La mayoría de las veces se habla de la paz en términos abstractos. Muchos de los detractores de los procesos de diálogo con los actores armados ilegales, opinan desde la comodidad de sus poltronas, acompañados de un buen trago de licor. Son pertinaces contradictores de los esfuerzos por avanzar en la construcción de un clima de reconciliación y convivencia.
Según estos personajes, muchos de ellos en trance de ser candidatos presidenciales, el problema fundamental y nunca visto, es el problema de la seguridad. Para ellos, el país antes de este gobierno que le apuesta a la paz total, era un idílico paraíso. No existía violencia en las regiones, no había inseguridad, todo era una maravilla y vivíamos en un país apacible donde era posible salir a pescar de noche. Todo se dañó con la llegada de estos advenedizos del progresismo.
No había control de los grupos irregulares en amplias regiones del país, el narcotráfico era imperceptible y las ciudades eran un remanso de tranquilidad. Estas interpretaciones acomodadas por supuesto, están lejos de la realidad. No hace falta sino ver la historia de los últimos 30 años para darnos cuenta que la violencia ha sido un problema estructural del desarrollo. El narcotráfico ha estado presente como combustible que atiza la llama del conflicto.
Las salidas negociadas como el acuerdo de paz del año 2016 fueron un bálsamo que disminuyó la violencia en la mayoría de las regiones, las cifras son irrebatibles en este sentido y lo que se percibe en la mayoría de estas así lo respalda. Sin duda existen nubarrones y hay dificultades innegables en zonas como el Catatumbo que deben atenderse con urgencia.
A los contradictores de los esfuerzos de la negociación con los grupos irregulares hay que recordarles que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la construcción de sociedades justas, equitativas y con oportunidades para todos. Que trabajar en este propósito no puede ser tarea exclusiva del gobierno central. Los gobiernos locales: alcaldías, gobernaciones y concejos municipales, tienen responsabilidad en este proceso, pues son la primera línea de contacto con las comunidades afectadas por la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades.
Para que los gobiernos locales contribuyan de manera efectiva a la paz, es necesario que lideren procesos de reconciliación, garanticen la participación ciudadana y promuevan políticas públicas que reduzcan las brechas de inequidad. Todo esto por supuesto se debe articular con los esfuerzos que realiza el gobierno nacional, por ello hay que dejar atrás las diferencias ideológicas y políticas y hacer causa común para aclimatar la paz entre todos.
Importante en este proceso de construcción de paz desde lo local es la existencia y funcionamiento de los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia, creados como parte del acuerdo con las Farc, mecanismo valioso para fortalecer la democracia local. Sin embargo, su rol en muchos municipios ha sido deficiente debido a la falta de voluntad política y recursos. Fortalecer estos espacios de diálogo es fundamental para construir confianza entre la ciudadanía y las instituciones.
La paz sigue siendo un desafío complejo. Se debe abordar en diferentes ámbitos desde lo nacional hasta lo local. En cada municipio y departamento hay que tomar acciones para sacar adelante este compromiso por la reconciliación y la convivencia pacífica. Alcaldes y gobernadores unidos con las comunidades y articulados con el gobierno nacional serán los responsables de este resultado.
