Los cilindros bomba suenan atronadores y, con su estallido, despedazan la vida de ciudadanos inocentes que tienen la fatalidad de transitar por las rutas escogidas por los terroristas para sembrar horror y miedo. Mientras el ministro de Defensa encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los atentados del viernes, un nuevo cilindro explotó en la vía Panamericana. La violencia volvió a irrumpir, recordándonos que el conflicto sigue buscando protagonismo en la vida nacional.
El propósito es evidente: generar terror y amedrentar a la ciudadanía. Se pretende instalar la zozobra y el caos en un momento cercano a las elecciones presidenciales, para que la seguridad vuelva a ocupar el centro del debate público. El Ejército atribuyó los ataques a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las antiguas FARC dirigida por alias Iván Mordisco. Más allá de la autoría específica, lo cierto es que estas acciones buscan incidir en el clima político y emocional del país.
No es la primera vez que la violencia se intensifica en épocas electorales. Con preocupante frecuencia, los grupos armados ilegales elevan sus acciones para crear un ambiente de miedo que influya en la opinión pública. El cálculo parece claro: provocar que la población reclame respuestas de mano dura y que el debate se reduzca a la seguridad como único eje de decisión. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿a quién beneficia este accionar? Es razonable pensar que favorece a quienes obtienen réditos electorales al alinearse con salidas exclusivamente militares, en detrimento de quienes insisten en mantener abiertas las alternativas de paz.
Sin embargo, el estruendo de los cilindros bomba no debería hacernos olvidar que el país enfrenta desafíos mucho más amplios. Colombia necesita debatir sobre el modelo de desarrollo, la reducción de la desigualdad, la generación de empleo, la reforma rural, el acceso a la salud, la educación y la protección ambiental. Limitar la discusión electoral a la seguridad significa empobrecer la democracia y postergar los problemas estructurales que afectan a millones de ciudadanos.
Los candidatos deben presentar propuestas integrales que respondan a estas realidades. La discusión no puede quedar atrapada en el miedo. El país requiere claridad sobre las reformas sociales que se proponen, sobre los intereses que representan las distintas opciones políticas y sobre el tipo de sociedad que se quiere construir. En ese sentido, la violencia no puede convertirse en el argumento que silencie los demás debates ni en la excusa para evitar las discusiones de fondo.
También resulta preocupante el uso oportunista de los atentados por parte de algunos sectores políticos. El dolor de las víctimas no puede transformarse en instrumento de campaña. La tragedia exige solidaridad, acompañamiento y respeto. Convertir el sufrimiento en propaganda solo profundiza la polarización y deteriora la confianza ciudadana en la política.
Colombia necesita, por el contrario, reafirmar su compromiso con la convivencia y la reconciliación. Eso implica no renunciar al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para proteger a la población y enfrentar a quienes recurren al terror, pero también exige mantener abiertas las puertas a soluciones políticas que permitan cerrar definitivamente los ciclos de violencia. La seguridad es necesaria, pero no suficiente; debe ir acompañada de justicia social, oportunidades y construcción de paz.
El ruido de las bombas busca aturdir al país y reducir la discusión a la lógica del miedo. No podemos permitirlo. La decisión que está en juego es más profunda: avanzar hacia un país que amplíe derechos y reduzca exclusiones, o retroceder hacia un modelo donde la seguridad sea el único horizonte. En medio del estruendo, la democracia colombiana debe demostrar que es capaz de pensar con serenidad y elegir con responsabilidad.
