Colombia entra en la recta final de una contienda electoral que, más que definir un nombre, pone a prueba la madurez de nuestra democracia. Las más recientes encuestas, con tendencias consistentes y márgenes que comienzan a consolidarse, sugieren un escenario que hace apenas unas semanas parecía improbable: la posibilidad real de que el candidato que hoy encabeza la intención de voto logre una victoria en primera vuelta.
De confirmarse ese desenlace, el país no solo evitaría la prolongación de la incertidumbre política, sino que también se ahorraría cuantiosos recursos económicos y sociales. Una segunda vuelta implica costos logísticos millonarios, despliegues institucionales adicionales y, sobre todo, semanas extra de polarización que suelen traducirse en tensiones innecesarias entre ciudadanos. Ganar en primera vuelta, más allá de ser una ventaja política, representaría un alivio para una nación que necesita concentrar sus energías en resolver problemas urgentes y no en prolongar disputas electorales.
Sin embargo, este cierre de campaña también ha evidenciado un fenómeno preocupante: el incremento de la pugnacidad en el debate público. Algunos sectores, ante la inminencia de un resultado adverso, han optado por elevar el tono de la confrontación, recurriendo a descalificaciones que cruzan la delgada línea entre la crítica legítima y la injuria. Calificar al candidato puntero como heredero de grupos armados ilegales no solo es una acusación grave, sino profundamente irresponsable si carece de sustento. Este tipo de afirmaciones no enriquecen el debate democrático; por el contrario, lo degradan y erosionan la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Colombia no puede darse el lujo de convertir la diferencia política en enemistad irreconciliable. La historia reciente nos ha mostrado los costos de la estigmatización y del lenguaje incendiario. En momentos como este, cuando el país se acerca a una decisión trascendental, es imprescindible hacer un llamado a la sindéresis, esa virtud tan escasa pero tan necesaria que nos permite juzgar con equilibrio, prudencia y sentido común.
La ciudadanía merece un debate de ideas, no una guerra de etiquetas. Merece propuestas claras, visiones de país contrastadas y argumentos sólidos que permitan tomar decisiones informadas. La democracia no se fortalece con el miedo ni con la descalificación, sino con la deliberación respetuosa y la capacidad de reconocer al otro como un interlocutor válido, incluso en la diferencia.
De cara a la jornada del próximo 31 de mayo, el llamado es a la calma, a la responsabilidad y al respeto. Colombia necesita un clima electoral sereno, donde cada voto pueda ejercerse en libertad y sin presiones, y donde los resultados sean aceptados con madurez democrática. Solo así podremos avanzar hacia la construcción de un país más cohesionado.
El reto del próximo presidente —quienquiera que sea— será monumental. Reconducir la nación por las sendas de la convivencia y la reconciliación no es una tarea menor, pero sí es una necesidad impostergable. Para lograrlo, se requerirá no solo liderazgo político, sino también una ciudadanía dispuesta a superar la lógica del enfrentamiento permanente.
Estamos, sin duda, en la recta final. Pero también estamos ante la oportunidad de demostrar que Colombia puede elegir en paz, debatir con altura y proyectarse hacia un futuro donde las diferencias no nos dividan, sino que nos enriquezcan como sociedad.
