Las cifras de víctimas crecen vertiginosamente. La Unidad de Atención a las Víctimas en su página web señala que son 9.134.500 las víctimas registradas históricamente. Una cantidad que produce escalofrío si tenemos en cuenta que con seguridad las personas que se suman diariamente por el reciclaje del conflicto armado como desplazados son enormes. Atrás va quedando la imagen de un país que le apostó a la construcción de una paz estable y duradera. Parecen brumosas las imágenes que mostraban un hospital militar sin heridos por la confrontación armada con los grupos irregulares.
Dura realidad la que viven estas personas ahora que se acerca el 9 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, desde que se aprobó la Ley 1448 de 2011. Con esta ley se buscaba “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición”.
Para un gran número de ellas cuando se les indaga sobre el cumplimiento de esta Ley 1448, manifiestan que la norma no pasa de ser un conjunto de aspectos bien intencionados que no han beneficiado a tanta persona afectada por el conflicto armado. Expresan su inconformismo por las dilaciones en la aplicación de una verdadera y real reparación integral.
No debemos olvidar que la mayoría de las víctimas son campesinos. Ellos fueron testigos silenciosos en sus territorios de la presencia de los diferentes grupos y estructuras armadas ilegales. Eran tildados de ser colaboradores de unos grupos o de otros. Esto generó asesinatos en muchos casos y por ello se vieron obligados a huir, dejando abandonadas sus tierras, animales y cultivos para conservar sus vidas. De esta manera se presentaron los grandes desplazamientos hacia los diferentes centros urbanos de Colombia.
Según varios investigadores, con el fenómeno del desplazamiento se empezó a percibir una gran desolación en los campos y soledad en los pueblos, especialmente los más alejados de la presencia del Estado, esto sin hablar de veredas y parcelas de tierras que fueron aprovechadas por estos grupos armados irregulares para la siembra de cultivos de uso ilícito en la mayor parte de la geografía nacional.
El desplazamiento en muchos casos fue una estrategia de guerra para expulsar grandes grupos de poblaciones, con ésta se impedían las acciones colectivas de solidaridad, se destruyeron redes sociales comunitarias y se aterrorizó a la población civil. Para los grupos armados irregulares sacar la gente era la manera de despejar el territorio para poder así expandir las áreas bajo su dominio y apropiarse de manera ilegal de tierras valiosas.
Este tema tan estudiado por sociólogos e historiadores desafortunadamente se está repitiendo en la actualidad. Lo vemos en el Cauca, Catatumbo, Nariño, Putumayo y el Bajo Cauca Antioqueño. Ante la ausencia y abandono del Estado el copamiento de los territorios por grupos armados no se ha hecho esperar. Desgraciadamente volvemos a ver las caravanas de campesinos desplazándose a los centros poblados; las familias caminan con sus hijos pequeños, los pocos animales y enseres que pueden cargar, ante la indolencia del gobierno.
Urge parar la guerra, se requiere detener a los grupos armados irregulares que vuelven a cubrir de sangre los campos de Colombia. Basta ya de la violencia que expulsa a los campesinos generando miles y miles de víctimas por el conflicto armado.
Este próximo 9 de abril debe servir para que toda la sociedad colombiana vuelva sus ojos a las víctimas de esta confrontación fratricida, se requiere la solidaridad con ellas y el compromiso serio de este gobierno que invierte más dinero en la guerra que en la consolidación de la paz.
HUGO RINCÓN GONZÁLEZ