimas registradas históricamente. Una cantidad que produce escalofrío si tenemos en cuenta que con seguridad las personas que se suman diariamente por el reciclaje del conflicto armado como desplazados son enormes. Atrás va quedando la imagen de un país que le apostó a la construcción de una paz estable y duradera. Parecen brumosas las imágenes que mostraban un hospital militar sin heridos por la confrontación armada con los grupos irregulares.

Dura realidad la que viven estas personas ahora que se acerca el 9 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, desde que se aprobó la Ley 1448 de 2011. Con esta ley se buscaba “establecer un conjunto de medidas judiciales,  administrativas,  sociales  y  económicas,  individuales  y  colectivas,  en  beneficio  de las víctimas dentro de un marco de  justicia  transicional,  que  posibiliten  hacer  efectivo  el  goce  de  sus  derechos  a  la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición”.

Para un gran número de ellas cuando se les indaga sobre el cumplimiento de esta Ley 1448, manifiestan que la norma no pasa de ser un conjunto de aspectos bien intencionados que no han beneficiado a tanta persona afectada por el conflicto armado. Expresan su inconformismo por las dilaciones en la aplicación de una verdadera y real reparación integral.

No debemos olvidar que la mayoría de las víctimas son campesinos. Ellos fueron testigos silenciosos en sus territorios de la presencia de los diferentes grupos y estructuras armadas ilegales. Eran tildados de ser colaboradores de unos grupos o de otros. Esto generó asesinatos en muchos casos y por ello se vieron obligados a huir, dejando abandonadas sus tierras, animales y cultivos para conservar sus vidas. De esta manera se presentaron los grandes desplazamientos hacia los diferentes centros urbanos de Colombia.

Según varios investigadores, con el fenómeno del desplazamiento se empezó a percibir una gran desolación en los campos y soledad en los pueblos, especialmente los más alejados de la presencia del Estado, esto sin hablar de veredas y parcelas de tierras que fueron aprovechadas por estos grupos armados irregulares para la siembra de cultivos de uso ilícito en la mayor parte de la geografía nacional.

El desplazamiento en muchos casos fue una estrategia de guerra para expulsar grandes grupos de poblaciones, con ésta se impedían las acciones colectivas de solidaridad, se destruyeron redes sociales comunitarias y se aterrorizó a la población civil. Para los grupos armados irregulares sacar la gente era la manera de despejar el territorio para poder así expandir las áreas bajo su dominio y apropiarse de manera ilegal de tierras valiosas.

Este tema tan estudiado por sociólogos e historiadores desafortunadamente se está repitiendo en la actualidad. Lo vemos en el Cauca, Catatumbo, Nariño, Putumayo y el Bajo Cauca Antioqueño. Ante la ausencia y abandono del estado el copamiento de los territorios por grupos armados no se ha hecho esperar. Desgraciadamente volvemos a ver las caravanas de campesinos desplazándose a los centros poblados; las familias caminan con sus hijos pequeños, los pocos animales y enseres que pueden cargar, ante la indolencia del gobierno.

Urge parar la guerra, se requiere detener a los grupos armados irregulares que vuelven a cubrir de sangre los campos de Colombia. Basta ya de la violencia que expulsa a los campesinos generando miles y miles de víctimas por el conflicto armado.

Este próximo 9 de abril debe servir para que toda la sociedad colombiana vuelva sus ojos a las víctimas de esta confrontación fratricida, se requiere la solidaridad con ellas y el compromiso serio de este gobierno que invierte más dinero en la guerra que en la consolidación de la paz.

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Imagen tomada de www.digitalizados.com.co

Por: Hugo Rincón González

Es consuetudinario en nuestro país que los políticos en campaña mientan a la ciudadanía. Buscan votos y no se paran en mientes en prometer lo que, una vez elegidos, no van a cumplir. Lo hacen en todos los ámbitos: desde el local, pasando por el regional y el nacional. Existe una canción que pinta bien esta situación, se llama A quien engañas abuelo, interpretada por el dueto Silva y Villalba. Habla de los caudillos o políticos “que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos”. Esta historia viene a colación ahora que el presidente Duque quiere “acabar” la coca con la fumigación con glifosato, a como dé lugar.

