La paz nos muestra contrastes que nos llevan de la esperanza al dolor. En Colombia suceden hechos vertiginosos, oscilantes, motivantes unos y desmoralizantes otros con relación al anhelo de vivir en convivencia pacífica entre nosotros en cada región del país. Pasamos de un encuentro en Caldono-Cauca, inédito en el sentido de la convergencia de actores sentados en una mesa de diálogo buscando salidas concertadas a la compleja situación social registrada en este territorio, a la pavorosa, criminal e impactante masacre de 8 policías en la vereda Corozal, en San Luis, cerca de Neiva, cometida presuntamente por disidentes de las Farc.
Lo de Caldono-Cauca es destacable y relevante. En los últimos días del pasado mes de agosto se instaló el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida, -PMU-. Llegaron al encuentro sectores que han tenido grandes desavenencias y contradicciones. Junto a los líderes y comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, se sentaron en la misma mesa la comisión de paz del Senado con Iván Cepeda y Roy Barreras a la cabeza, la autoridad regional y local, el ejército nacional, el alto comisionado para la paz, los ministros del interior, de ambiente y también la de trabajo. Se pretende que los grupos al margen de la ley detengan los asesinatos y agresiones en contra de defensores de los derechos humanos y los miembros de la guardia indígena. Dentro del acto hubo un hecho casi insólito y es el aplauso cerrado de reconocimiento a la fuerza pública por parte de un destacado líder social reconociendo el nuevo enfoque de la seguridad humana. Los cambios se perciben claramente.
El contraste doloroso acontecido en Neiva-Huila con las disidencias de las Farc, muestran lo complejo de lograr la paz. Algunos grupos irregulares siguen pensando que un hecho atroz como este los fortalece en su capacidad de negociación y arrecian su ofensiva militar. Craso error, puesto que actos criminales como estos endurecen a la opinión pública y exige por supuesto que el estado utilice su fuerza legítima para combatirlos, alejando la posibilidad de un acercamiento y un ulterior acuerdo.
No obstante, las dificultades y los traspiés que ya se presentan, la apuesta por la paz total de este gobierno sigue adelante. En días pasados se presentó un Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”. Hay grandes desarrollos en esta materia, pero sobre todo se crean instrumentos y se define una política pública clara y vinculante para impedir que gobiernos como el anterior que en el futuro pudiesen llegar, pongan palos en la rueda y pretendan hacer trizar un esfuerzo tan loable y necesario.
Conviene que este Proyecto de Ley sea aprobado en el congreso de una manera rápida para darle las herramientas al gobierno nacional logrando avanzar en su propósito de alcanzar la paz total. Se deben resaltar aspectos del mismo como: 1) la paz será una política de Estado y no de gobierno, 2) los alcaldes quedan facultados para emprender diálogos humanitarios, 3) la creación de zonas de ubicación temporal de los grupos en negociación, 4) la creación de comisionados regionales de zonas con mayor conflictividad, 5) servicio para la paz en lugar del servicio militar obligatorio, 6) la adopción del concepto de seguridad humana, 7) el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Territoriales tendrán programas y proyectos dirigidos al logro de la paz, entre otros.
El propósito está claro y parecería que la correlación de fuerzas políticas está dada para que el país avance en este resultado esperado. Esto se debe aterrizar en cada región para que este sueño tenga un soporte y una base en los territorios históricamente afectados por el flagelo de la violencia. La apuesta es la paz total.