Proteger a Colombia de amenazas complejas, arraigadas en causas estructurales acumuladas durante décadas, no es una tarea menor. Es una misión exigente, riesgosa y, muchas veces, dolorosa. Esa es la crudeza de los conflictos, una realidad que no admite simplificaciones ni lecturas oportunistas.
En este contexto, vale la pena apartarse del ruido y mirar los hechos. Y los hechos, según lo expuesto por el ministro de Defensa, muestran una serie de transformaciones que, más allá de afinidades políticas, merecen ser analizadas con rigor.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha registrado un fortalecimiento del pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en un 7%. Este dato no es menor si se contrasta con periodos anteriores: entre 2014 y 2018 hubo una reducción del 4%, y entre 2018 y 2022 una caída del 11%. Más que una cifra, este cambio refleja una decisión de recuperar capacidades humanas en un momento en que las amenazas se han diversificado y sofisticado.
A ello se suma una apuesta presupuestal significativa. La asignación de 3,7 billones de pesos para inversión en 2026, con un aumento del 47% frente a 2025, marca uno de los niveles más altos en décadas. Este esfuerzo no solo habla de recursos, sino de prioridades: modernizar no es un discurso, es una decisión que se traduce en inversión concreta.
Pero quizá uno de los aspectos más reveladores es el relacionado con la dignificación del servicio. El incremento en los ingresos de militares y policías —especialmente de quienes prestan el servicio militar, que pasaron de recibir $300.000 en 2022 a $1.750.000 en la actualidad— representa un cambio sustancial en la manera de valorar a quienes sostienen la seguridad del país. No es casual que, por primera vez en décadas, se haya alcanzado el 100% de incorporación de soldados regulares en el Ejército Nacional.
La modernización también se expresa en capacidades estratégicas. La contratación de una capacidad de superioridad aérea por 16,5 billones de pesos proyecta una visión de largo plazo, no solo para la defensa nacional, sino para la seguridad de quienes operan estas aeronaves. A esto se suma el desarrollo del Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa que ubica al país en la frontera de los desafíos tecnológicos contemporáneos.
En paralelo, se evidencia un fortalecimiento de la industria de defensa nacional. La construcción del buque más grande en la historia de la corporación Cotecmar, el avance en una fragata, y los desarrollos en armamento, drones y sistemas antidrones desde entidades como Indumil, CIAC y Codaltec, apuntan hacia un objetivo estratégico: la autonomía tecnológica.
Asimismo, la estructuración de un CONPES para la modernización de las Fuerzas Armadas sugiere una intención de institucionalizar estos avances, evitando que dependan de coyunturas políticas. Esta es, quizás, una de las deudas históricas del país: pensar la defensa más allá de los gobiernos de turno.
Ahora bien, reconocer estos avances no implica desconocer los enormes desafíos que persisten. Colombia sigue enfrentando amenazas complejas, territorios con débil presencia estatal y tensiones propias de un país en transición. Pero precisamente por eso resulta necesario elevar el nivel del debate.
El reciente y lamentable accidente del avión C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana enluta al país. En momentos como este, el dolor debería convocar al respeto y a la prudencia. Utilizar una tragedia para obtener réditos políticos o para desacreditar de manera ligera a la Fuerza Pública no solo es inapropiado, sino profundamente irrespetuoso con las víctimas y sus familias.
La investigación deberá ser rigurosa y transparente, como corresponde en una democracia. Pero también es indispensable entender que la modernización de las Fuerzas Armadas —con todas sus complejidades— no puede convertirse en rehén de la polarización.
Colombia necesita una Fuerza Pública fuerte, moderna y dignificada. Y ese propósito, más que un eslogan, debe ser un compromiso nacional que trascienda intereses políticos y se ancle en una visión de largo plazo. Porque al final, no se trata de quién capitaliza los avances, sino de garantizar que el país esté mejor preparado para enfrentar sus desafíos presentes y futuros.
