Luego de la dejación de armas de la guerrilla de las Farc en 2016, se anticipaba que empezarían a emerger otro tipo de conflictos en el departamento, que permanecían ocultos por el fragor de la confrontación armada que se robaba la atención de los medios y generaba todo tipo de estigmatizaciones de las luchas sociales al considerar que cualquier tipo de protesta estaba infiltrada por la insurgencia.
Los conflictos anunciados que alcanzarían relevancia son los socioambientales, especialmente los relacionados con el sector minero energético, renglón de la economía con poderosos intereses económicos en la región y en el país. No es sino recordar que la prensa regional ha generado informaciones alrededor de proyectos que producen tensiones sociales como Hidrototare en el norte del Tolima y la intención de empresas petroleras no solo de explorar sino de explotar hidrocarburos en el Parque Natural Regional del Bosque de Galilea en el oriente del departamento.
Según registra la última Revista Dinero, “Colombia tiene un gran potencial para invertir en exploración minera: solo el 3,1% de su superficie se encuentra dedicada a la minería (1,35% en exploración, 0,35% en construcción y montaje y 1,42% en explotación). Actualmente cuenta con 7.652 títulos mineros otorgados, de los cuales 42% corresponde a materiales de construcción, seguido de metales preciosos y carbón, entre otros”.
Es tan importante este sector de la minería en particular que el gobierno nacional en los primeros días de marzo realizó en Cartagena, uno de los eventos principales de esta área económica en el mundo. En esta reunión se presentaron las oportunidades para invertir en este renglón en Colombia. Se expresaron los cambios que vive y el interés de diversificar la matriz minera para hacer más importante el oro y el cobre.
Conviene recordar como señala la referida revista que “la minería es clave para la economía del país. Representa 20% de sus exportaciones, US $1.505 millones en inversión extranjera directa y en impuestos da soporte y estabiliza el tema fiscal del país”.
Son tan fuertes los intereses económicos del sector de la minería que ha sido un permanente generador de litigios judiciales. Nueve demandas internacionales han interpuesto las multinacionales del sector contra Colombia, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y podrían venir muchas más si los derechos adquiridos que dicen tener se vieran afectados negativamente.
Así pues lo que se pone de presente es que el escenario ofrece oportunidades y amenazas, especialmente por los pleitos que se han anotado anteriormente, pero sobre todo porque este tipo de proyectos son y serán las nuevas conflictividades que se vivirán y deberán tramitar en los territorios.
El escenario para nuevos conflictos se puede agudizar por el decreto 328 de 2020 que emitió el gobierno mediante el cual se reglamenta la realización de proyectos piloto de investigación sobre la explotación de hidrocarburos con técnicas de fracturamiento hidráulico (fracking).
Este decreto alborotó el cotarro socio-político por la resistencia que existe en los territorios por la aplicación posible de esta técnica que amenaza el recurso hídrico y la biodiversidad de un conjunto de ecosistemas estratégicos en el país. Ya se habla de iniciar estos piloto en regiones como el Magdalena Medio y ulteriormente en otras zonas del país. Aquí hay un gran pulso de si realmente se tendrán en cuenta las aspiraciones de las poblaciones o primará el interés económico de la nación que tiene en el petróleo el primer generador de ingresos para el gobierno.
La existencia de estos conflictos emergentes se convierten en un desafío para los gobiernos, las empresas y la sociedad regional, son retos que se deben asumir pensando en que en la resolución de éstos, debe primar la defensa del interés general sobre el particular y sobre todo teniendo en cuenta la defensa de los recursos naturales fundamentales para la preservación de la vida en tiempos del cambio climático.
Hay experiencias que se presentan como referentes a tener en cuenta en las cuales se han generado diálogos multiactores que se sientan y concretan las mejores soluciones para la gente y sus territorios sin acudir a amenazas contra dirigentes sociales y menos a la utilización de la violencia. Revisemos y apliquemos estos aprendizajes.
HUGO RINCÓN GONZÁLEZ