Atrás quedaron sus promesas de campaña registradas en múltiples videos y notas escritas de prensa. Ante las preguntas sobre si una vez elegido fumigaría con glifosato, el Duque candidato, contestaba con firmeza y sin trastabillar en muchos auditorios, que no lo haría por los impactos sobre la salud y el ambiente. Otra cosa es lo que el Duque presidente ha promovido y quiere implementar: erradicar la coca sin miramientos, a través de la aspersión con este agroquímico que ahora, de repente es inocuo para las personas y la naturaleza.

La revista Semana se solazaba con una noticia donde informaba que el Departamento de Estado había respaldado la lucha antidrogas de Duque basada en la fumigación con glifosato. Según este medio (hoy cuestionado por sus posturas políticas): “El Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de marzo de 2021, respalda la lucha antidrogas de Colombia y defiende una de las principales estrategias de Duque para frenar los cultivos de coca en el país: la aspersión aérea con glifosato, suspendida en el gobierno de Juan Manuel Santos”.

Para el gobierno actual el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- no es y seguramente no será su opción. Seguramente no comulga con los principios definidos en el Decreto 896 del 29 de mayo de 2017 que lo constituyó. No le gusta que el PNIS sea un componente de la reforma rural integral. Tampoco que haya una concertación con las comunidades para que estas abandonen el cultivo. Le debe parecer demasiado exigente y complejo que el programa reconozca las necesidades económicas, culturales y sociales de los territorios y comunidades rurales, además de garantizar la sostenibilidad socioambiental, entre otros.

Esta obcecada postura política de no concertar con las comunidades cocaleras y por el contrario fumigar con glifosato, deja entrever la exacerbación de la conflictividad en los territorios donde se siembra este cultivo. Es bueno que recordemos las gigantescas marchas que se presentaron en 1996 en el gobierno de Samper en contra de la fumigación. En el mes de julio de ese año, miles de campesinos cultivadores de coca, caminando durante muchas horas por caminos de herradura o navegando por caudalosos ríos, se concentraron en varios municipios de Putumayo, exigiendo al gobierno nacional inversión social, suspensión de las fumigaciones con glifosato, su voluntad de sustituir de manera gradual y voluntaria los cultivos de coca a cambio de garantías efectivas para la producción y comercialización agropecuaria.

Estas marchas duraron varios meses, paralizando las actividades comerciales y la producción petrolera, se presentaron múltiples enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos, dejando un número indeterminado de víctimas que aún la historia no logra cuantificar con certeza.

Hoy la situación parece calcada. Colombia sigue siendo el primer productor de coca del mundo. El país le sigue dando la espalda a los territorios cocaleros y desconoce la voz de los habitantes del campo, miles de familias están en contra de que las envenenen con glifosato y la “mata que mata” sigue siendo la opción básica para garantizar el sustento económico de los hogares.

Existen marchas convocadas para el 18 de marzo en el pacífico nariñense contra el uso del glifosato. Su finalidad es rechazar la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Sigue siendo la misma realidad que un campesino expresaba en las marchas de 1996: “aquí la coca ha sido ministerio de educación, de salud, de agricultura. En pocas palabras la mata de coca aquí ha sido el Estado”.

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Imagen tomada de www.semana.com

Por: Hugo Rincón González

Si la realidad coincidiera con la apariencia, la ciencia no fuera necesaria, manifestaba un teórico social que murió van a ser 138 años.  Y es que cuando uno se pone a leer y escuchar las divergencias que han surgido hace varios años entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en su defensa por las cifras de violaciones a los derechos humanos, asesinatos de líderes y masacres, los números no cuadran y eso genera una gran desconfianza con respecto a las voces oficiales.

La desconfianza digo, viene de hace muchos años pero se ha agudizado en este gobierno. No podría ser de otra forma cuando hay varios hechos que la generan. Uno bastante nombrado se dio con la llegada de Darío Acevedo al Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-. Se hicieron fuertes cuestionamientos a su nombramiento porque este nuevo director del Centro negaba la existencia del conflicto y estigmatizaba a ciertas organizaciones y procesos de memoria que acompañaban. Fue de tal magnitud la controversia que varias organizaciones sociales, de derechos humanos, de víctimas y de construcción de memoria sobre el conflicto armado decidieron desligarse del trabajo conjunto que venían haciendo con el CNMH.

Un nuevo hecho surgió el pasado 3 de febrero cuando tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna -PAO-, el presidente Duque anunció que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. Inmediatamente surgieron las voces de las víctimas y defensores de derechos humanos que manifestaron no confiar en esta institución para hacer ese trabajo de unificación.

