Un analista político lo advertía hace unos días con claridad: la campaña presidencial entraría en su fase más dura e intensa. Los estilos se exacerbarían, las descalificaciones sustituirían a los argumentos y las estrategias sucias intentarían minar al puntero. No es una predicción novedosa; es casi una constante en la política colombiana. Sin embargo, lo que sí resulta revelador es el blanco escogido. La arremetida, se dijo, iría “lanza en ristre” contra Iván Cepeda, señalándolo como el candidato de Petro, y se usaría cualquier tema disponible para erosionar su apoyo. Hoy, ese tema es el catastro multipropósito.
La estrategia es clara: convertir una política técnica y de Estado en un arma electoral. Se exageran sus efectos, se difunden temores infundados y se presenta como una amenaza para los propietarios rurales. Pero detrás del ruido político conviene recordar de qué estamos hablando. El catastro multipropósito busca algo elemental: medir bien los predios, actualizar los avalúos, identificar a los propietarios reales, formalizar la tierra informal y apoyar la planificación rural. En otras palabras, ordenar el territorio.
No se trata de una iniciativa improvisada ni de una ocurrencia del gobierno actual. El catastro multipropósito surge como política de Estado desde 2016 y fue incorporado en el Acuerdo de Paz como una herramienta fundamental para la reforma rural. Su lógica es sencilla: no es posible planificar el desarrollo del campo si no sabemos quién tiene la tierra, cuánto mide, cómo se usa y cuánto vale. La ausencia de esta información ha sido históricamente uno de los factores que profundizan la desigualdad rural.
El impacto de esta herramienta va mucho más allá del debate tributario. Es cierto que una actualización catastral puede mejorar los ingresos de las entidades territoriales, pero ese no es el único objetivo. Un catastro moderno fortalece la seguridad jurídica, facilita la inversión pública, permite diseñar políticas productivas y promueve el acceso a crédito. También ayuda a resolver conflictos por linderos y a formalizar a miles de pequeños propietarios que hoy no tienen títulos claros.
¿Por qué, entonces, genera tanta resistencia? Porque toca intereses. No resulta cómodo para quienes poseen grandes extensiones sin formalizar, ni para quienes se han beneficiado durante décadas de avalúos desactualizados y baja tributación. Tampoco agrada a quienes prefieren un campo con información fragmentada y débil capacidad institucional. Un catastro transparente reduce privilegios, y eso siempre despierta oposición.
La protesta que hoy se promueve alrededor del catastro multipropósito tiene, por tanto, un filo político evidente. Sectores de oposición y grandes propietarios rurales encuentran en este tema una oportunidad para desgastar al gobierno y movilizar inconformidades. El argumento es eficaz: sembrar el temor de que el catastro es sinónimo de impuestos desbordados o de expropiaciones. Pero ese discurso omite deliberadamente que el catastro no define impuestos; estos los fijan los concejos municipales dentro de marcos legales. También ignora que el objetivo principal es ordenar la información territorial.
Hay una paradoja en esta discusión. Quienes más se oponen al catastro suelen ser los mismos que defienden la autonomía territorial y el fortalecimiento municipal. Sin embargo, un catastro actualizado es precisamente una herramienta para que los municipios aumenten su recaudo, planifiquen mejor y mejoren la inversión social. Sin información, no hay planeación; sin planeación, no hay desarrollo local sostenible.
El debate, entonces, no debería centrarse en el miedo sino en la pedagogía. La ciudadanía necesita comprender que un catastro moderno no es una amenaza, sino una base para el desarrollo rural. Permite que los pequeños productores accedan a programas públicos, que las alcaldías inviertan con mayor precisión y que el Estado tenga claridad sobre su territorio. En últimas, ordena la casa.
La política electoral seguirá usando este tema como campo de batalla. Habrá desinformación, exageraciones y ataques. Pero también existe la oportunidad de convertir esta coyuntura en un momento pedagógico. Si logramos explicar con claridad sus alcances y beneficios, el catastro multipropósito dejará de ser un fantasma y se convertirá en una herramienta de equidad.
Porque cuando el territorio se conoce, se planifica mejor. Cuando se planifica mejor, se invierte mejor. Y cuando se invierte mejor, ganan los municipios, gana el campo y gana el país. Mejorar la pedagogía sobre el catastro multipropósito no solo desactiva la manipulación política: abre la puerta a un desarrollo más justo. Y en esa tarea, sin duda, ganamos todos.
