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Por: Hugo Rincón González

Si la realidad coincidiera con la apariencia, la ciencia no fuera necesaria, manifestaba un teórico social que murió van a ser 138 años.  Y es que cuando uno se pone a leer y escuchar las divergencias que han surgido hace varios años entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en su defensa por las cifras de violaciones a los derechos humanos, asesinatos de líderes y masacres, los números no cuadran y eso genera una gran desconfianza con respecto a las voces oficiales.

La desconfianza digo, viene de hace muchos años pero se ha agudizado en este gobierno. No podría ser de otra forma cuando hay varios hechos que la generan. Uno bastante nombrado se dio con la llegada de Darío Acevedo al Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-. Se hicieron fuertes cuestionamientos a su nombramiento porque este nuevo director del Centro negaba la existencia del conflicto y estigmatizaba a ciertas organizaciones y procesos de memoria que acompañaban. Fue de tal magnitud la controversia que varias organizaciones sociales, de derechos humanos, de víctimas y de construcción de memoria sobre el conflicto armado decidieron desligarse del trabajo conjunto que venían haciendo con el CNMH.

Un nuevo hecho surgió el pasado 3 de febrero cuando tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna -PAO-, el presidente Duque anunció que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. Inmediatamente surgieron las voces de las víctimas y defensores de derechos humanos que manifestaron no confiar en esta institución para hacer ese trabajo de unificación.

¿Pero qué origina esta desconfianza? Varias cosas, entre ellas que con esta determinación, el trabajo que venía realizando la Defensoría del Pueblo en este sentido queda en un segundo plano y que esta función y su pertinencia, ni siquiera fue reivindicada por el actual Defensor del Pueblo, dejando toda la responsabilidad en la Fiscalía. Otras razones están referidas a que la sociedad civil organizada ha venido realizando esta labor de una manera independiente y la mayoría de las veces sus informaciones no coinciden con las cifras oficiales. En este espectro aparecen instituciones como INDEPAZ, Somos Defensores y el CINEP con su Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que han hecho históricamente seguimiento de homicidios y actos violentos contra líderes sociales.

Para algunos defensores históricos de los derechos humanos, esta decisión del gobierno del presidente Duque, es desafortunada y desastrosa, pues según expresan un gobierno que no ha logrado frenar los hechos de violencia ante los líderes sociales por no interesarse en los autores intelectuales de estos crímenes sino en los perpetradores no genera confianza, menos si ha nombrado como cabeza de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría a sus amigos que coinciden en la visión de la realidad colombiana y podrían estar interesados en manipular las cifras para hacer ver que se ha mejorado en el indicador de violación a los derechos humanos.

La Fiscalía General para ellos, “manipula las cifras de investigaciones sobre homicidios contra los líderes sociales, para mostrar efectividad en su misión y responder a las presiones políticas y mediáticas. De ahí el famoso esclarecimiento del 50, 58 y ahora 63% en las investigaciones, cifras consideradas falsas pues el real esclarecimiento llega a lo sumo a un 15%. Además, que de ser ciertas, no se corresponden con el desmantelamiento del crimen organizado que estaría detrás de los asesinatos de estas personas”.

Esta unificación de la información sobre el asesinato de líderes sociales se considera una estocada al proceso de paz, en la medida en que los acuerdos habían considerado otras estrategias como la Comisión de Garantías de Seguridad y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

“La confianza es como el embarazo” decía una líder, se está embarazada o no, se tiene o no se tiene confianza, porque no se puede decir que tengo medio confianza o un cuarto de ella. Construirla es el gran desafío.

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Por: Hugo Rincón González

La imagen es espeluznante. Sucedió a la altura del municipio de Chía. Se observa en el video a un ciclista que se moviliza por el carril izquierdo en su caballito de acero. De atrás se ve venir un furgón acercándose y sin que haya ninguna razón o circunstancia de riesgo para el automotor, lo embiste cobardemente y lo arroja por los aires como un muñeco hasta caer del puente donde rodaba tranquilamente a una vía que está abajo a unos 8 metros. El resultado, por lo que se aprecia es que la persona cae muerta inmediatamente, sin saber qué falta grave cometió para perder la vida de esta manera tan absurda y miserable.

El video continúa y se aprecia que el conductor del furgón no se da por enterado, hasta que, según informan en los medios, fue detenido y dejado en libertad por las autoridades porque según ellas, no fue capturado en flagrancia.

Aquí surgen muchos interrogantes: ¿Qué origina que un conductor yendo por una autopista con un espacio amplio, se acerque temerariamente a un ciclista con su vehículo, lo embista, lo bote por un puente y lo deje muerto sin siquiera pararse a mirar lo que sucedió? ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de la persona que conduce el vehículo automotor? ¿Fue una maniobra imprudente de quien maneja el furgón o es un sicópata asesino que se solaza atropellando y lanzando por los aires a la persona que conduce la bicicleta? ¿Ignora quien produce la muerte del bici usuario que éste tiene familia y que muy seguramente se moviliza en una bicicleta porque no tiene otra opción?

No podemos normalizar este tipo de asesinatos en las vías de nuestro país como imprudencias. En este caso que refiero se ve una acción intencional ¿Por qué no somos capaces de respetar a los peatones y los ciclistas asumiendo una cultura vial que valore la vida de los más vulnerables?