¿Pero qué origina esta desconfianza? Varias cosas, entre ellas que con esta determinación, el trabajo que venía realizando la Defensoría del Pueblo en este sentido queda en un segundo plano y que esta función y su pertinencia, ni siquiera fue reivindicada por el actual Defensor del Pueblo, dejando toda la responsabilidad en la Fiscalía. Otras razones están referidas a que la sociedad civil organizada ha venido realizando esta labor de una manera independiente y la mayoría de las veces sus informaciones no coinciden con las cifras oficiales. En este espectro aparecen instituciones como INDEPAZ, Somos Defensores y el CINEP con su Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que han hecho históricamente seguimiento de homicidios y actos violentos contra líderes sociales.

Para algunos defensores históricos de los derechos humanos, esta decisión del gobierno del presidente Duque, es desafortunada y desastrosa, pues según expresan un gobierno que no ha logrado frenar los hechos de violencia ante los líderes sociales por no interesarse en los autores intelectuales de estos crímenes sino en los perpetradores no genera confianza, menos si ha nombrado como cabeza de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría a sus amigos que coinciden en la visión de la realidad colombiana y podrían estar interesados en manipular las cifras para hacer ver que se ha mejorado en el indicador de violación a los derechos humanos.

La Fiscalía General para ellos, “manipula las cifras de investigaciones sobre homicidios contra los líderes sociales, para mostrar efectividad en su misión y responder a las presiones políticas y mediáticas. De ahí el famoso esclarecimiento del 50, 58 y ahora 63% en las investigaciones, cifras consideradas falsas pues el real esclarecimiento llega a lo sumo a un 15%. Además, que de ser ciertas, no se corresponden con el desmantelamiento del crimen organizado que estaría detrás de los asesinatos de estas personas”.

Esta unificación de la información sobre el asesinato de líderes sociales se considera una estocada al proceso de paz, en la medida en que los acuerdos habían considerado otras estrategias como la Comisión de Garantías de Seguridad y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

“La confianza es como el embarazo” decía una líder, se está embarazada o no, se tiene o no se tiene confianza, porque no se puede decir que tengo medio confianza o un cuarto de ella. Construirla es el gran desafío.

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Por: Hugo Rincón González

“Es mejor ser rico que pobre” decía nuestro insigne excampeón mundial de boxeo Kid Pambelé. No es lo mismo ser de “buena familia” que un ilustre desconocido. Sucede en cada caso que uno observa. Las ayudas en la pandemia por ejemplo, fueron para el poderoso sector financiero y no para los informales o las pequeñas y medianas empresas. Como publicó el diario La República, hasta el mes de octubre de 2020 el dato de utilidades acumuladas del sistema financiero sumó $24,17 billones, una cifra astronómica e inmoral que pone de presente las asimetrías y las desigualdades en este país. En un momento en que se dispara la pobreza, los bancos son los que más ganan.

Y es que en este país el tema de la desigualdad brota por todos los poros. Las escenas que se han visto en varias ciudades con los vendedores ambulantes y los abusos que sufren por parte de la policía son una muestra de ese fenómeno. El caso que apreciamos por las redes sociales de un joven en Bogotá, que ante la inminencia de un comparendo por el uso del espacio público decide el mismo voltear su vehículo lleno de mercancías y manifestar con profundo dolor: “yo mi carro no me lo voy a dejar llevar”. Eso sin mencionar que el hecho ocurrió luego de pasar la alcaldesa de la ciudad con sus escoltas, ordenándole ella misma que se retirara. Si eso lo expresa quien dice que administra una ciudad “cuidadora”, qué más podría esperarse.

En este mundo contemporáneo plagado de desigualdades, miremos un momento el caso de las vacunas y la manera en que se han negociado por parte de los países ricos en detrimento de los países pobres. Según informaciones periodísticas el caso raya en el acaparamiento. Las naciones poderosas han adquirido vacunas para inmunizar hasta tres veces su población, mientras que más de 70 estados miserables solamente podrán vacunar una de cada diez personas si no se toman medidas urgentes. Canadá es ejemplo emblemático: cinco vacunas por cada ciudadano. ¿Y Colombia? “Seamos pacientes y comprensivos con el gobierno” dicen sus áulicos, que la inmunización ya vendrá.

