El próximo 8 de marzo no será una fecha más en el calendario político. Mientras el país conmemora las luchas históricas por la igualdad y la dignidad, también se enfrenta a una decisión crucial sobre el rumbo del poder legislativo. Las elecciones para Senado y Cámara marcarán el pulso de lo que será posible —o imposible— en los años por venir. No se trata solo de repartir curules, sino de definir si las transformaciones sociales tendrán un respaldo real o quedarán atrapadas en el laberinto de la obstrucción parlamentaria.
En los últimos años, el llamado “gobierno del cambio”, encabezado por Gustavo Petro, impulsó reformas ambiciosas en materia laboral, pensional y de salud. Más allá de los debates técnicos —necesarios en toda democracia— lo que quedó en evidencia fue la fragilidad de un proyecto reformista sin mayorías sólidas en el Congreso. Las iniciativas se dilataron, se fragmentaron o se hundieron no solo por la oposición tradicional, sino también por sectores que alguna vez se presentaron como progresistas y terminaron alineados con el statu quo.
Ese giro dejó una lección clara: el progresismo no puede conformarse con ganar la Presidencia si no consolida una fuerza parlamentaria coherente y comprometida. Las elecciones legislativas del 8 de marzo serán, en ese sentido, una suerte de plebiscito sobre la continuidad y profundidad de las reformas sociales. El Senado y la Cámara de Representantes no son escenarios secundarios; son el terreno donde se traduce —o se frustra— la voluntad popular.
Resulta especialmente preocupante el papel de quienes construyeron su capital político bajo banderas de justicia social y, llegado el momento decisivo, optaron por bloquear o diluir las reformas. Esa ambigüedad no solo desdibuja el debate ideológico, sino que erosiona la confianza ciudadana. La política no puede convertirse en una puesta en escena donde se declama el cambio mientras se vota por la continuidad.
Que naufraguen esas aspiraciones de falso progresismo no implica uniformidad ni pensamiento único. Implica coherencia. El electorado tiene la oportunidad de exigir claridad programática y compromiso real con las transformaciones prometidas. Un Congreso fragmentado y lleno de cálculos coyunturales solo prolonga la parálisis y fortalece a quienes apuestan por el desgaste del proyecto reformista.
Además, el resultado legislativo tendrá un impacto directo en el próximo ciclo presidencial. Las encuestas muestran que Iván Cepeda lidera actualmente la intención de voto en la carrera hacia la Casa de Nariño. Si esa tendencia se consolida y el progresismo retiene la Presidencia, el nuevo gobierno no puede repetir la experiencia de gobernar con mayorías precarias o alianzas volátiles. Una mayoría parlamentaria estable sería la condición mínima para garantizar gobernabilidad y avanzar en una agenda que profundice derechos, reduzca desigualdades y modernice el Estado.
La historia reciente demuestra que sin músculo legislativo cualquier proyecto transformador queda expuesto a la negociación permanente, al chantaje político y a la descafeinación de sus propuestas. No se trata de eliminar el debate —la deliberación es esencia democrática— sino de evitar que la minoría bloquee sistemáticamente lo que una mayoría social respaldó en las urnas.
El 8 de marzo, entonces, no solo se elegirá a quienes ocuparán escaños en el Capitolio. Se decidirá si el país opta por consolidar una mayoría progresista capaz de acompañar y fortalecer un eventual gobierno afín, o si se repite el ciclo de promesas truncadas por falta de respaldo legislativo. El progresismo enfrenta el reto de madurar políticamente, de construir unidad sin perder pluralismo y de entender que la disputa por el Congreso es tan decisiva como la presidencial.
La ciudadanía, por su parte, tiene en sus manos algo más que un voto: tiene la posibilidad de corregir incoherencias, premiar la firmeza programática y exigir resultados. Porque sin mayorías parlamentarias claras, el cambio seguirá siendo una consigna; con ellas, puede convertirse en política pública duradera.