Una acción como esta que algunos no dudan en catalogar como asesinato doloso en la vía, nos pone de presente también una carencia profunda y preocupante del respeto a la vida como un principio y valor fundamental en nuestra sociedad. Ya es normal que se embista lo que se atraviese en las carreteras llámese ciclistas, motociclistas, peatones o cualquier tipo de animal que se encuentre. Hay conductores que al ver perros o animales silvestres en ellas, aceleran sus vehículos para atropellarlos y seguir su camino con una sonrisa o hasta una carcajada.

¿Dónde queda nuestra empatía y la capacidad de sentir el dolor de los otros? ¿Hasta dónde llega la indolencia de los colombianos? Lo que ocurrió en Chía con este crimen del ciclista se junta con una serie de masacres y asesinatos de líderes sociales que ya no nos conmueven porque se han convertido en números fríos de personas que parecen no importarle a nadie.

No nos duele el llanto del niño que ve como asesinan a su madre en Tierralta-Córdoba, ni la masacre de menores de edad en un cañaduzal en Cali-Valle, ni la de los jóvenes en Samaniego-Nariño. Se nos escapa la humanidad y la empatía mientras esto no suceda con nuestros seres queridos o con nosotros mismos. Estamos ante una crisis de valores delirante que debería indignarnos y movilizarnos para empezar a producir cambios en la vida de todos nosotros.

El derecho a la vida de todos los seres vivos es fundamental. Nada justifica que se asesine a nadie. El ciclista de Chía pudo ser usted o alguno de los suyos. Los crímenes que hoy ocurren no pueden seguir siendo vistos como parte del paisaje y menos que se traten de justificar con la expresión de que “algo estarían haciendo”, o “no estarían recogiendo café”.

Colombia debe reaccionar y debemos lograr revertir esta cultura de la muerte por una cultura de la vida que reivindique a la misma como un derecho fundamental de todos que el Estado debe garantizar.

Al ver nuevamente el aterrador video de Chía, la pregunta es ¿qué nos pasa?

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Imagen tomada de www.pacifista.tv

Por: Hugo Rincón González

El país y el mundo siguen viéndose en enormes dificultades de salud pública desde que el descomunal desafío que supone el Covid-19 se hizo presente. En el mes de marzo un buen número de países, entre ellos Colombia, adoptó una estrategia de confinamiento buscando disminuir el contacto social que menguara la posibilidad de contagio entre las personas. En nuestra nación se promulgó el decreto 457 por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia y el mantenimiento del orden público.

Aparentemente todos entramos a considerar que lo más importante en el país era el autocuidado y el cuidado de los demás, bajo el entendido que nuestra sociedad no tenía otra opción que concentrarse en resolver la pandemia que hoy nos amenaza. Sin embargo, lejos estábamos de entender que para algunos sectores e individuos, su intención de destruir y asesinar está por encima de cualquier precepto humano de respeto a la vida.

Así pues, desde el 25 de marzo, no cesan los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc en muchas de las regiones que han sido azotadas históricamente por la violencia. Ha venido ocurriendo en el Cauca, un departamento que es un verdadero polvorín con disidencias de las Farc, Eln y narcotraficantes de todo pelaje que se confrontan entre sí por el control de las rutas del narcotráfico, mientras que las fuerzas armadas se muestran incapaces de mantener el orden público en el territorio. La muerte ha hecho presencia también en departamentos como Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Tolima, donde fue ultimado un exguerrillero de las Farc en el municipio de Ataco.

Los asesinos no se paran en mientes. No respetan condición alguna. No les importa si sus víctimas son mujeres, indígenas, campesinos o niños. Hemos visto por los medios de comunicación que la violencia se enseñorea y busca consolidar la estrategia del terror y el miedo. Si el gobierno se muestra incapaz en esta pandemia de controlar la corrupción exacerbada que emerge en todas partes en el contexto de las ayudas humanitarias, menos competencia e interés ha tenido en frenar esta orgía macabra que enluta muchos hogares de la Colombia olvidada.

Ha sido tan pusilánime la actitud del gobierno en parar esta violencia que en una intervención desafortunada la Ministra del Interior tuvo la desfachatez de expresar que “asesinan más personas por robarles un celular que por ser líderes sociales” que representan los intereses de las comunidades más vulnerables.

En medio de este lúgubre contexto, la pandemia ha servido también para que el Eln desde el 29 de marzo y por un mes decretara un cese unilateral del fuego. Este es sin duda un acto que se esperaba de todos los actores generadores de violencia en el país y no la continuación de la violencia fratricida que vemos en las regiones.

La pandemia debería ser también una generadora de profundas reflexiones y momentos de paz para los colombianos. El cese del fuego unilateral del Eln por un mes, que ojalá se prolongue, debería ser el recomienzo de un proceso de negociación política que desemboque en una dejación de armas, que propicie la posibilidad de avanzar en la construcción de una sociedad donde la convivencia y la reconciliación sean posibles.

Desde todas las orillas se reclama un cambio en estos momentos, que la pandemia sea el punto de inflexión para profundos replanteamientos en los seres humanos y la sociedad. Es el momento de dejar atrás la violencia como mecanismo para resolver nuestros conflictos por nimios que sean, es el tiempo de avanzar en la reconciliación, de desdeñar todo tipo de agresiones y amenazas para avanzar en la construcción de una posibilidad de vida más humana, buena y bella.

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