Las desigualdades se dan también estructuralmente y en esta coyuntura crítica entre lo urbano y lo rural. Para mencionar un hecho: Lo que ocurre con los procesos educativos obligados a ser remotos por la pandemia. Una cosa es la situación que se vive en las ciudades dónde las familias tienen conectividad y además algunas de ellas tienen dos y tres computadores para que la mayoría de miembros de la misma puedan trabajar y estudiar desde su residencia y otra muy diferente sucede en el campo en dónde las familias no tienen internet y escasamente dependen de un teléfono celular muchas veces sin planes de datos apropiados para poder lograr que sus hijos estudien.

He sido testigo del esfuerzo inmenso de docentes del sector rural que en preescolar sin conocer a sus estudiantes, escuchan a los padres decir que solamente tienen un celular para la familia, sumando a esta circunstancia que tienen varios hijos estudiando. ¿Cómo pretende una sociedad como la nuestra lograr igualdad de oportunidades con estas personas? Familias sin conectividad, sin planes de datos apropiados y con muchos hijos esperando sus clases de una manera remota. Razón tienen muchos especialistas cuando afirman con preocupación que es imperativo volver a las aulas, por supuesto con las medidas de bioseguridad garantizadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Este mismo esfuerzo lo he visto también en líderes y lideresas que participan en procesos sociales. Además de invertir su tiempo y sus esfuerzos en participar, deben hacer maromas trepando en árboles o subiendo a las partes altas de sus fincas para poder conectarse y lograr una comunicación medianamente adecuada.

Pambelé debería ser reconocido como un filósofo nacional, en su manera sencilla nos alertaba del riesgo de las desigualdades, esas que debemos superar para ser una sociedad viable y pacífica. Una sociedad incluyente y equitativa debe ser el sueño que debemos perseguir.

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Por: Hugo Rincón González

Colombia es el país de los absurdos y de las cosas insólitas. No hay escenario público que hoy no esté permeado por la politiquería promovida por el gobierno nacional. Desde las embajadas, pasando por los ministerios y todos los institutos, la lógica que ha imperado para nombrar a sus titulares es el clientelismo y la cercanía que se tenga con el partido de gobierno o con el presidente de la república que no se para en mientes cuando de nombrar amigos en esos cargos se trata, así no tengan el perfil que se requiere para cumplir eficientemente sus funciones.

El último hecho que se generó en este mismo contexto de clientelismo, es el retiro de Julia Miranda de la dirección de parques nacionales. El Ministro de Ambiente le solicitó la renuncia a esta funcionaria quien estaba en ese cargo desde 2004. Esta decisión causó malestar e inconformidad entre destacados ambientalistas del país quienes destacaron el papel que ella jugó en todo su periodo de trabajo. Para algunos, el retiro de la mejor funcionaria del Sistema Nacional Ambiental obedece a presiones políticas de poderosos dirigentes.

Bajo su dirección, Julia Miranda logró la ampliación de áreas protegidas en Colombia. Según información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -Sinap-, en 2020 hay 1.343 áreas protegidas, que representan el 15,17% del territorio nacional y 31,4 millones de hectáreas;  hay 122 zonas de carácter nacional, divididas en reservas forestales protectoras nacionales (59), distritos nacionales de manejo integrado (4) y parques nacionales naturales (59). Igualmente, se encuentran 288 de carácter regional, distribuidas en áreas de recreación (10), distritos de conservación de suelos (15), distritos regionales de manejo integrado (107), parques naturales regionales (60) y reservas forestales protectoras regionales (96). Además, existen 933 reservas naturales de la sociedad civil.

Este trabajo realizado durante años le permitió a Colombia convertirse en el país de la región con mayor número de áreas protegidas incluidas en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

No obstante todos estos logros, de su reconocida competencia y compromiso con las áreas protegidas del país, Julia Miranda será reemplazada en la dirección de parques nacionales por Orlando Molano, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

La polémica está desatada porque este funcionario no cumpliría los requisitos establecidos por ley para asumir el cargo. Siendo arquitecto, su formación disciplinar no está contemplada en el manual de funciones de la entidad y muy seguramente su nombramiento será demandado y probablemente el gobierno deba revertir la decisión.

Las áreas protegidas de nuestro país no solamente están amenazadas por la deforestación sistemática para la expansión de la ganadería extensiva, la presencia de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, las amenazas y asesinatos de los guardaparques, sino también por el clientelismo político que quiere tomarse cargos que requieren un alto perfil técnico para reemplazarlos por personas sin formación ni experiencia en el sector ambiental.

Detrás de la salida de Julia Miranda se perciben poderosos intereses. Ella fue una comprometida defensora del parque Tayrona ante el embate de proyectos hoteleros y comerciales que se lamen los bigotes por el inmenso potencial para el desarrollo del turismo. Su posición vertical resultaba incómoda en un momento en que se vuelve a mencionar que reconocidas familias de la costa y hasta inversionistas extranjeros están interesados en hacer negocios en esta área protegida.

No faltaría más que al nuevo director de parques lo hayan nombrado para defender los intereses de estos negociantes y no de la naturaleza que se debe comprometer a conservar y restaurar, sin embargo, estamos en Colombia o en Polombia, donde cualquier cosa insólita e indignante puede suceder.

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Imagen tomada de www.proyectos.banrepcultural.org

Por: Hugo Rincón González

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno del entonces presidente Santos y la guerrilla de las Farc. Han pasado 4 años de ese hecho que, sin duda, es un hito histórico en la búsqueda de la reconciliación y la convivencia entre los colombianos. Se debe recordar que el documento firmado fue el producto de la renegociación que se dio con los promotores del NO que se habían impuesto en el plebiscito del 2 de octubre de ese mismo año. Desde esa época hasta el momento presente han pasado muchas cosas que vale la pena analizar, especialmente ahora que se hace un balance de todo este periodo.

Hay que decir que el Acuerdo produjo una sensación de esperanza y optimismo en las comunidades de los territorios más afectados por el conflicto armado. No era poca cosa que se hubieran desmovilizado más de 12.000 hombres en armas que en el contexto de la confrontación causaron dolor, desplazamiento y muchos hechos victimizantes en su confrontación con los grupos paramilitares y la fuerza pública.

El hecho de que esta guerrilla se transformara en partido político y se comprometiera a no usar las armas para ejercer su actividad política, era una ganancia innegable de este proceso. Esto redundó en una disminución de la violencia y la reducción de las muertes violentas originadas por el conflicto armado con este actor armado. Fue tan notorio este hecho que el hospital militar, luego de la firma, no volvió a tener ese número importante de soldados mutilados por efecto de esta confrontación.

Este primer momento de la implementación se complejizó cuando el partido que había liderado la campaña del NO en el plebiscito y que había anunciado hacer trizas la paz llegó al gobierno. Desde ese momento se empezó a sentir un ambiente distinto frente al cumplimiento de los acuerdos. Desde el ejecutivo se obstinaron en torpedear la Jurisdicción Especial de Paz JEP mediante la objeción a su ley estatutaria y se hizo sentir un freno a toda la dinámica que se traía. La intención de obstaculizar la JEP no desaparece y persiste el interés de acabarla a pesar de que desde la comunidad internacional se apoya su trabajo y sus resultados.

Otro hecho clave y negativo en este proceso tuvo que ver con el abandono de parte de un sector de exguerrilleros del proceso de paz por las acusaciones de narcotráfico a Jesús Santrich. Alegando que se había cometido perfidia en contra del interés de aclimatar la convivencia en el país, se marginaron Iván Márquez y otros comandantes, creando la disidencia de las Farc. Sin duda un error mayúsculo que fortalece las posturas guerreristas de quienes están interesados en resucitar este grupo para hacer seguir cabalgando sobre el miedo a los colombianos.

Hay cosas que no despegaron como la circunscripción especial de paz que le daría la oportunidad de la participación política a las víctimas. Los partidos políticos mayoritarios en el congreso cerraron filas y estigmatizándola como “curules para las Farc”, hundieron en repetidas ocasiones esta iniciativa.

Lo más preocupante en estos 4 años ha sido el aumento pavoroso y dramático del asesinato de líderes y excombatientes sobre los cuales no hay mayor esclarecimiento. Es cierto que estos ocurren en territorios con presencia de cultivos ilícitos, pero es deber del Estado hacer presencia en todo el territorio nacional y garantizar la vida de todos los ciudadanos. Los innumerables consejos de seguridad y los pronunciamientos casi mecánicos de las autoridades no logran frenar este fenómeno.

A lo anterior y especialmente durante este año se le viene a sumar una espantosa ola de masacres en muchas regiones. A pesar del interés de llamarlas eufemísticamente como “homicidios colectivos”, éstas siguen presentándose de una manera continua generando terror en los territorios.

Son cuatro años del acuerdo de paz más ambicioso de la historia del país y así a algunos no les guste, es preferible una paz imperfecta que una guerra fratricida perfecta. Debemos mantener la esperanza en la posibilidad del perdón, la reconciliación y la convivencia entre los colombianos.

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